Confirman el procesamiento contra ocho personas, entre ellos seis abogados, por estafar a compañías de seguros

La confirmación judicial de los procesamientos a un grupo de ocho personas, entre ellos cuatro abogados y dos abogadas, puso el foco sobre las maniobras de una organización dedicada a defraudar a compañías de seguros. La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional rechazó los recursos de apelación presentados por los defensores de los acusados. De esta forma, confirmó los procesamientos dictados por la jueza María Fabiana Galletti, en el marco de la investigación del fiscal Anselmo Castelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal 57.

El origen de la causa se remonta a la denuncia de varias aseguradoras, que detectaron un patrón reiterado de demandas por siniestros viales con lesiones y daños en vehículos cubiertos. Según la fiscalía, la maniobra consistía en que uno de los acusados, representado por alguno de los abogados involucrados, se presentaba como demandante ante la Justicia Nacional en lo Civil.

En cada caso, reclamaba indemnizaciones por accidentes en los que supuestamente era víctima o, en una ocasión, responsable. Para sostener sus reclamos, el grupo aportaba testigos allegados a la parte demandante, presupuestos falsificados y fotografías repetidas de los mismos choques, según la información difundida por el sitio del Ministerio Público Fiscal.

Qué reveló la investigación

A lo largo de la pesquisa se determinó que los testigos presentados en los distintos expedientes no solo se repetían, sino que en algunos casos mantenían relaciones de convivencia con los denunciantes, un dato que se ocultaba sistemáticamente a los jueces civiles. Además, se comprobó la utilización de las mismas imágenes y presupuestos para respaldar diferentes siniestros, lo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada y persistente.

En abril, el fiscal Castelli imputó a los ocho sospechados de haber integrado una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados de estafa procesal desde al menos 2022.

La jueza Galletti, tras analizar las pruebas reunidas, procesó a los acusados por los delitos de asociación ilícita y cinco hechos de estafa procesal, de los cuales tres correspondían a fraudes en grado de tentativa y dos a fraudes consumados. Además, dispuso embargos sobre los bienes de los procesados.

La confirmación de la Cámara

El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones ratificó la existencia de una organización con “cierto grado de cohesión y permanencia en el tiempo, que no se altera en lo sustancial porque sus miembros muten de roles o limiten su aparición en los expedientes para no dejar expuesta su modalidad delictiva”, según expresaron los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini. Los magistrados subrayaron que la actuación conjunta de los imputados incluía la administración de recursos materiales como documentos y fotografías, así como el conocimiento técnico necesario para constituir pólizas de seguro, simular siniestros y presentar demandas ante los tribunales.

En su resolución, los camaristas destacaron que “se constató el accionar de los integrantes del grupo, verificándose la presentación de las mismas personas en carácter de testigos en más de un caso, con algunas de las cuales los unía diversas relaciones que fueron ocultadas al juez, además de pretender falsear los daños alegados merced a la presentación de las mismas fotografías y presupuestos en más de un legajo”.

El análisis de los expedientes permitió identificar que las demandas presentadas por los distintos abogados compartían un formato idéntico en estructura, forma y tipografía, y que en todos los casos intervinieron los mismos mediadores. Los jueces remarcaron que “la reiteración de testigos repetidos o vinculados a las partes, como el recurso al aporte de las mismas fotografías y presupuestos en distintos procesos, convencen acerca de la falsedad de las pretensiones introducidas en los expedientes”.

Demandantes y demandados

La investigación también determinó que algunos de los demandantes figuraban como demandados en otros casos, y que existían coincidencias en los talleres a los que se atribuían los presupuestos, uno de los cuales resultó ser inexistente. Además, se verificó que muchos de esos reclamos avanzaron e incluso fueron cobrados.

Finalmente, los camaristas concluyeron que uno de los abogados y uno de los hombres procesados ejercían el liderazgo de la organización, al haber montado el escenario para las maniobras delictivas, mientras que los demás implicados cumplían roles asignados según las necesidades de la estructura.