El fiscal federal de Resistencia Federico Carniel pidió que Aída Ayala, ex intendenta de esa ciudad, sea condenada a cinco años de prisión por administración fraudulenta en la entrega de un subsidio cuando era funcionaria del gobierno nacional de Mauricio Macri. Este es el segundo juicio oral que Ayala atraviesa por un caso de corrupción y en el primero fue condenada a tres años de cárcel.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Carniel concluyó la semana pasada sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia que está a cargo del proceso y pidió condenas para todos los acusados. El juicio continuará el 12 de junio con el alegato de la última defensa y la expectativa de la fecha del veredicto.
El proceso comenzó a mediados de mes y se juzga la firma de un convenio en 2016 entre la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, a cargo de Ayala, con el municipio de Quitilipi, también en la provincia de Chaco, cuyo intendente entonces era Sergio Casalboni, para la entrega de un subsidio de 960.093 pesos para la compra de herramientas y máquinas.
En el acuerdo intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios. Esto fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo el fiscal federal Patricio Sabadini, cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral.
“Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”, declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de “Service Hogar”, una empresa que no tenía local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.
En sus alegatos en el juicio, el fiscal Carniel dio por comprobado el delito de administración fraudulenta contra la administración pública. Sostuvo que no hay dudas que el convenio para la entrega de subsidios se firmó y que los fondos fueron para la empresa de Tolosa. Carniel también destacó que todos los involucrados tenían vínculo.
Relató que Balmaceda Paiva fue yerno de Ayala y que él y Vilte fueron funcionarios del municipio de Resistencia cuando Ayala era la intendenta. Inclusive, Vilte estuvo involucrado en el caso por el que la ex funcionaria está condenada. Y además Vilte y Tolosa tenían un vínculo, algo que ellos mismos reconocieron en el juicio oral.
El fiscal pidió una condena de cinco años de prisión para Ayala, Balmaceda Paiva y Vilte y tres años de prisión para Tolosa. Por su parte, con Casalboni hubo un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad y tiene una pena de dos años de prisión que debe ser aprobada por el tribunal oral cuando finalice el juicio.
En el juicio Ayala declaró. Dijo que como secretaria de Asuntos Municipales le dio trámite a un requerimiento de subsidio y que si hubo alguna irregularidad fue en la Municipalidad de Quitilipi a donde fueron girados los fondos. Lo mismo planteó sus defensa en los alegatos en los que pidió su absolución.
Tolosa pidió suspender la acusación en su contra a cambio de pagar seis millones de pesos para una institución benéfica. El fiscal contestará ese planteo en la próxima audiencia del 12 de junio cuando también sea el alegato de la defensa de Vilte, el último de caso. Luego serán las últimas palabras de los acusados y el veredicto, todo en fechas que deberá definir el tribunal oral.
Ayala ya tiene una condena a tres años de prisión por administración fraudulenta. Fue condenada porque en 2014, durante su último mandato como intendenta, le otorgó de manera indebida a la empresa “Pimp S.A.” el negocio de la recolección de basura en la ciudad con contratos por 260 millones de pesos.
En esta causa, Ayala tuvo una orden de detención que nunca se concretó por sus fueros como diputada nacional. La Justicia pidió su desafuero, pero los legisladores de la UCR y el PRO no dieron los votos para tratar el planteo y en mayo de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la orden de detención.
La condena de Ayala está apelada en la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de la ex intendenta reclama su absolución y el fiscal Carniel -quien también intervino en ese proceso- apeló para que sea condenada por el delito de lavado de dinero.
La ex funcionaria es una de las mujeres fuertes de la política del Chaco. Referente del radicalismo en esa provincia, Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015). En 2015 fue la candidata de Cambiemos para la Gobernación, pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Macri como presidente, pasó al Gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Y en 2017 fue electa diputada nacional.
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