Leonardo Cositorto empezó a transitar este miércoles en Salta el segundo juicio en su contra por estafas reiteradas y asociación ilícita, delitos que habría cometido a través del presunto esquema piramidal que armó con Generación Zoe.
Fue una primera audiencia con obstáculos: después de que se postergara -a último momento- el comienzo del proceso, el gurú financiero presentó un hábeas corpus, cambio de abogado por segunda vez en una semana y su nueva defensora pidió que se anule el inicio del debate oral y público.
En la causa que se tramita en la Justicia provincial salteña hay 118 inversores damnificados. Junto a Cositorto, otras cuatro personas están siendo juzgadas, señaladas como socios de lo que fue la sucursal local de Zoe: Ricardo Isaac Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Albornoz.
La audiencia de este miércoles comenzó con la formalidad de la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
Después se oficializó la renuncia del defensor privado de Cositorto, Franco Tolaba, quien participó por videoconferencia porque estaría fuera de la provincia. Duró apenas algunos días: hasta la semana pasada, el gurú financiero era asistido por la defensora oficial Cecilia Martínez, a quien decidió reemplazar poco antes del juicio.
Por ese primer cambio de abogados, el tribunal había decidido postergar el inicio del debate -previsto para el 29 de mayo- hasta hoy.
Ahora, ante la Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans, Cositorto ratificó la revocación del poder otorgado a Tolaba y manifestó que no contaba con otro abogado particular en ese momento.
Ante esta situación, se le informó que, de acuerdo con la legislación, se le asignaría una defensora oficial para continuar. Tras un breve cuarto intermedio, volvió a asumir la representación la abogada que estaba en un principio: Cecilia Martínez.
Inmediatamente la letrada presentó un planteo de nulidad sobre el juicio. Según argumentó, existió una violación de la garantía constitucional de defensa en juicio, y sostuvo que los constantes cambios de abogados habían dejado a Cositorto en “un estado de indefensión”.
La defensora alegó que no se habían resuelto cuestiones como la imposibilidad del acusado de presentar pruebas o de designar un abogado de su confianza, elementos que, según su visión, habrían comprometido la equidad del procedimiento hasta ese momento.
Los jueces corrieron vista a los demás acusados, las querellas y la fiscal Salinas Odorisio, quien solicitó el rechazo del planteo de nulidad, como era de esperar. Pero también fue más allá: denunció que el enroque de defensas es una estrategia para obstaculizar el desarrollo del juicio.
“Lo único que percibí es una fuerte catarsis de la defensora oficial porque inició el juicio, a pesar de todas las artimañas que se han implementado para impedir la realización de este debate”, se quejó la fiscal.
Además, sostuvo que el recurso “carecía de sustento jurídico y fáctico”, indicando que, desde el punto de vista procesal, un pedido de nulidad de esta índole no corresponde en esta etapa y que, de ser pertinente, debería resolverse una vez finalizado el debate.
La fiscalía defendió también que todos los plazos procesales fueron cumplidos, que el imputado tuvo amplias oportunidades de ofrecer pruebas a través de sus sucesivas defensas, y que en ningún momento estuvo en estado de indefensión.
La parte querellante, que representa a los ahorristas presuntamente estafados, adhirió a los argumentos de la fiscalía. Mientras que la defensa particular de los otros cuatro imputados, a cargo del abogado Fernando Díaz Zabalaga, acompañó el planteo de la defensora oficial de Cositorto, sumándose a la solicitud de nulidad.
Al término de todas las exposiciones, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30, momento en que se espera la resolución de la disputa que amenaza con poner en peligro la continuidad del debate.
Cositorto está detenido provisoriamente en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, donde permanecerá hasta escuchar el veredicto de este juicio. La fecha tentativa que estimó el tribunal para dar el veredicto es el 27 de junio de este año, según precisaron fuentes judiciales a Infobae, aunque los inconvenientes relatados podrían prolongar el debate.
Cabe recordar que la Justicia de Corrientes condenó en febrero a Cositorto, a la pena de 12 años de cárcel como líder de una asociación ilícita y coautor del delito de estafa. También tiene causas pendientes en Córdoba, Santa Fe y la Justicia Federal.
Últimas Noticias
Los “daños colaterales” del caso Adorni: piden investigar a los empresarios y a la escribana que participaron en sus negocios
El fiscal Gerardo Pollicita sugirió que se abra una causa en el fuero Penal Económico por la ocultación maliciosa frente al fisco de los gastos del ex jefe de Gabinete
Testimonios y fotos cuestionados: revierten un fallo que condenaba a una municipalidad por la caída de una joven en la vereda
La demandante había obtenido una sentencia favorable en primera instancia, que le reconoció una indemnización por las lesiones físicas, los gastos médicos y el daño moral. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo al considerar que las pruebas aportadas no permitían acreditar que el desperfecto de la vereda hubiera provocado el accidente
Sacó el auto del garaje y se lo robaron cuando bajó a cerrar el portón: el seguro no quiso pagar por “culpa grave”, pero la Justicia condenó a la aseguradora
Un tribunal de Lomas de Zamora responsabilizó a la compañía por incumplimiento contractual. La aseguradora sostenía que dejar el motor encendido y las llaves puestas constituía una conducta negligente que la eximía de cubrir el robo. Sin embargo, la Justicia ordenó pagar más de $12 millones por el valor del vehículo, la privación de uso y el daño moral
Un depósito se incendió y explotaron 43 camiones con garrafas: 16 años después, indemnizarán a la familia que vivía enfrente
El tribunal condenó a la empresa y a su aseguradora a indemnizar a una pareja y a sus dos hijos por los daños sufridos en 2010. El fallo reconoció indemnizaciones por daño psicológico, daño moral y perjuicios materiales para los cuatro integrantes de la familia
La disputa judicial por una banca académica del Consejo de la Magistratura podría llegar a la Corte Suprema
La Cámara Nacional Electoral debe decidir si concede un recurso extraordinario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el fallo que asignó a la Justicia Electoral la competencia para resolver un amparo de autoridades de la UBA. El planteo de fondo cuestiona el sistema de votación indirecta de los profesores de Derecho
