El gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un organismo que buscará crear su propio servicio penitenciario. Ocurre en un momento de tensión con el gobierno nacional por los presos en las comisarías y también refuerza la autonomía porteña. Se trata de la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios, que estará a cargo del dirigente radical Leandro Halperín.
El objetivo es crear el sistema penitenciario local en el que uno de los ejes centrales sea la plena resocialización de los presos. Para ese necesitará una ley de la Legislatura porteña.
La ciudad no tiene cárceles. La unidad de Devoto es del gobierno nacional. Por eso, los presos que se detienen en CABA se alojan en comisarías o alcaidías que son lugares transitorios de pocos días de alojamiento hasta que son derivados a una cárcel. Pero desde la pandemia que el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Nación y que tiene convenios con la ciudad, achicó los cupos de ingresos de presos de CABA. Eso generó que las comisarías estallen de detenidos: hay 2500 para una capacidad de mil, lo que generó -entre otros motivos- fugas semanales de esas dependencias. Una sobrepoblación que en rigor se vive en todos los sistemas de detención del país.
Se creía que con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad eso iba a cambiar por la buena sintonía con el jefe de gobierno, Jorge Macri. Pero se agravó. La tensión política por las elecciones provocó duros cruces de Bullrich con el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolff, que se echan responsabilidades mutuas sobre a quién le corresponde alojar a los presos.
La Nación dice que son de ciudad porque se los detiene allí. Ciudad responde que, de todos esos presos, la amplia mayoría son de la justicia penal nacional y hasta que no sea transferida en su totalidad son de la Nación y, por lo tanto, deben ir a cárceles federales. O que el gobierno central le transfiera a CABA su servicio penitenciario.
Pero como el traspaso hoy no es lo más viable por las peleas políticas, la Ciudad avanzó por otro carril. Creó la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios dentro del Ministerio de Justicia, a cargo de Gabino Tapia, uno de los hombres de más confianza del gabinete de Jorge Macri. La subsecretaría estará a cargo de Halperín bajo la órbita de la Secretaría de Justicia -virtual segundo del Ministerio- que ocupa Francisco Quintana.
Halperín es un dirigente radical que responde al presidente del partido nacional, Martín Lousteau, y al titular de CABA, Martín Ocampo, que además es el procurador General de la ciudad, Martín Ocampo. “Esto forma parte del diálogo del PRO y la UCR”, confió a Infobae una fuente que estuvo en las negociaciones de la llegada de Halperín al cargo.
El nuevo funcionario conoce el mundo penitenciario. Fue titular del programa UBA XII de estudios universitarios en las cárceles, asesoró a Bullrich cuando era secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios durante el gobierno de Fernando De la Rúa, fue legislador porteño y subsecretario de Vinculación Ciudadana con la seguridad en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y viene de ser comisionado nacional del Comité para la Prevención de la Tortura en representación de las provincias.
Halperín presentó el año pasado un proyecto en la Legislatura para crear el sistema penitenciario en la ciudad. Ese será el eje de su nuevo trabajo. La iniciativa contempla varios objetivos. Pero algunos ejes centrales.
Uno se vincula a la coyuntura: que los presos no se fuguen. También que los internos que formen parte de organizaciones criminales tengan un régimen más estricto para evitar que desde su lugar de detención sigan manejando el delito, lo que ha ocurrido en muchas oportunidades.
Los otros se vinculan con el rol social que deberían tener las cárceles. El servicio penitenciario porteño buscará que haya trabajo pleno para los internos. Eso no solo permitirá que forme parte del proceso de resocialización -y que bajen los índices de reincidencia en el delito- sino que los presos tengan un sueldo con el que paguen su alojamiento y comida. Así lo establece la ley nacional de Ejecución de la pena. También que se busque un mecanismo para que indemnicen a las víctimas.
En la resocialización, el proyecto de Halperín es trabajar sobre las causas que llevó a una persona a cometer el delito y hacer intervenir a los resortes que ya tiene el estado porteño: adicciones, salud mental, trabajo, o el área que corresponda.
El camino no es inmediato. Requiere de la aprobación de una ley de la legislatura. Habría un principio de acuerdo para avanzar porque todos los bloques -el peronismo, la Libertad Avanza, el PRO- presentaron proyectos, pero el año electoral y las disputas políticas podrían demorarlo.
Tampoco se descarta de avanzar con la transferencia total o parcial del servicio penitenciario federal a la ciudad. Pero ahí también la política demora una resolución.
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