La Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante este martes el primer Acuerdo de Superintendencia de 2025, donde se evaluó el accionar del tribunal durante todo el año pasado y se debatieron, a su vez, futuras resoluciones ligadas a diferentes causas en trámite. La reunión estuvo encabezada por el camarista Daniel Petrone, quien a fines de diciembre pasado fue elegido por unanimidad para ejercer la presidencia de la máxima instancia en materia penal del país.
El encuentro se desarrolló en la sede de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py al 2002, en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En él participaron la jueza Ángela Ledesma y los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky. El magistrado Diego Barroetaveña se sumó a la actividad de manera virtual.
Uno de los principales puntos abordados durante la sesión fue el balance del año anterior. Se destacó que, pese a contar con tres vacantes de magistrados, las cuatro salas de la Cámara Federal de Casación dictaron más de 7000 sentencias, muchas de ellas vinculadas a causas complejas, en tanto al tribunal suelen llegar expedientes de alto impacto, con casos de corrupción y sobornos, narcotráfico, fraudes al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, sobreprecios en contrataciones, lavado de activos, delitos de lesa humanidad y daños ambientales, entre otros.
Otro tema tratado fue la convocatoria a futuros fallos plenarios en causas que aún continúan en proceso. Esta clase de resoluciones busca unificar criterios en determinados asuntos jurídicos, con el propósito de evitar pronunciamientos contradictorios entre las distintas salas del tribunal. En rigor, son decisiones adoptadas por el conjunto de los jueces del órgano penal para fijar doctrina obligatoria en determinadas cuestiones. Su implementación, en suma, apunta a garantizar mayor coherencia en la jurisprudencia.
Las reuniones de Superintendencia suelen llevarse a cabo todos los martes en la Sala de Acuerdos de Casación. El año pasado, el tribunal procuró celebrarlas con la asistencia -virtual y presencial- de diferentes jueces de las distintas jurisdicciones del país, a fin de abordar la implementación del Código Penal Procesal Federal, que puso en práctica en algunos distritos el nuevo sistema acusatorio.
En efecto, esos encuentros sirvieron para que los camaristas tomaran nota de las urgencias relevadas por los distintos órganos jurisdiccionales asentados en las distintas provincias del territorio nacional. De ese modo, a lo largo de las sucesivas jornadas, se fue registrando la importancia de contar con subsedes de la Oficina Judicial para la puesta en vigor de la reforma procesal, además de la relevancia de incorporar una mayor dotación personal y más equipamiento tecnológico.
A su vez, en dichas sesiones de "carácter federal“, en tanto apelaron a promover un acercamiento entre la máxima instancia penal del país y los tribunales provinciales, se analizó la posibilidad de realizar reformas edilicias y en infraestructura, y se consignó la necesidad de cubrir puestos vacantes para poner en práctica el modelo procesal que tuvo a las jurisdicciones de Jujuy y de Salta como pioneras en su aplicación.
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