Rosario: la justicia rechazó reclamos de jefes narco por sus condiciones de detención

La justicia federal rechazó en las últimas semanas una serie de planteos que hicieron los jefes e integrantes de bandas narcos de Rosario por sus condiciones de detención que se hicieron más estrictas desde el mes pasado cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, estableció un nuevo protocolo para presos de alto riesgo.

Los reclamos son de presos alojados en la cárcel federal de Marcos Paz, donde por ejemplo se encuentra Ariel “Guille” Cantero -jefe de la banda “Los Monos”- y van desde pedidos para tener una cocina, que el peluquero pase más seguido por el pabellón, que tengan más visitas o más tiempo en los patios.

Todos los planteos fueron rechazados por la justicia federal de Morón que estableció que en muchos casos lo que se denunció era falso -por ejemplo que un preso que atacado con gas pimienta por un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF)- o porque las restricciones forman parte de las atribuciones que el estado tiene en materia de seguridad y en concreto para presos que siguieron cometiendo delitos desde sus lugares de detención.

“Los habeas corpus de presos es algo histórico. Se quejan de todo lo vinculado a sus condiciones de detención y así buscan algún beneficio. Pero desde que se aplica el nuevo régimen de presos de alto riesgo hay más presentaciones. Intuimos que también buscan apretar a los penitenciarios o tener otra manera de coimearlos”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en estos temas.

Bullrich puso en marcha a fines de enero el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”. Se trata de un protocolo por el cuál se establecieron nuevas condiciones de detención para los considerados presos más peligrosos, integrantes de bandas de crimen organizado y que siguen cometiendo delitos desde sus lugares de detención. Eso ocurre con los jefes narcos de Rosario.

De hecho, el gobierno de la provincia de Santa Fe, a cargo de Maximilio Pullaro, estableció un sistema similar y en las últimas semanas mostró fotos de presos en la cárcel de Piñero después de una requisa al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele: detenidos con el torso desnudo, en fila india en el piso y fuera de sus celdas. La respuesta del crimen organizado a eso fue el crimen de cuatro personas en cinco días y la amenaza de seguir matando inocentes.

El protocolo de Bullrich establece para las cárceles federales que los presos de alto riesgo serán alojados en unidades que no están en provincias donde sus organizaciones tengan influencia y dentro de las unidades “en sectores con estrictas medidas de seguridad física”. Las celdas son individuales y con una cantidad mínima y necesaria de elementos. Tampoco pueden tener contacto con otros presos de alto riesgo y solo pueden recibir visitas de personas allegadas a través de un blindex o en un locutorio, no con contacto directo.

Uno de los narcos detenidos en Marcos Paz es Matías Álvarez que denunció que un agente penitenciario lo roció con gas pimienta luego que le cortaron la luz de su celda y pidió que se mejoren sus condiciones de detención. El habeas corpus fue rechazado. El fiscal federal de Morón Sebastián Basso señaló en su dictamen que Álvarez forma parte del protocolo de presos de alto riesgo.

“Álvarez no se encuentra alojado en las mismas condiciones que el resto de la población carcelaria sino que se encuentra bajo un sistema de control establecido por las autoridades nacionales mucho más rígido”, sostuvo el fiscal y agregó que “el trato que recibe por parte de los agentes penitenciario en principio obedece al Sistema en el cual se encuentra registrado, toda vez que fue categorizado como interno de alto riesgo”. Sobre el ataque con gas pimienta dijo que el examen médico no concluyó que haya sufrido alguna lesión.

Julio Andrés Rodríguez Granthon es líder de la venta de drogas de villa Banana, en Rosario, y está preso en la cárcel de Marcos Paz. Denunció que en su pabellón hubo un problema por el uso de la cocina y que sus compañeros le dieron de comer una rata. Pidió que le hagan estudios de manera urgente para saber si podía estar intoxicado y reclamó que le dejen instalar una cocina en el pasillo de su celda y que le provean un horno, un microondas y una heladera. También pidió más tiempo para estar en el patio porque los integrantes de otras bandas le tiran cosas desde su celda. Y por último pidió que el peluquero pase por el pabellón porque la última vez que había estado fue en diciembre.

“Las circunstancias manifestadas no encuentran objeto procesal a analizar que permita avanzar con la pesquisa, toda vez que el manejo del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo -y el consecuente lugar de alojamiento para internos considerados de alto riesgo- se encuentra dentro de las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, motivo por el cual no se advierte la comisión de ilícito penal alguno en esta elección”, resolvió la justicia de Morón.

“Guille” Cantero también buscó mejorar sus condiciones de detención. El jefe de “Los Monos”, quien en uno de los juicios orales que atravesó dijo que su trabajo era “contratar sicarios para matar jueces”, se presentó en la justicia para decir que era bisexual y que por esa condición debía extender la cantidad de gente que lo visitaba. Pero también denunció a las autoridades de la cárcel de Marcos Paz por haber hecho público su condición sexual y que eso lo perjudica porque le impiden tener más visitas.

“A raíz de los detalles brindados por el interno Cantero no se desprende ninguna hipótesis delictiva que amerite la persecución penal, como así tampoco existen medidas que puedan arrojar luz sobre sus dichos. En tal sentido la vaga alusión, basada únicamente en conjeturas, de que personal penitenciario haya propalado un rumor, más allá de no tener un basamento fáctico verosímil, carece de una nota delictual, razón por la cual no puede ser encuadrada en ninguna figura prevista por nuestra legislación penal”, dictaminó hace una semana el fiscal Basso para rechazar el planteo.