La jueza federal María Servini ordenó hoy la captura internacional de 25 ex funcionarios y jefes militares de Myanmar, entre ellos su ex presidente Htin Kyaw, por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos entre 2012 y 2018 contra los rohingya, una minoría étnica perseguida en ese país. Los delitos van desde violaciones de niñas a quema de aldeas y matanzas.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la magistrada hizo lugar al pedido del fiscal federal Guillermo Marijuán quien el año pasado había reclamado las detenciones. La orden de captura internacional se basa en el llamado principio de justicia universal que le permiten a un país investigar delitos cuando no se investigan en su país de origen.
La orden de captura internacional es para 25 personas que incluye a comandantes en jefes, jefes de estado mayor, jefes de comandos, comandantes de batallones, ex ministros del Interior y de Defensa y el ex presidente Kyaw.
La denuncia en los tribunales de Comodoro Py fue formulada el 13 de noviembre de 2019 por Maung Tun Khin, presidente de “Burmese Rohingya Organization UK” (BROUK). La acusación incluía matanzas, violaciones grupales y destrucción de aldeas, forzando a los rohingyas a huir a Bangladesh.
Los rohingyas son una minoría étnica predominantemente musulmana. Antes de la crisis de 2017, se calcula que un millón de rohingya vivían en Birmania. En agosto de 2018, más de 723.000 refugiados rohingya habían huido a Bangladesh. Muchos se asentaron en el campamento de refugiados de Kutupalong, ahora el más grande del mundo. Las huidas del país han continuado.
Aunque viven en Myanmar desde hace generaciones, el gobierno de ese país insiste en que todos los rohingyas son inmigrantes ilegales de Bangladesh. Se niega a reconocerlos como ciudadanos, lo que en la práctica los convierte en apátridas.
Maung Tun Khin le reveló a Marijuán que tanto él como su familia habían huido de Myanmar en 1990, debido a la represión sufrida por los rohingya en manos del ejército birmano (por Birmania, actual Myanmar), solicitando así que su organización, BROUK, sea tenida como parte querellante. Posteriormente realizó una nueva presentación, junto a seis víctimas de la comunidad rohingya, quienes manifestaron su interés en brindar declaración testimonial en el marco de este proceso penal, solicitando ser tenidas como querellantes. Por otra parte, diversas asociaciones de víctimas rohingya, dirigidas por Eva Buzo, Kate Gibson y Clare Brown- se presentó en el expediente como “amicus curiae” o “amigo del tribunal”, a fin de realizar aportes de trascendencia a este proceso.
Con eso el fiscal pidió las detenciones que hoy ordenó Servini. “Que los hechos cometidos contra la población rohingya en territorio de Myanmar constituyen crímenes que vulneran los derechos humanos reconocidos en distintos instrumentos de derecho penal internacional, suscriptos por la mayoría de los países a nivel mundial, encuadrando ellos en los delitos denominados internacionalmente como crímenes de genocidio y de lesa humanidad, cometidos por las autoridades políticas y militares gobernantes en dicho país”, señaló la jueza.
La magistrada explicó que en base a fallos de la Cámara Federal y la gravedad de los hechos “permiten que éstos sean ventilados en nuestro país”. “No solo por el carácter internacional de los delitos presuntamente cometidos, sino porque del propio estatuto y del derecho consuetudinario internacional surge que la investigación y/o eventual juzgamiento de este tipo de crímenes es responsabilidad primaria de los estados. Se debe recordar que nuestro país se encuentra habilitado para proseguir con la pesquisa, aunque los hechos acaecieran en Myanmar, en virtud de la recepción del principio de jurisdicción universal que ha sido consagrado constitucionalmente”, sostuvo y señaló que los hechos “encuadrarían en las figuras de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que no fueron ni son objeto de investigación en la República de Myanmar”.
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