La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, celebró este jueves una audiencia oral para empezar a revisar las absoluciones dictadas en una causa por evasión fiscal agravada en la que resultaron beneficiados el constructor Lázaro Báez y otros tres imputados ligados a su grupo empresarial.
El caso tramita presuntas maniobras fraudulentas realizadas a través de las empresas Sucesión de Adelmo Biancalani (SAB) y Austral Construcciones S.A. (ACSA), vinculadas al empresario amigo del matrimonio Kirchner. Las maniobras habrían incluido la utilización de facturas falsas para evadir el pago de impuestos durante los períodos fiscales comprendidos entre 2013 y 2015.
A lo largo del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, que se extendió entre el 22 de febrero y el 4 de septiembre de 2024, tanto el Ministerio Público Fiscal como la AFIP-DGI, en su rol de querellante, habían solicitado penas que iban desde los 4 hasta los 18 años de prisión para Báez, Julio Mendoza, Claudio Bustos y Jorge Chueco, al considerar acreditada su responsabilidad penal en actos de evasión impositiva vía documentación apócrifa. Las acusaciones, en rigor, alcanzaban al IVA 2013, IVA 2014, Impuesto a las Ganancias 2014 y al IVA 2015 por un total superior a los 51 millones de pesos.
Estas irregularidades habrían sido perpetradas durante las gestiones de los imputados dentro de las empresas en cuestión. De hecho, según se consignó en las actuaciones, Lázaro Báez era el accionista mayoritario de Austral Construcciones con el 95 % del capital social -su hijo Martín Báez tenía el 5 % restante-. Mientras que Julio Mendoza ocupó el cargo de presidente del directorio de esa empresa, y en mayo de 2006 firmó un convenio de integración entre ACSA y la firma Sucesión de Adelmo Biancalani, lo que consolidó el control operativo y administrativo de SAB por parte del entorno de Báez.
A su vez, Claudio Bustos actuó como apoderado de la firma constructora y como administrador judicial de SAB desde el 21 de agosto de 2013 hasta por lo menos el 21 de marzo de 2018. Por su parte, el abogado Jorge Chueco, también vinculado a Báez, también se desempeñó como administrador judicial de SAB, entre el 10 de octubre de 2012 y el 12 de julio de 2013.
El expediente se inició en 2016 tras una fiscalización de la AFIP sobre SAB, que tuvo como eje la presunta utilización de facturas falsas para generar crédito fiscal en operaciones de obras viales en Chaco y Misiones.
Con todo, la investigación no logró sustentar las imputaciones en sede judicial, culminando en las absoluciones de los cuatro procesados dictadas por el TOF de Resistencia el pasado 30 de octubre. El juicio oral, en rigor, contó con 23 audiencias y receptó más de 20 declaraciones testimoniales, con participación de peritos contables e ingenieriles, contadores, empleados y funcionarios públicos de la Dirección Regional Chaco de la AFIP-DGI.
En su decisión, las juezas Noemí Marta Berros, Lilia Graciela Carnero y Mariela Emilce Rojas consideraron que no había elementos suficientes para acreditar la existencia de los ilícitos analizados en el debate. Frente a ese fallo, las partes acusadoras presentaron recursos para llevar el expediente ante el máximo tribunal penal del país.
Este jueves, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, los camaristas de la Sala IV llevaron adelante una audiencia informativa con el fin de empezar a tratar el caso. Estuvieron presentes los abogados Villanueva y Liniado en representación de Lázaro Báez, y Jorge Chueco junto a su defensor Resnick Benner.
Tanto Báez como Chueco resultaron condenados en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que juzgó maniobras de lavado de dinero por casi USD 55 millones.
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