Secreto de sumario y más búsqueda de pruebas: la causa contra los piqueteros por extorsión entra en modo reserva

La causa que explotó el lunes pasado con una treintena de allanamientos y en la que se investiga a movimientos piqueteros por extorsión, coacción agravada y defraudación, entró en modo reserva. El juez federal Sebastián Casanello dispuso el secreto de sumario, un paso que se genera en todo expediente cuando se buscan llevar adelante diligencias sin que trasciendan para no poner en riesgo la investigación.

Se supo no obstante que el magistrado ordenó más allanamientos y tomó junto al fiscal Gerardo Pollicita al menos una testimonial para tener detalle de cómo eran los planes sociales bajo la lupa. Es que, entre las piezas a esclarecer, están los movimientos de dinero. Las fuentes consultadas no quisieron dar detalles.

Las defensas en tanto esperan respuesta a sus planteos de nulidad. Y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello respuesta a su planteo para convertirse en querellante.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

Para el fiscal Pollicita, “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social.

Se trata de personas en situación de alta vulnerabilidad social, y dicha exigencia se hacía bajo diversos conceptos como “cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”. O para cobrarles por la entrega de alimento, pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional, u obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional, quedándose los acusados con la ganancia, y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen, e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales”. Eso sucedía, sostuvo el fiscal, “bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería.”

Las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal señalaron un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” —al comienzo y al final—, la confección de “listas de castigados” —que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas—, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etc.—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos —por plazos determinado.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas que fueron allanadas el lunes pasado en el marco de causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales.

Se trata de Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza

Pero además el magistrado pidió al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), que es la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas. La expectativa, sin embargo, es esperar al análisis de toda la documentación y pruebas que se lograron obtener en los procedimientos: los celulares serán claves, indicaron a Infobae fuentes judiciales.