La Cámara Federal de Casación Penal recibió este miércoles el expediente en el que tramita un planteo de nulidad presentado por la abogada de Alberto Fernández contra el llamado a indagatoria del ex presidente en la causa “Seguros”, donde se investigan presuntos hechos de corrupción a través de pólizas contratadas por el Estado durante el último gobierno kirchnerista. Ahora, el máximo tribunal penal del país pasará a analizar si ratifica la decisión de la Cámara Federal porteña, que rechazó el pedido de la defensa en diciembre pasado, o la revoca por inválida.
La solicitud de la defensora Mariana Barbitta apunta a dejar sin efecto la citación a indagatoria de Fernández, ordenada el 1 de noviembre pasado por el juez federal Julián Ercolini. Para la abogada del ex mandatario, “el llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad cuya imparcialidad se encuentra cuestionada”.
Y es que el juez Ercolini fue recusado al inicio de las actuaciones y, según Barbitta, esa disputa todavía no fue tratada por la Corte Suprema. Dicha recusación fue rechazada hace 20 días por el camarista Roberto Boico, quien consideró que "las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento".
“No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”, le había manifestado entonces el ex jefe de Estado al juez Boico antes de que definiera la solicitud del corrimiento.
En tanto, la nulidad esgrimida por Fernández no fue acogida en primera instancia. Allí Ercolini resolvió rechazarla y la definió como “una maniobra dilatoria” para postergar su declaración. Fernández terminó declarando en los tribunales de Comodoro Py el miércoles 27 de noviembre, aunque solo presentó un escrito y contestó preguntas de su defensora.
Poco después, impugnación mediante, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah también rechazó el planteo de la defensa tras interpretar que la valoración que hace el juez de la causa sobre “el mérito reunido para disponer el llamado, resulta ajena a cualquier tipo de revisión por parte de la Alzada, toda vez que la instancia de apelación, respecto de dicha decisión, se encuentra vedada por el artículo 449 y siguientes del código de forma”.
En rigor, la causa analiza la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante el gobierno anterior y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes, mediante la intervención de la aseguradora Nación Seguros. También se investiga la inclusión de empresas coaseguradoras como parte de la presunta maniobra ilegal para cobrar de manera irregular.
Tanto Alberto Fernández como el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa Marta Cantero están siendo investigados por sus acciones en torno a esa organización. En la misma situación se encuentran Pablo Torres García y otra decena de empresarios y empresas relacionadas al mercado del seguro.
De hecho, el 5 de febrero el juez Ercolini completó la ronda de 39 indagatorias que había dispuesto en la causa.
La denuncia había sido presentada por la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. En un primer momento, se hizo por una supuesta violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, figuras penales de índole provisoria para la etapa de instrucción.
Con el comienzo del proceso penal, y de las diligencias que se pusieron en marcha -como por ejemplo el secuestro de los teléfonos celulares de los involucrados-, se desprendieron distintas pesquisas, donde la más impactante resultó ser la que tiene a Alberto Fernández como acusado por violencia de género contra su ex pareja y madre de su hijo menor, Fabiola Yañez.
Así las cosas, tras el rechazo de la Cámara porteña, la abogada Barbitta interpuso una queja para llevar su pedido directamente ante la Sala IV de la Casación Federal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes dieron por recibido el expediente.
Últimas Noticias
La causa $LIBRA se reactiva con el foco puesto en la ruta del dinero y la hipótesis de estafa
El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar direcciones de criptoactivos para identificar a sus titulares. Además, el 10 de agosto la Cámara de Apelaciones analizará la exclusión de cinco presuntos damnificados
Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: testigo ratificó compra de u$s 3 millones coincidente con sospecha de pago de soborno de IECSA
La hizo una UTE que integraba la empresa de Angelo Calcaterra casi en simultáneo al cobro de un anticipo de obra pública y en un porcentaje que coincidiría con el que se sospecha se pagaba como coima
Viajó a España, la aerolínea le entregó la valija cuatro días después y rota: deberán indemnizarla en pesos y dólares
Una pasajera argentina estuvo casi una semana sin sus pertenencias y debió afrontar gastos extraordinarios de primera necesidad. La Justicia federal condenó a la compañía a reintegrarle esos desembolsos en dólares y a pagarle una indemnización por daño moral
Tropezó en la vereda y demandó por el mal estado del lugar, pero la Justicia rechazó el reclamo por falta de pruebas
Una mujer sostuvo que cayó al salir de una clínica debido a un desnivel en la vereda, que atribuyó a una obra inconclusa de la empresa de agua potable. Sin embargo, el tribunal consideró que no se acreditó la mecánica del hecho tal como fue relatada. En consecuencia, rechazó la demanda y la condenó al pago de las costas del proceso
Le robaron la moto y el seguro se negó a pagar porque no tenía “traba volante”: la Justicia falló contra la aseguradora
La compañía de seguros rechazó la cobertura por la sustracción de una Honda XR al atribuir “culpa grave” al asegurado por no contar con traba volante. Sin embargo, la Cámara Comercial desestimó ese argumento y cuestionó el plazo en el que la aseguradora se expidió tras la denuncia de robo. En consecuencia, deberá pagar el valor de la moto y una multa de un millón de pesos
