En un documento publicado este martes, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) dio a conocer los datos del 2024 respecto a la población carcelaria que está en manos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Allí relevó un aumento del 3,4% de personas detenidas en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 11.696 presos. Dicho crecimiento se consolidó como el más grande de los últimos cinco años.
El 3,4% significó una suma de 385 más detenidos que en 2023. En ese orden, el año pasado se configuró una situación de sobrepoblación de un 6,3% en los centros penitenciarios federales distribuidos por todo el país, dando un número de 694 presos por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF, que es de 11.001 cupos.
El informe anual de 2024, llamado “Población privada de libertad en cárceles federales”, fue elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili. Según los objetivos planteados por dicho organismo, la publicación apunta a “producir datos sobre la composición y evolución de la población penal” del SPF y “aportar a la difusión de información sobre la situación carcelaria en nuestro país”.
Bajo esos términos, la fiscalía especializada informó que, con respecto a la situación procesal, la proporción de personas detenidas con condena creció un 9,8% durante 2024, mientras que la cantidad de detenidos en prisión preventiva registró una disminución del 4,7% respecto al año anterior. Este cambio indica que más de la mitad de los detenidos en el SPF, específicamente 6949 internos -59,4%-, ya contaban con condena firme al cierre de 2024, mientras que 4745 reos -40,6%- se encontraban aún sometidos a un proceso judicial en curso.
El informe también destacó un crecimiento de las detenciones ordenadas por la justicia nacional, que elevaron su número un 4,3% -231 personas-, mientras que las dictadas por el fuero federal aumentaron un 1,6% en comparación al 2023. Por su parte, las detenciones dispuestas por la justicia provincial registraron un incremento interanual del 10,2%.
En cuanto a la composición por género, al final de 2024, el SPF albergaba a 852 mujeres y 40 personas travesti-trans detenidas, con un crecimiento interanual del 7%. A su vez, otro de los aspectos destacados del documento es el crecimiento “relevante” en el número de mujeres embarazadas encarceladas, que pasó de 2 en diciembre de 2023 a 12 en diciembre de 2024. Además, se constató que seis detenidas tienen a sus hijos o hijas con ellas en prisión.
El documento de la PROCUVIN también reflejó una mayor cantidad de jóvenes de entre 18 y 21 años detenidos en el SPF. Ese universo, en rigor, creció un 19%, lo que da un número de 53 personas. De esta franja etaria, el 53,9% cumple prisión preventiva y, por otro lado, 7 de cada 10 de esas detenciones fueron dispuestas por la justicia nacional.
Las personas extranjeras representaron, a finales del año pasado, el 16,1% de la población total de los centros penitenciarios de jurisdicción federal del país, sumando un total de 1884 detenidos. El 69% de ese universo es oriundo de Paraguay, Bolivia y Perú. Y si a esa cifra se le agregan los detenidos provenientes Brasil, Uruguay y Chile, se registra un porcentaje superior al 80% de personas originarias de países limítrofes, siempre considerando la totalidad de extranjeros privados de su libertad.
Así las cosas, al referirse al aumento de la cantidad de personas encarceladas con condena en alojamientos federales y la disminución de detenidos con prisión preventiva en las mismas sedes, la fiscalía especializada postuló en el documento que dicho fenómeno podría explicarse “por una combinación de factores vinculados a procedimientos legales y administrativos”.
“Por un lado -sugirió el informe-, la puesta en práctica de ciertos mecanismos procesales que propician el incremento del ingreso de condenados/as, en muchos casos con condenas cortas y de cumplimiento efectivo”, tales como el efecto de la “entrada en vigencia de la Ley 27.272, aprobada en 2019, que modificó el Código Procesal Penal de la Nación, incorporando procedimiento específico por delito en flagrancia”, o la implementación parcial del “sistema acusatorio en el ámbito federal (Ley 27.063), que incluye una minuciosa regulación de la coerción procesal de carácter personal”.
Por el otro, la PROVUCIN habló de “ciertas modificaciones legales y conflictos interjurisdiccionales que afectaron la forma en que se concretan las detenciones, alargando el tiempo de cumplimiento efectivo de algunas condenas y limitando el ingreso de procesados/as al SPF”, como el “Impacto de La ley 27.375, del año 2017, que establece restricciones para acceder a beneficios en la ejecución de la pena previstos en la Ley 24.660″ y, a su vez, las “Detenciones prolongadas en dependencias policiales producto de topes en el ingreso al SPF”.
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