Condenaron a una ex intendenta radical a tres años de prisión por corrupción

La ex intendenta radical de Resistencia, Chaco, Aída Ayala, fue condenada a tres años de prisión por un caso de corrupción con la recolección de residuos. La condena fue dictada por el Tribunal Oral de Resistencia por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Pero no irá a prisión porque la pena es en suspenso. Además, fue absuelta por el delito de lavado de dinero.

Pocos minutos después de la lectura de su condena, Ayala se desmayó en la sala de audiencias. Tuvo que ser asistida por médicos y el presidente del tribunal oral, Juan Manuel Iglesias, dispuso un cuarto intermedio. Luego la lectura continuó, pero sin Ayala. “Por el tema emocional los médicos recomendaron que se retire del tribunal, lo que fue autorizado”, explicó Iglesias sobre la situación de Ayala.

De los 17 acusados, ocho fueron condenados, entre ellos Jacinto Sampayo, actual secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, a tres años y seis meses de prisión por lavado de dinero, y Daniel Fischer, ex pareja de una de las hijas de Ayala y quien trabajó con la ex intendenta en su campaña para la gobernación, a seis años y seis meses de prisión por fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero. El resto de los nueve imputados fueron absueltos.

En el caso se juzgó la decisión de Ayala en 2014, durante su último mandato como intendenta, de darle a la empresa “Pimp S.A.” de manera indebida el negocio de la recolección de basura en la ciudad y que luego lavaron el dinero obtenido de los contratos: 260 millones de pesos.

“Soy inocente. Definitivamente esta fue una causa armada. El objetivo era mi persona. Fue en 2017, luego de un éxito rotundo donde yo me postulaba a la gobernación. El objetivo era terminar políticamente con mi carrera y aquí están las pruebas”, dijo Ayala en sus últimas palabras. La ex funcionaria responsabilizó a la jueza federal Zunilda Niremperger y al fiscal Patricio Sabadini -quienes la investigaron y enviaron a juicio oral- y los denunció por mal desempeño.

Ayala era una de las dirigentes del radicalismo más importante de la provincia. Fue tres veces consecutivas intendenta de Resistencia, de 2003 a 2015. Ese año fue la candidata de Cambiemos -entonces la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, luego devenida en Juntos por el Cambio- para la gobernación de Chaco que perdió contra el peronista Domingo Peppo. En 2015, con Mauricio Macri como Presidente de la Nación, asumió como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, cartera a cargo de Rogelio Frigerio. Y en 2017 juró como diputada nacional.

En esta causa, Ayala tuvo una orden de detención que nunca se concretó por sus fueros como diputada. La justicia pidió su desafuero, pero los legisladores de la UCR y el PRO no dieron los votos para tratar el planteo y en mayo de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la orden de detención, lo que también hizo concluir la discusión en el Congreso.

Durante el juicio oral, el fiscal federal Federico Carniel dio por probada la acusación contra Ayala y pidió que sea condenada a 10 años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado. “Lo que se vio es una obra arquitectónica de empresarios y funcionarios para defraudar al Estado municipal, una práctica que ya venía de un tiempo atrás y para la cual necesitó no sólo a los empresarios sino a las más altas autoridades de la municipalidad”, había dicho el fiscal en sus alegatos.

La Fiscalía planteó en su acusación que la empresa “Pimp S.A.” fue la única que se presentó a la licitación por la basura y que en tiempo récord ganaron el primero de los varios contratos que tuvieron con el Municipio. También que cuando Ayala dejó la intendencia la empresa no tuvo más actividad. Señalaron que Ayala y Sampayo fueron los ideólogos de la maniobra que se extendió de 2014 -último año de Ayala como intendenta- hasta 2018.

El veredicto fue dictado por unanimidad por los jueces Iglesias, Enrique Bosch, y Noemí Berros que condenaron a Ayala por el fraude a tres años de prisión, a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al pago de una multa de 90 mil pesos y a hacer tareas comunitarias ocho horas por meses durante dos años en establecimientos públicos de salud o de educación. Pero entendieron que no cometió el resto de los delitos.

Los demás condenados recibieron penas de seis años y seis meses de prisión a tres años por fraude y lavado de dinero. Son empresarios o quienes tuvieron distintos roles en el entramado del lavado. El tribunal también ordenó el decomiso de bienes.

El próximo 8 de julio a las 12 horas los jueces van a dar a conocer los fundamentos de su decisión. A partir de allí tanto las defensas como la Fiscalía podrán apelar para que el fallo sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ayala deberá afrontar otro juicio oral -en el mismo tribunal- por corrupción. Se trata de un caso en el que está acusada por haber firmado un convenio con el municipio de Quitilipi, en la provincia de Chaco, para la compra de herramientas y maquinas en el que se pagaron sobreprecios.

Ayala, como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de maquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el convenio intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios, lo que fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo la Fiscalía cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral.

“Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”, declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de “Service Hogar”, una empresa que no tiene local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.