
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó hoy que la justicia penal de la provincia de Buenos Aires investigue si un grupo de candidatos en las elecciones de 2023 inició la campaña antes de los plazos que estipula ley. Así, por unanimidad, los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvieron un conflicto de competencia entre la justicia bonaerense y la electoral sobre qué tribunal debía intervenir en el caso.
Se trata de una denuncia que en abril de 2023 presentó el abogado Emiliano Martín Rodríguez contra los dirigentes del PRO Cristian Ritondo, Diego Santilli, Néstor Grindetti y Joaquín de la Torre y contra el abogado Fernando Burlando, todos precandidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires. La denuncia sostuvo que iniciaron la campaña con carteles en la vía pública y en redes sociales antes de los plazos que establece la ley provincial 14.086, que fija que debe ser 30 días antes de las elecciones primarias, entonces vigente y que fueron suspendidas para la elección de este año.
La misma denuncia había presentado Rodríguez en la justicia electoral nacional contra quienes eran precandidatos a presidente de la Nación en 2023: Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Juan Manuel Urtubey.
La denuncia contra los precandidatos a gobernador quedó a cargo de Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal 1 de La Plata que tiene la competencia electoral. Pero el magistrado entendió que la causa no correspondía a su tribunal. Explicó que lo que se buscaba investigar estaba previsto en una ley provincial y que la violación de la campaña no afectó a la elección nacional.
El juez señaló que la ley de elecciones primarias para la provincia de Buenos Aires, que regía en 2023, establecía que “la campaña electoral podrá iniciarse con treinta (30) días de anticipación y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes de la elección primaria”. Así, Ramos Padilla remitió la denuncia a la justicia de la provincia de Buenos Aires.

Pero el juzgado correccional 1 de La Plata también rechazó intervenir en el caso. El juzgado remarcó que los hechos sí afectaron a las elecciones nacionales porque muchos de los dirigentes denunciados tenían cargos naciones y en los carteles en la vía pública aparecían con postulantes en los comicios nacionales. Y lo que hizo fue devolver la causa a la justicia nacional.
Lo que se generó fue una disputa de competencia entre dos juzgados que por ser de distintos fueros debía ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero opinó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que dictaminó que la denuncia debía investigarse en la justicia local de la provincia de Buenos Aires.
“En mi opinión, asiste la razón al juez federal por cuanto la denuncia es, por definición, una noticia sobre un hecho concreto y, en cuanto fuere posible, con referencia a sus circunstancias de modo tiempo y lugar; y, en ese sentido, la presentación señala concretamente la actividad de campaña de determinados candidatos a cargos electivos provinciales en contravención a las normas que dicta la provincia en previsión de las elecciones locales”, sostuvo Casal en su dictamen.
“Por ello, opino que la causa debe continuar ante el juzgado correccional local”, concluyó el procurador general. La opinión fue compartida por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que resolvieron el conflicto de competencia para que la justicia de la provincia de Buenos Aires investigue la posible violación de los plazos para la campaña electoral.
Últimas Noticias
Compró hace 18 años un 0 km, tuvo fallas al poco tiempo de uso y ahora la Justicia ordena pagarle una indemnización
Un hombre denunció vibraciones, ruidos y problemas de alineación en un auto que había comprado nuevo en 2008. El propietario llevó el vehículo al servicio técnico oficial en al menos ocho oportunidades entre agosto de ese año y abril de 2009. Una pericia posterior detectó una vibración trasera anormal y señaló una posible falla técnica de fábrica

Contrató aberturas para su casa en Pilar, pagó casi USD 9.000 y nunca le terminaron el trabajo: perdió el juicio por un error en la demanda
Un hombre reclamaba la devolución de lo pagado, una indemnización por daño moral y daño punitivo tras denunciar demoras, trabajos defectuosos y un reclamo de actualización del saldo en dólares. Sin embargo, testimonios, un informe municipal y otras pruebas llevaron a la Justicia a aceptar la defensa del demandado

Tras el divorcio, deberá pagarle a su ex mujer un salario mínimo por mes durante casi un año como compensación económica
La Cámara de Apelaciones ratificó una sentencia que ordenó al ex esposo pagar el equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles en diez cuotas mensuales y consecutivas. El tribunal consideró acreditado que la mujer quedó en una situación de desventaja económica tras dedicarse principalmente al cuidado del hogar y de sus tres hijos durante el matrimonio

Alperovich: qué dijo el juez que cuestionó las pruebas contra el ex gobernador y propuso anular su condena por abuso sexual
La Cámara Nacional de Casación le bajó la condena a 14 años de prisión y confirmó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En disidencia con sus pares del tribunal, el magistrado Daniel Morín votó por anular la sentencia y hacer un nuevo juicio

El juez Rafecas ya tiene la causa por la mansión de Pilar: el frente judicial que se abre para Tapia y Toviggino
Habrá nuevas pruebas para intentar determinar quiénes son los dueños reales de la casaquinta y la flota de autos de alta gama. Pero también se esperan decisiones en otra investigación donde ya se procesó a los dos dirigentes de la AFA. El nuevo viaje de Chiqui Tapia



