Piden el juicio oral de un hombre acusado de tener en cautiverio a 319 ejemplares de fauna silvestre en Balcarce

La Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, solicitó la realización de un juicio oral y público contra un hombre acusado de almacenar 319 ejemplares de fauna silvestre en un campo de la ciudad de Balcarce, además de poseer armas de fuego sin autorización legal. En colaboración con la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Ambientales (UFIMA), la representante del Ministerio Público pidió también la evacuación de las especies que aún permanecen en el predio rural.

La causa se originó en enero de 2021, cuando en el campo “Los Aromos”, a la vera de la ruta 226, se descubrió una variedad de animales protegidos por la Ley de Conservación de la Fauna (Ley 22.421). Entre las especies había dos tigres de bengala, diez pumas, un gato montés, doce ciervos colorados, doce antílopes de la India, seis ciervos axis, un búfalo, un guanaco, 150 muflones y nueve jabalíes, entre otras. También se hallaron diferentes aves y otros animales autóctonos y exóticos, junto con productos derivados, como cueros, cornamentas y taxidermias que, para la fiscalía, sugerirían una posible actividad de venta ilegal.

El imputado poseía, además, cuatro armas de fuego sin los permisos exigidos reglamentariamente, entre ellas un fusil calibre 308, una carabina, una escopeta calibre 20 y una pistola semiautomática. Las pericias surgidas de la instrucción penal confirmaron que todas estaban operativas y habían sido disparadas previamente, según informó este jueves el Ministerio Público Fiscal.

En rigor, la denuncia que impulsó los procedimientos que darían con estos hallazgos fue realizada por Alejandro Mackielo, jefe de la Brigada de Control Ambiental (BCA) del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tras recibir alertas anónimas sobre avistamientos de pumas o tigres en la zona rural de Balcarce. Una denuncia telefónica, de hecho, aportó datos de geolocalización y fotografías de los felinos, lo que llevó a las autoridades a solicitar autorización judicial para inspeccionar el predio en cuestión. Así, el 6 de enero de 2021, con orden del juez federal Santiago Inchausti, se realizó el allanamiento que les permitió a la Policía Federal y a la BCA encontrar los más de 300 animales junto a las armas sin documentación.

Durante el procedimiento policial, se constató la ausencia de registros veterinarios, historias clínicas y un plan de manejo para asegurar el cuidado adecuado de los animales. Algunos de ellos, destacó el personal de la cartera ambiental, presentaban signos de descuido y mala alimentación. Un tigre macho, por ejemplo, fue hallado con desnutrición, bajo peso, escoliosis en la columna vertebral y una serie de lesiones, según se verificó en una segunda inspección en noviembre de 2022.

El entonces Ministerio de Ambiente diseñó un plan de evacuación en diferentes etapas para reubicar los animales en santuarios especializados. En una primera fase, se trasladaron quince aves y diecisiete muflones. Luego, en mayo de 2023, se concretó el traslado de los dos tigres de bengala al santuario Al Ma’wa, en Jordania, una reserva de alrededor de 110 hectáreas que ofrece condiciones de vida acordes a la especie.

En ese marco, el documento que pidió elevar la causa a juicio expuso que durante las tareas de evacuación el imputado se dedicó a obstaculizar junto a su familia las maniobras de los agentes de la BCA a través de “insultos, improperios, gritos, ademanes, etc., todo con el objeto de alterar a los animales para que su captura y carga se torne más difícil”.

A pesar de estas complicaciones, el traslado de algunos animales se completó, pero varios ejemplares aún permanecen en el predio. Ante esta situación, la fiscal Laura Mazzaferri solicitó que se exhorte a la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros para que asegure la evacuación definitiva de todas las especies, a fin de que “puedan vivir adecuadamente, en un sitio acorde a sus necesidades, con los controles veterinarios pertinentes y con las dietas que se estipulen para cada caso concreto”.

Con todo, para la representante del Ministerio Público, el imputado se dedicaba al comercio ilegal de las especies que tenía en su propiedad. Según expuso en su requerimiento, el acusado no estaba registrado como operador de fauna ni había podido justificar su tenencia legítima. Incluso, incorporó testimonios de vecinos de la zona que dijeron que el hombre era conocido en Balcarce por poseer -desde hace años- animales no originarios del lugar.

“De acuerdo a los testimonios brindados por el personal de los organismos intervinientes en el operativo, el acusado desempeñaba como actividad principal el cuidado y cría de animales, con ejemplares que cuentan con protección por peligro de extinción, los cuales podrían haber sido obtenidos de forma ilegal, por medio de trampas para especies autóctonas, o con medios que requieren de logística para ejemplares no naturales, que claramente fueron transportados desde su hábitat natural hasta el punto de encuentro, y que, por su naturaleza no regulada, en ningún otro momento se les brindaron los cuidados para resguardar su estado de salud”, publicó el MPF en su portal.

La ley que protege la fauna, dictada en 1981, prevé penas que oscilan entre un mes y tres años de prisión junto a la correspondiente inhabilitación especial. Los delitos contemplados sancionan la cacería en campo ajeno sin permiso, de especies vedadas o con medios prohibidos. También se reprime la comercialización y transporte de productos de caza ilegal.