La Fiscalía pidió cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por la manipulación del INDEC

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski pidieron hoy que el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno sea condenado a cuatro años de prisión y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Moreno fue acusado de haber cometido los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica.

La Fiscalía concluyó sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py y también pidió condena para otras tres exfuncionarias: cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos para la exdirectora del IPC del INDEC Beatriz Paglieri y dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda. El juicio continuará el próximo miércoles 10 de julio a las 9:30 horas con el inicio de los alegatos de las defensas.

Además, los fiscales también pidieron que se abre una investigación contra la ex ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli. Sostuvieron que el INDEC dependía de su Ministerio y no de la Secretaría de Comercio de Moreno, por lo que entienden que se debe investigar si la ex funcionaria pudo haber también cometido algún delito.

La Fiscalía consideró en sus alegatos que Moreno, como secretario de Comercio, hizo una intervención de facto del INDEC con la designación de Paglieri para bajar artificialmente la inflación. “A martillazos bajaban los índices. La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo”, sostuvo Luciani. Y agregó: “Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada”.

El fiscal señaló que la ley establece la confidencialidad de la información y cada persona del INDEC sabía de esto. “De los testimonios se supo de manera unánime que, desde la llegada de Paglieri, empezaron a extraer a diario una gran cantidad de fotocopias de los formularios de índice que se acumulaban en carpetas para que luego Paglieri las sacaba del organismo”, señaló, y explicó que las fotocopias las hacían Filia y Cámpora Avellaneda.

Ipohorski señaló que para lograr que los índices de inflación sean bajos, se introdujo un sistema de topes de precios que no podían superar el 15 por ciento de aumento por producto. La Fiscalía también señaló que en el INDEC había policías de civil que controlaban a los empleados y algunos de ellos llegaron a ser encerrados en oficinas. También hubo despidos y retiro de contraseñas o de tareas.

La audiencia se hizo por videoconferencia y los cuatro acusados estuvieron conectados. Tras los alegatos de las defensas, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel fijarán la fecha para la audiencia en la que darán a conocer el veredicto.

El juicio comenzó en abril pasado y Moreno negó las acusaciones. “Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos”, señaló el exfuncionario ante el tribunal. Moreno sí reconoció el impacto que tenían los resultados del INDEC. “Es muy complejo cómo se arman los precios. Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos y nos ocupamos de todos los precios, no de algunos. La conversación de los precios se hacía en mi despacho con la persona que designara la empresa”, declaró el ex funcionario.

En esa línea, relativizó la función del organismo. “Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo, mi gestión no dependía de ese instituto. Mi trabajo lo excedía enormemente. Había que preservar el valor del salario y el INDEC solo hacía estadísticas”. Y agregó: “No me interesaba saber los datos estadísticos confidenciales porque yo tenía todos los precios del mercado”.

Este es el cuarto juicio oral para Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.

Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿Casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apeladas y, por lo tanto, no se ejecutaron.

En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del Estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.