El gobierno de Bolivia inició una operación policial y militar para levantar los bloqueos de carreteras

La Policía y las Fuerzas Armadas pusieron en marcha un trabajo conjunto para despejar las principales vías

Mineros artesanales marchan durante una protesta para exigir acceso a zonas mineras ampliadas en La Paz, Bolivia, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP Foto/Juan Karita)
Mineros artesanales marchan durante una protesta para exigir acceso a zonas mineras ampliadas en La Paz, Bolivia, el jueves 14 de mayo de 2026 (AP Foto/Juan Karita)
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La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia pusieron en marcha una operación conjunta este sábado para despejar las principales carreteras bloqueadas en la zona andina desde hace 11 días por sectores campesinos de La Paz, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La operación, denominada "Corredor humanitario“, involucra a aproximadamente 2.500 agentes policiales y 1.000 militares, según informaron los comandantes Mirko Sokol (Policía) y Víctor Hugo Balderrama (Fuerzas Armadas), quienes supervisan el despliegue.

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Sokol afirmó que la operación tiene “la única finalidad de liberar” las carreteras “y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias, el oxígeno (medicinal) puedan ingresar” a La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo nacional. Esto también permitirá que “los turistas que están varados en diferentes sectores (...) puedan retornar a sus países”.

Una mujer con sombrero y vestimenta tradicional andina camina en una calle bloqueada por dos bicicletas y rocas en La Paz, con más personas al fondo
Una mujer camina junto a dos bicicletas y rocas que bloquean una calle concurrida en La Paz, donde el tráfico de personas continúa a pesar de la interrupción (EFE)

El jefe policial pidió a los manifestantes que “depongan actitudes” y que “de manera pacífica puedan desbloquear” las rutas.

“No estamos yendo a enfrentar, de ninguna manera, simplemente a hacer el trabajo que nos corresponde de desbloquear las vías, garantizar la libre circulación y velar por los valores más fundamentales que están establecidos en la Constitución”, sostuvo Sokol.

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El comandante detalló que existen 50 puntos activos de bloqueo a nivel nacional y que la intervención se centrará en las principales carreteras del departamento de La Paz, el más afectado desde el 6 de mayo.

Entre las rutas que serán despejadas se encuentran la que conecta la región andina de Oruro con el centro y oriente de Bolivia, una de las rutas hacia Perú a través de Copacabana —localidad turística a orillas del lago Titicaca—, y una vía al sur de la ciudad sede del Gobierno.

Vista aérea de una marcha de personas en una calle urbana. Edificios y vehículos a los lados. Hay una mediana con plantas y un mosaico blanco. Algunas personas llevan sombrillas
Miembros de una unidad educativa marchan por una calle urbana concurrida (EFE)

Por su parte, Balderrama indicó que la Policía actúa “en primera línea” y que los militares participan “como un elemento de apoyo para cualquier situación”. Señaló además que los militares no portan “armamento, ni armas letales”, solo “agentes químicos si es necesario utilizarlos”.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari” exigen la renuncia de Paz, al considerar que no ha resuelto los conflictos nacionales, mediante protestas y bloqueos de carreteras.

A esto se suma una marcha de seguidores del ex presidente Evo Morales que avanza hacia la sede de Gobierno con la intención de exigir la renuncia del mandatario el lunes.

Los bloqueos han afectado principalmente a La Paz, dificultando el tránsito interno y hacia Chile y Perú, lo que ha generado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, incluyendo oxígeno para hospitales en La Paz y la ciudad vecina de El Alto.

Una calle está bloqueada por hombres, rocas, madera y un cartel rojo. Se ven dos furgonetas blancas y un coche gris detenidos. Edificios y colinas en el fondo
Miembros del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros Chillaya bloquean una calle con rocas y un cartel de protesta en una zona urbana (EFE)

De acuerdo con el Gobierno, los bloqueos han provocado la muerte de tres personas, entre ellas una ciudadana de Belice, debido a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica solicitaron que se habiliten “corredores humanitarios” para garantizar el paso de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible, e instaron a establecer “espacios de diálogo efectivo” con los manifestantes.

El Gobierno denunció la existencia de un “plan macabro” atribuido a Morales, orientado a “romper el orden constitucional” y supuestamente financiado por el narcotráfico, acusación que el ex mandatario rechazó.

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