El juez federal Sebastián Casanello ordenó este miércoles una nueva serie de allanamientos en Nordelta, por la investigación de las presuntas coimas que se habrían pagado por la compra de medicamentos en el área de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad requisaron las administraciones de los barrios privados “La Isla” y “El Golf”, además de la administración general de Nordelta.
Los agentes volvieron a esa localidad de Tigre donde vive la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina S.A. involucrada en los audios de Diego Spagnuolo, en busca de documentos de interés que todavía no había sido secuestrada.
La información en cuestión aportaría nuevos datos tanto al expediente central del caso -delegado en el fiscal federal Franco Picardi-, donde se investiga si existieron las coimas, como a la ramificación que hubo a partir de la supuesta obstrucción a la Justicia del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis.
Los últimos allanamientos habían ocurrido el martes, en los mismos dos barrios de Nordelta ya mencionados. En ese procedimiento la Policía de la Ciudad incautó cámaras de seguridad y registros de las entradas y salidas.
Con estos elementos, Casanello apunta a reconstruir la huida de Jonathan Kovalivker, presidente de la Suizo Argentina, quien se fue del country justo antes de que la Justicia llegara para incautarle su celular y allanar su casa. En el domicilio encontraron cajas de seguridad abiertas y vaciadas, con bandas elásticas alrededor.
Cuando el juez le tomó declaración a De Vincentis, este afirmó que el personal de seguridad privada de Nordelta le señaló a la Policía de la Ciudad el auto de Jonathan Kovalivker mientras escapaba del barrio.
Además, el imputado por el supuesto encubrimiento entregó dos celulares y aportó las claves para que sean peritados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación, que también está a cargo del análisis forense del resto de los teléfonos incautados.
Con todo esto buscó desligarse de la hipótesis de que ayudó a escapar a Jonathan Kovalivker, quien era buscado desde el jueves y recién se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 el pasado lunes, junto a su abogado.
En la fiscalía de Picardi, el presidente de la Suizo Argentina también entregó un celular, aunque apagado y sin la contraseña. Esto representa un obstáculo mayor para los especialistas de la DATIP que intentarán acceder al teléfono. Luego, Kovalivker se retiró con el único impedimento que ya pesaba sobre él y el resto de los involucrados: la prohibición para salir del país.
El único dispositivo al que ya se accedió fue a uno de los que ofreció el ex director de la Andis, Diego Spagnuolo, protagonista de los audios que dispararon el escándalo. En el registro preliminar se detectaron mensajes eliminados, pero hasta ahora no se conoció si se trata de un intento por ocultar información relevante.
También están en poder de la Justicia el teléfono de Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y propietario de la droguería, y el de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
Emmanuel Kovalivker es el empresario que había sido interceptado mientras intentaba abandonar el country donde vive con 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos distribuidos en sobres.
La causa por el supuesto pago de coimas todavía no tiene imputados ni detenidos. Este miércoles, por primera vez, el presidente Javier Milei habló del tema y dijo que “todo lo que dice Spagnuolo es mentira”.
“Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sostuvo ante la consulta de C5N durante una caravana por Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral.
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