Candidatos muertos y que no sabían que estaban en las listas: procesaron a cuatro apoderados de partidos políticos

Candidatos muertos -en dos casos fallecidos hace más de 10 años - y otros que no sabían que figuraban en las boletas dieron paso a una investigación judicial sobre cuatro partidos políticos que se presentaron en la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO presidenciales del año pasado.

No fueron casos aislados. La Justicia electoral detectó 170 casos de postulantes que desconocían su rol. Pero además los integrantes de las Juntas Electorales Partidarias que aprobaron esas candidaturas tampoco sabían que integraban esos órganos.

Así consta en una resolución del juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla, en la que procesó a los apoderados de “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, Encuentro Republicano Federal” y “Esperanza del Pueblo” por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.

Para el magistrado la maniobra tenía como objetivo formar esas agrupaciones para hacerse de fondos públicos para la campaña y la impresión de boletas que no iban a tener ese destino. “En los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, concluyó Ramos Padilla en su resolución de 187 páginas que dictó hoy y a la que accedió Infobae.

Los procesados fueron Ernesto Raúl Habra -a quien se le allanaron tres domicilios-, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos. Además se les embargó los bienes por montos de entre 480 a 50 millones de pesos, se les prohibió la salida del país y se congelaron sus cuentas bancarias.

La causa se inició en paralelo a las elecciones primarias nacionales de agosto del año pasado. Cuando los partidos políticos presentaron sus listas, la justicia corroboró que los candidatos cumplan con los requisitos. Así se detectaron casos de postulantes que estaban muertos y se inició un expediente penal.

En la investigación declararon 228 personas que eran candidatas en las listas de los cuatro partido a diputados nacionales y a Parlamentarios del Mercosur: 170 dijeron que desconocían que eran postulantes para cargos electivos. Otras seis personas estaban muertas y 58 sí confirmaron que eran candidatas.

Respecto de los fallecidos, la justicia determinó que un postulantes había muerto el día 21 de octubre de 2010 y otro el 21 de noviembre de 2012.

“Creo que pueden haber sacado mis datos una vez –antes de agosto, pero no recuerdo la fecha exacta– que un pastor de una iglesia que manejaba un comedor donde mi marido y yo colaboramos, vino a mi casa en Monte Grande a pedir nuestros datos (número de DNI y nombre completo) para que nosotros podamos ir a pedir mercadería para el comedor”, declaró una mujer que era candidata. Otra dijo que no sabía leer ni escribir y que desconocía cómo llegó a una lista política.

“No estaba enterado de nada. Nosotros nos enteramos a raíz de la carta que ustedes mandaron a nuestro domicilio. No conocía la situación, me está poniendo muy mal”, declaró otro “candidato”. El desconocimiento llegaba a tal punto que uno de los postulantes a Parlamentario del Mercosur dijo que no sabía que era: “No tenía ni idea, si no me llegaba esta citación no me enteraba, no sé qué es el Parlamento del Mercosur. No conocía el partido ni las listas, no le di mi documentación a nadie, no firmé nada.”

“De las declaraciones obtenidas, se observa la existencia de un denominador común en una gran mayoría de los testigos, y es que se trataba personas vulnerables desde un punto de vista socio-económico y/o con problemas de salud de gravedad”, explicó Ramos Padilla en su resolución.

El juez destacó también que los cuatro partidos tienen en común que hicieron presentaciones similares respecto de los documentos que llevaron a la Justicia. En la causa también fueron imputados los integrantes de las Juntas Electorales de los partidos, que son las que deben corroborar la legalidad de cada candidato. Fueron citados 11 y declararon que no sabían que formaban parte de esos órganos. A ellos se les dictó la falta de mérito y seguirán bajo investigación.

“La presentación masiva de precandidaturas falsas coloca a los partidos políticos en una situación de grave sospecha respecto de su vocación real de competir y la persecución de un objeto lícito, ya que la postulación de candidatos conforma la esencia de las agrupaciones políticas, a punto tal que la no participación en elecciones es una de las causas de su caducidad”, sostuvo el magistrado.

Para el juez el objetivo de esas falsedades era constituir partidos para obtener los fondos públicos que el Estado por ley le da a las agrupaciones para la impresión de boletas y para la campaña y que son millonarios. En el caso de estos partidos con un agravante. Cada uno presentó entre tres y cinco listas internas para competir. La ley establece que el financiamiento público es por cada lista y no por partido. Por lo que a más listas, más plata. Y ninguno de los partido superó el piso de votos en las PASO para acceder a las generales.

Según la resolución, a Proyecto Joven se le asignó 352.050.020,32 de pesos; a Justicia y Dignidad Patriótica 124.224.124,30 de pesos; y a Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal no se le dieron fondos porque las listas fueron rechazadas para presentarse en las PASO.

“Teniendo en cuenta la falsedad de las precandidaturas y los órganos partidarios mencionados, en los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, concluyó Ramos Padilla.