Confirmaron el procesamiento de un juez federal por acoso laboral y amenazas a sus empleados

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del juez federal de La Pampa Ramiro Díaz Lacava por amenazas y lesiones a empleados y funcionarios de su tribunal. Con esta decisión, el magistrado queda en condiciones de ser enviado a juicio oral, mientras en el Consejo de la Magistratura de la Nación tramita otro expediente que podría derivar en su suspensión y destitución del cargo.

Díaz Lacava es titular del Tribunal Oral Federal de La Pampa y en primera instancia el juez federal Juan José Baric lo procesó por varios delitos, lo que fue ratificado por la Cámara. Pero el tribunal agravó su situación porque le sumó hechos por los que había sido sobreseído.

“Las víctimas de esta situación padecieron una situación de violencia que, en el caso de las mujeres, podría catalogarse como de género, de tipo psicológica en la modalidad laboral por parte del encartado (Nda: Díaz Lacava), quien, desempeñándose como Juez del Tribunal Oral y abusando de su cargo y superioridad jerárquica, los sometió a diferentes formas de violencia laboral que se manifestaron en maltrato verbal, hostigamiento y acoso, basado en el terror y en la persecución laboral, situación que afectó sus estados de salud, a través de un actuar intimidatorio y amenazante, generando lesiones leves y graves en la salud de cada uno de ellos, tal como quedó acreditado”, sostuvieron los jueces de la Cámara Silvia Fariña, y Pablo Candisano Mera en su resolución a la que accedió Infobae.

La causa se inició en abril de 2023 por una denuncia que los secretarios del tribunal presentaron contra Díaz Lacava. Una de las primeras medidas que se tomó en la causa fue la prohibición de acercamiento de 50 metros del juez con los empleados. Eso incluida que el magistrado no podía ingresar al tribunal.

Según se determinó en la investigación judicial, las víctimas fueron seis personas: cuatro mujeres y dos hombres. Todos dieron cuenta en sus testimonios de los maltratos constantes, los gritos, las agresiones verbales y las órdenes contradictorias que les daba, inclusive la agresión con un piedrazo.

Ese hecho ocurrió cuando tres secretarios del tribunal estaban reunidos en un despacho que daba a la calle cuando por la ventana ingresó una piedra que pasó cerca de la cabeza de uno de ellos. “Alertados por la situación primero pensaron que había sido un joven y posteriormente ingresó el Dr. Díaz Lacava riéndose como que les había hecho una broma y refiriendo que había sido él quien arrojó la piedra”, consta en la causa judicial.

Díaz Lacava fue procesado por los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas, lesiones leves, lesiones graves en un contexto de violencia, maltrato laboral y para el caso de las mujeres en un contexto de violencia de género, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia.

El fallo fue apelado y la Cámara Federal lo confirmó. Pero además le sumó dos hechos de violencia por los que en primera instancia había sido sobreseído. Además, el tribunal revocó el procesamiento por otro hecho.

Los camaristas respaldaron la decisión del juez Baric y rechazaron la apelación de la defensa de Díaz Lacava: “No puede dejar de tenerse en cuenta que el Juez de grado ha efectuado un análisis meduloso y objetivo de los hechos imputados, ha ponderado de manera detallada y prolija los datos aportados, las circunstancias enunciadas y las pruebas producidas”.

La Cámara descartó además el pedido de detención del juez solicitado por la Fiscalía porque siempre estuvo a derecho en la causa. Además, por ser magistrado Díaz Lacava cuenta con fueros de inmunidad de arresto.

Con la confirmación del procesamiento el juez quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral. Pero además en el Consejo de la Magistratura -a quien la Cámara Federal de Bahía Blanca le informó de su fallo- hay abierto un expediente en el que se analiza su conducta por mal desempeño. Si ese expediente avanza Díaz Lacava podría ser suspendido en el cargo y enviado a juicio político para ser destituido.