El Gobierno propondrá reasignar el personal de Comodoro Py para el sistema acusatorio

El Ministerio de Justicia de la Nación hará una propuesta para reasignar el personal de los tribunales de Comodoro Py para la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio en la jurisdicción de la Capital Federal, el próximo 11 de agosto. Se trata de uno de los reclamos de las Fiscalías -que con el nuevo sistema tendrán a su cargo las investigaciones- que tienen una diferencia de personal de 1 a 5 con los juzgados.

“En el marco de la implementación del Sistema Acusatorio en Comodoro Py, el próximo 11 de agosto, el Ministerio de Justicia de la Nación solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, información detallada sobre la dotación actual de los tribunales del fuero penal federal en CABA. El objetivo es avanzar con el diseño de propuestas de reasignación de recursos y personal, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 27.150″, informó el Ministerio, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, a través de un comunicado.

El objetivo de la medida es hacer un relevamiento de la cantidad de personas y funcionarios que se desempeñan en los juzgados, los tribunales orales y las cámaras de apelaciones tanto de Comodoro Py como de Penal Económico. Con eso avanzarán en una consulta anónima a cada uno de ellos para saber si están dispuestos a pasar a desempeñarse en las Fiscalías. Lo mismo se hizo cuando el sistema acusatorio se implementó en otras provincias del país.

“Una vez analizada la información, el Ministerio convocará a una mesa de trabajo con magistrados y representantes judiciales para diseñar conjuntamente una propuesta de implementación que permita una reasignación ordenada y efectiva del personal”, agregó en el comunicado.

Esa mesa ya existe en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que entre otras funciones tiene a su cargo la administración de los recursos del Poder Judicial de la Nación. Se trata de una comisión tripartita para la implementación del código acusatorio que integran representantes de la Procuración General, de la Defensoría General y del Consejo y que funciona dentro de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo.

Esos tres organismos son los que tienen el área de personal y recursos humanos del Poder Judicial. Esa mesa tripartita se creó cuando el sistema acusatorio comenzó a regir el año pasado en Rosario. La expectativa es que cualquier reasignación de personal se evalúe en esa mesa tripartita.

En 2014, el Congreso de la Nación aprobó el Código Procesal Penal Federal. Allí se estableció el sistema acusatorio para la justicia federal y nacional. Los cambios más importantes son dos. El primero que las investigaciones penales estarán a cargo de los fiscales y que los jueces pasarán a actuar en un rol de garantes del proceso. El segundo es que todo se resolverá en audiencias públicas y con plazos máximos de duración -tres años, o seis para las causas complejas- para que los expedientes no duren décadas como ocurre actualmente.

El cambio de paradigma implica que el peso del trabajo recaerá en las fiscalías y por lo tanto necesitarán más personal. En distintas notas que los fiscales presentaron, y que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le envió al ministro Cúneo Libarona, marcaron la disparidad de personal con los juzgados. Es una proporción de una persona en las fiscalías cada cinco en los juzgados.

Desde las fiscalías no solo reclaman más personal, sino también infraestructura y tecnología. Y critican al gobierno porque consideran que la fecha de implementación del 11 de agosto fue inconsulta y sin tener los tribunales preparados. Desde el gobierno responden que trabajan en adecuar salas de audiencia y poner los recursos necesarios para que el sistema comience a funcionar.

En el ámbito federal, el sistema acusatorio se implementó en 2019 en Salta y Jujuy. Pero luego se frenó. Con la llegada de Javier Milei se llevó a gran parte del país. Hoy está también en las jurisdicciones de Santa Fe, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, que abarcan a 11 provincias y un sector de la de Buenos Aires. A partir del 11 de agosto llega a Comodoro Py y a la justicia en lo Penal Económico. Y desde diciembre a Chaco y Corrientes.

Los fiscales federales de Comodoro Py y del fuero Penal Económico comparten el nuevo modelo pero además de la necesidad de recursos sostienen que en esa jurisdicción las causas que llevan son más complejas que en otras provincias porque tienen, entre otros temas, los expedientes por corrupción que requieren más trabajo que, por ejemplo, las causas de narcotráfico, como exhortos internacionales o peritajes complejos.

“Existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se vea comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, la criminalidad económica, el narcotráfico, la trata de personas y demás fenómenos delictivos complejos”, advirtieron en una nota los fiscales de primera instancia de Comodoro Py.

Por su parte, tanto el ministro Cúneo Libarona como el viceministro, Sebastián Amerio, ratificaron públicamente que el 11 de agosto comenzará a regir el nuevo modelo.