El Senado de la Nación desplazó al empleado de planta permanente Gabriel Oscar Dib, quien en las últimas semanas fue condenado por haber montado su propio negocio de corrupción al interior del Congreso. Desde un puesto clave, conseguía firmas de senadores, tramitaba pensiones graciables a personas de bajos recursos y después se quedaba con el dinero. Una versión primitiva del caso “Chocolate” Rigau con la Legislatura bonaerense.
Dib y tres cómplices fueron sentenciados a mediados de julio por el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín. El trabajador parlamentario reconoció su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado y lograr así una pena menor. Le dieron tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autor del delito de concusión.
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Este tipo de causas suelen pasar por debajo de los radares. Infobae dio a conocer la historia en exclusiva y, a partir de la publicación de este medio, las autoridades del Senado iniciaron un trámite administrativo para corroborar la sentencia y tomar conocimiento del expediente judicial.
Con la información recibida de la Justicia Federal de San Martín, Gabriel Oscar Dib fue suspendido de su cargo y se le brindó un plazo para presentar documentación o algún descargo en su defensa, en el marco de ese sumario interno.
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Fuentes del Senado al tanto de su caso indicaron que el plazo se agotó sin que Dib haya hecho manifestación alguna. De esa manera, su situación se elevó a la Presidencia de la Cámara alta y en los próximos días -de acuerdo a las mismas fuentes- Victoria Villarruel firmará el decreto para formalizar su exoneración, tal como lo prevé la Ley 24.600 de Estatuto y Escalafón para el Personal del Poder Legislativo.
El “Chocolate” del Senado
Según se desprende de la causa judicial, Dib y sus cómplices captaban a personas en situación de vulnerabilidad social y les ofrecían gestionar un ingreso no contributivo ante el Congreso Nacional.
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La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal de Mercedes, determinó que la organización delictiva operó al menos entre enero de 2011 y junio de 2012. La causa se originó por una denuncia del propio Senado Nacional.
La Justicia acreditó la exigencia y el retorno del dinero solamente en los casos de tres víctimas, quienes describieron cómo les quitaron sumas que rondaban los $20.000 -hoy serían entre 9 y 10 millones de pesos- bajo la falsa premisa de que ese pago era un “requisito obligatorio” del trámite.
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Pero se sabe que hubo más personas captadas. Los testimonios de otros damnificados sirvieron para confirmar el funcionamiento general de la red, aunque con varios no se pudo constatar una entrega efectiva de dinero debido al temor de los afectados a sufrir represalias.
El plan ilícito era posible gracias a que Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado, actuando como nexo directo entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente de lo que entonces era el Ministerio de Desarrollo Social.
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Las pensiones graciables, cabe resaltar, son beneficios vitalicios que pueden entregar diputados y senadores a personas sumidas en la pobreza, afectadas por cuestiones humanitarias, o hasta a quienes lo necesiten por méritos artísticos o científicos, por ejemplo.
Dib gestionó los planes a través de tres senadores: Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, todos del Frente para la Victoria. Ellos pusieron la firma para girar las solicitudes al Poder Ejecutivo, pero la Justicia no les atribuyó complicidad o participación alguna en la maniobra.
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Una vez que Desarrollo Social aprobaba y liquidaba la asignación, los involucrados controlaban el momento del cobro en las sucursales bancarias para obligar a los beneficiarios a entregarles los montos acumulados apenas salían del cajero.
La Justicia dio por probado que Dib aprovechó su posición institucional y sus conocimientos sobre el circuito de las pensiones asistenciales para liderar la operatoria.
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