Etapa final para el juicio oral a Guillermo Moreno por la manipulación del INDEC

El juicio oral y público contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la presunta manipulación de los precios para medir la inflación entra su etapa final. Las próximas dos semanas serán las últimas de declaración de testigos y luego comenzarán los alegatos de la Fiscalía y de cada una de las defensas de los cuatro acusados del caso.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que al Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py le resta escuchar a los últimos testigos del caso, entre ellos los peritos que intervinieron. La agenda del tribunal está fijada para que la semana que viene y la siguiente se complete ese pasó. Son cuatro audiencias que se realizan los miércoles y jueves de cada semana.

La última, en la primera semana de junio, será para los peritos, que por su calidad de testigos podría ser un poco más extensa que las anteriores. Lo que sí quedó confirmado es que el ex presidente de la Nación Alberto Fernández no declarará como testigo.

La defensa de Moreno había pedido que el ex mandatario declare como testigo. Cuando Moreno estaba al frente de la secretaria de Comercio, Fernández era el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El testimonio de Fernández fue aceptado por el tribunal pero durante el juicio la defensa lo desistió.

Así, el ex presidente no deberá ir a Comodoro Py, donde estuvo la semana pasada para pedir en persona el apartamiento del juez federal Julián Ercolini en la causa en la que está imputado y bajo investigación por el caso de la contratación de seguros durante su gobierno.

Como presidente, Fernández ya había ido a Comodoro Py a declarar como testigo. Fue en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cuando finalicen los testigos comenzará la etapa de los alegatos, en el que se harán los pedidos de condenas y de absoluciones. Primero será el turno de los fiscales federales Diego Luciani y José Lenkiewicz y luego el de los acusados. Son cuatro: Moreno, la ex directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Beatriz Paglieri, y las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda. Finalmente, el veredicto de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel.

En el caso se juzga si Moreno “abusó de las funciones públicas” por instar a funcionarios del INDEC a que le entreguen datos protegidos por su confidencialidad y a que cambien la metodología para medir la inflación y así tener mejores resultados. La imputación también es por la modificación de la base de datos del INDEC que contenía información pública. La acusación es por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica. Lo que se analiza es la manipulación de datos del último semestre de 2007.

En la primera audiencia del juicio oral, a principios de abril, Moreno declaró y negó la acusación. “Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos”, declaró el ex funcionario ante el tribunal y dijo que, para su función, el INDEC no era relevante: “Mi trabajo lo excedía enormemente, había que preservar el valor del salario y allí solo hacía estadísticas”.

Moreno sí reconoció el impacto que tenían los resultados del INDEC. “Es muy complejo cómo se arman los precios. Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos y nos ocupamos de todos los precios, no de algunos. La conversación de los precios se hacía en mi despacho con la persona que designara la empresa”, declaró el ex funcionario.

En esa línea, relativizó la función del organismo. “Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo, mi gestión no dependía de ese instituto. Mi trabajo lo excedía enormemente. Había que preservar el valor del salario y el INDEC solo hacía estadísticas”. Y agregó: “no me interesaba saber los datos estadísticos confidenciales porque yo tenias todos los precios del mercado”.

El del caso del INDEC es el cuarto juicio oral para Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.

Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme ya que fueron apelados y por lo tanto no se ejecutaron.

En tanto, fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.