La Cámara Federal de Casación Penal, bajo la presidencia del Mariano Borinsky, suscribió en pleno la Acordada N°3/24 por la que se decidió adherir a las disposiciones contenidas en el “Protocolo para la prevención, abordaje e intervención en casos de violencia y acoso laboral, con perspectiva de género”, elaborado y puesto en vigencia por el Consejo de la Magistratura de la Nación a través de la Resolución N° 153/2023.
Además del juez Borinsky, firmaron la Acordada los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Javier Carbajo, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar. La aplicación del Protocolo, por otro lado, se hizo extensiva a los empleados, funcionarios y magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal junto a los de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal.
Al momento de formalizar el acuerdo, los camaristas tuvieron en cuenta que el Estado argentino, mediante la sanción de la ley 27.580, ratificó el “Convenio sobre la Violencia y el Acoso” dictado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor el 23 de febrero de 2022 en Argentina.
En virtud de esa normativa, el país se comprometió a “reconocer el derecho de toda persona a disfrutar de relaciones laborales libres de violencia y acoso, estableciendo que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, inaceptable e incompatible con el trabajo decente”.
Bajo esos lineamientos el Consejo de la Magistratura aprobó el Protocolo en cuestión mediante el cual creó la “Oficina de Abordaje de la Violencia y Acoso Laboral con perspectiva de Género”, dependiente de la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico, con una serie de competencias para intervenir en la materia. Allí dispuso también que la Unidad del Consejo “ejercerá” las atribuciones surgidas del Protocolo “hasta tanto se ponga en funcionamiento” la Oficina.
La Acordada del máximo tribunal penal del país resolvió “adherir” a las disposiciones fijadas en el Protocolo y extender su ámbito de aplicación, “sin importar la modalidad de contratación -cargo efectivo, contratado, interino, personal tercerizado-, a los empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias, magistrados y magistradas de la Cámara Federal de Casación Penal y de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal”.
Además, se acordó que Oficina de Persona y Sumarios de la Secretaría General de la Casación “realizará la coordinación y/o articulación con la ‘Oficina de Abordaje de la Violencia y Acoso Laboral con Perspectiva de Género’ de la Unidad de Derechos Humanos y Género del Consejo de la Magistratura”.
También se consignó la necesidad de tener presente que “en todas las instancias de abordaje de las situaciones para las que tiene alcance el presente protocolo se debe respetar la identidad de género de las personas involucradas, y actuar con enfoque interseccional y transversal para considerar las múltiples desigualdades y factores de poder existentes en el ejercicio de la violencia”.
Por último, los camaristas acordaron difundir a través de “todos los medios disponibles” las disposiciones y principios contemplados en el Protocolo junto a la Acordada suscripta con fecha de ayer, con el propósito de “dar a conocer y favorecer el cumplimiento de sus normas con miras a crear ambientes de trabajo saludables y libres de acoso, violencia y discriminación”.
Asimismo, se dio respuesta a un reclamo efectuado por el gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, a cargo de Julio Piumato, para que se apruebe en los tribunales de Comodoro Py un protocolo sobre violencia laboral y de género.
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