La Fiscalía avaló que se trate el amparo que presentó Kueider para ser restituido como senador

Miguel Ángel Gilligan dictaminó que el fuero contencioso federal es el competente para resolver la causa que inició el dirigente detenido en Paraguay

Kueider
Edgardo Kueider en su banca del Senado
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El fiscal civil, comercial y contencioso administrativo federal Miguel Ángel Gilligan dictaminó hoy a favor de que la justicia federal trate el amparo que presentó la semana pasada Edgardo Kueider para ser restituido como senador nacional luego de que la Cámara alta lo destituyera por inhabilidad moral por su detención en Paraguay 211 mil dólares.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Gilligan presentó un dictamen en el que sostuvo que el fuero contencioso administrativo federal es competente para intervenir en el caso. La opinión se la había pedido el juez federal Enrique Lavié Pico. Se trata de un primer paso en toda causa judicial. Ahora el magistrado quedó en condiciones de resolver la medida cautelar que Kueider solicitó para ser repuesto en el cargo.

La defensa de Kueider -a cargo del abogado Maximiliano Ruiz- presentó la semana pasada un amparo. Planteó que la sesión en la que fue destituido es inconstitucional porque la presidió Victoria Villarruel cuando debía estar ejerciendo el cargo de Presidenta de la Nación porque Milei había viajado entre las 12 y las 14 a Italia. “De modo que, a partir de que el Sr. Presidente abandonó el país, la Sra. Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, pasó a ejercer el cargo de Presidente a cargo, con lo cual NO pudo y NO debió como representante del Poder Ejecutivo en ejercicio, presidir la Sesión que se impugna”, sostuvo.

Esa postura fue avalada por el propio Milei, que dijo que la sesión era “inválida” porque Villarruel debía estar al frente del Poder Ejecutivo. “En el momento que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía. Entonces queda a cargo del Ejecutivo el vicepresidente, en este caso la vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si preside la sesión del Congreso está trabajando en el Poder Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación y eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida", sostuvo Milei la semana pasada en declaraciones a la radio El Observador.

El vínculo entre Milei y Villarruel se deterioró aún más luego de la sesión por Kueider (AP)
El vínculo entre Milei y Villarruel se deterioró aún más luego de la sesión por Kueider (AP)

“Aquí debe considerar S.S. (Nda: el juez) que la manifestación pública realizada por medios de comunicación ante la sociedad y esta parte realizada por quien ejerce la representación del Estado Nacional conforma una CONFESION EXPRESA EXTRAJUDICIAL alcanzada por los efectos del art. 425 del CPCC”, sostuvo la defensa de Kueider en una nueva presentación que hizo ayer en la que citó los dichos de Milei. Y agregó: “Por ende, ante la confesión del PEN, no puede rebatirse en este proceso en forma alguna que la Dra. Villarruel ejercía el cargo de presidente al momento de los hechos denunciados”.

En paralelo al amparo, Kueider atraviesa una causa penal en la justicia federal de San Isidro en la que hoy la jueza federal Sandra Arroyo Salgado formalizó el pedido de extradición del ex senador y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, para quedar detenidos en la Argentina. La magistrada había pedido el desafuero de Kueider.

La magistrada también solicitó el traslado de ambos en condición de detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las autoridades paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay, y el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.

Arroyó Salgado tomó la decisión a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.

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