Salta: dictaron la prisión preventiva de tres personas que llevaban casi 46 kilos de cocaína en dos tanques de nafta

Un juez federal de la provincia de Salta imputó a tres personas por el delito de transporte de estupefacientes tras ser descubiertos por la Gendarmería Nacional con cocaína oculta en los tanques de nafta de dos vehículos. En rigor fueron dos hechos distintos que llevaron a la práctica una misma modalidad: un padre y un hijo fueron detenidos con casi 25 kilos de droga, mientras que el tercer acusado llevaba una carga de 21 kilos. Los tres quedaron en prisión preventiva por pedido de la fiscalía y luego de dos audiencias judiciales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), la decisión estuvo a cargo del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien hizo lugar a las imputaciones penales planteadas por el fiscal Marcos César Romero, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal.

Los dos casos en cuestión ocurrieron en fechas distintas pero un mismo modus operandi. En el primero de los hechos quedaron imputados Ramón Marcelo Lazarte y su hijo de 17 años, quienes fueron detenidos en un control de rutina de la Gendarmería Nacional el pasado 21 de marzo cerca de las 11:50 sobre la ruta 34, a la altura de la localidad de Aguaray.

De acuerdo a las actuaciones, la fuerza de seguridad detuvo en el marco de un retén a una camioneta doble cabina Nissan manejada por Lazarte. En los controles de rigor, el conductor dijo que era jornalero y rápidamente surgieron contradicciones entre los dos respecto de dónde provenían. Al principio explicaron que habían salido desde Campó Durán, pero después se corrigieron y aseveraron que venían desde Salvador Mazza con destino a la ciudad de Tartagal.

El estado de sospecha fue escalando. Los gendarmes comenzaron a revisar detalladamente el vehículo y, según consignó el MPF, detectaron que el registro de combustible del tablero de control no se correspondía con el peso del tanque. Luego se registró una pérdida de nafta y se descubrió que los tornillos habían sido removidos. Todos estos indicios llamaron la atención del personal de Gendarmería, que solicitó autorización a la fiscalía de turno para proceder a realizar una requisa más profunda.

Con la dirección del auxiliar fiscal José Rafael Lamas y la intervención de un perro antinarcóticos, quedó consignada la probable existencia de droga en el tanque de combustible de la camioneta. Poco después, el uso de un scanner móvil de Gendarmería Nacional y de uno fijo en el puesto de la Dirección de Aduanas, en Salvador Mazza, lo validaron.

Trasladado el vehículo a la base operativa de Aguaray, los gendarmes desarmaron el tanque y encontraron 44 paquetes con 24 kilos y 895 gramos de cocaína. Tras el hallazgo, se dictó la detención inmediata de Lazarte y de su hijo

Por otra parte, el fiscal Romero también presentó ante el mismo juez el caso de Silvio Alejandro Soria, quien conducía la misma camioneta -aunque de color gris- y fue detenido por el Escuadrón 61 “Salvador Mazza” en términos muy similares al hecho anterior. En este caso, el 23 de marzo el imputado manejaba cerca de las 13.30 por la ruta 34 cuando el control fijo “Carapari”, a la altura del kilómetro 1482, del paraje Arenales, solicitó su detención vehicular.

En la requisa, el conductor precisó que había salido de Salvador Mazza y que manejaba con destino al sur de Salta. Los gendarmes procedieron a realizar una inspección física del auto, donde dieron cuenta de algunas fallas e inconsistencias en los bulones que sostenían el tanque de nafta. Luego el perro detector señaló ese sector del vehículo como una señal positiva de presencia de estupefacientes.

La fiscalía a cargo dio la orden de desmontar el tanque de nafta. Eso permitió descubrir un cargamento de 21 kilos de cocaína envueltos en paquetes forrados. Así como Lazarte y su hijo, Soria quedó detenido de manera inmediata.

Así las cosas, en dos audiencias judiciales distintas, el juez Montoya resolvió imputar a los tres detenidos por el delito de transporte de drogas previsto en el artículo 5, inciso c, de la ley 23.737, que contempla una pena de hasta 15 años de cárcel. También convalidó el pedido fiscal de prisión preventiva y dio curso a una serie de diligencias para avanzar con la investigación como el análisis de los celulares secuestrados.