El procurador Casal ya tiene el dictamen para pedir que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años por asociación ilícita

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ultima los detalles del dictamen que presentará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner se le agrave la condena en el caso de Vialidad: que pase de la actual condena de seis años de prisión por administración fraudulenta a 12 años por ese delito y por asociación ilícita, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la expectativa de Casal es presentar el dictamen mañana. “Se están terminando los últimos detalles y si se llega se presenta mañana”, le dijo a este medio una fuente que trabaja en el tema.

El procurador sostendrá la postura que el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar llevó a la Corte Suprema: que en el caso se debe aplicar el delito de asociación ilícita, que se tienen que aumentar las penas y que revocar las absoluciones.

Así, Casal va a dictaminar para que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y para que ese delito también se les aplique al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, José Periotti. Y además que se revoquen las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y del ex presidente de Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro.

“El procurador va a seguir la línea de siempre de sostener los recursos de los fiscales. En muy contadas excepciones no lo hizo”, explicó una de las fuentes consultadas.

Cuando Casal presente su dictamen, la Corte Suprema quedará en condiciones de resolver y allí se pondrá toda la expectativa política de cuándo el máximo tribunal tomará esa decisión ya que se trata de un año electoral en el que Cristina Kichner podría ser candidata a diputada nacional o a legisladora por la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver.

Y mayor será la expectativa sobre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti luego que el Senado de la Nación rechazó el proyecto de Ficha Limpia que si se aprobaba le hubiese impedido a la ex presidenta ser candidata nacional, lo que también mitigaba la pregunta de cuándo la Corte resolvería.

Por eso es clave el calendario electoral. El cierre de listas para las elecciones nacionales es el 17 de agosto y para las de la provincia de Buenos Aires el 19 de julio.

Las escenarios que tiene la Corte son tres con el dictamen de Casal. Uno es rechazar la presentación del Procurador y también las apelaciones de las defensas que pidieron las absoluciones de los condenados. Si eso ocurre, las condenas quedarán firmes y en condiciones de ejecutarse. Eso implica que Cristina Kirchner no podrá ser candidata ni volver a ocupar cargos públicos por la inhabilitación perpetua y quedará detenida porque los seis años de prisión son de cumplimiento efectivo. Después se discutirá si la detención será en una cárcel o en la modalidad domiciliaria por la edad (CFK tiene 72 años y a partir de los 70 la ley contempla esa posibilidad aunque no es obligatorio).

La segundo escenario también implica que el cierre de la causa. Y es que la Corte Suprema acepta las posturas de las defensas y absuelva a los acusados. En ese caso se cae la condena a la ex presidenta y no tiene ningún impedimento para ser candidata.

El tercera posibilidad extiende el proceso. Es si la Corte acepta la postura del procurador Casal y entiende que se debe aplicar la asociación ilícita porque cuando fue rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal no estuvo fundamentada o porque alguno de los argumentos de la Fiscalía que no se contestaron. En ese caso, la Corte Suprema puede remitir la causa para que Casación dicte un nuevo fallo. Así, no habría una sentencia definitiva a la espera de una nueva resolución que luego puede ser apelada nuevamente a la Corte Suprema. Eso mismo ocurrió recientemente en el caso de Oil Combustibles.

En ese último escenario la causa seguiría abierta y los tiempos se estirarían sin una condena firme. También le permitiría a Cristina Kirchner ser candidata.

Si la condena queda confirmada con la ex presidenta ocupando una banca legislativa se deberá abrir un proceso de para que sea removida del cargo porque tiene fueros que le impiden ser detenida.

La causa Vialidad llegó a la Corte Suprema a fines de marzo pasado cuando el fiscal Villar y las defensas apelaron el fallo de la Casación. El 16 de abril, hace casi un mes, la Corte le envió el expediente al procurador Casal para que opine sobre la apelación de la Fiscalía.

El máximo tribunal revisará el fallo de la Cámara Federal de Casación que en noviembre del año pasado confirmó el veredicto del Tribunal Oral Federal 2. En esas dos instancias, por mayoría, los tribunales entendieron en el caso se había cometido el delito de administración fraudulenta pero no el de asociación ilícita.

Los tribunales ratificaron que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo irregularidades en la asignación de las 51 obras públicas que para Santa Cruz recibieron las empresas de Báez. Durante el juicio oral, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron como prueba lo que llamaron el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares. Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Macri asumiera la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que se de le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.

Tanto el Tribunal Oral como Casación por mayoría descartó el delito de asociación ilícita que había sido pedido en el juicio oral por los fiscales. “La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, sostuvo el fiscal Villar cuando apeló a la Corte para que se aplique el delito de asociación ilícita.