La UBA da inicio a la 12va edición del Posgrado Combate Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Desde el mes de abril y hasta diciembre del corriente año se desarrollará en la Universidad de Buenos Aires el Programa de actualización sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este posgrado es organizado por la Facultad de Derecho de la UBA y por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica (CESH), auspiciado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), con el apoyo de la Cámara Argentina Fintech y la Asociación de Bancos Argentinos, y tiene como media sponsor a Infobae.

Esta será decimosegunda edición del programa que tendrá una duración de 9 meses y las clases se dictarán en forma virtual una vez por semana con cuatro encuentros presenciales obligatorios en los meses de junio, agosto, octubre y diciembre.

El staff de profesores está integrado por los actores más importantes y destacados en la materia tanto de la región como a nivel global. Son más de 60 docentes, entre ellos el Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee; el juez federal Ariel Lijo; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; y el Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Martín Yacobucci.

Con motivo del inicio de esta edición del posgrado, Infobae dialogó con su Director, Juan Félix Marteau, quien es además Profesor regular de criminología de la Universidad de Buenos Aires y abogado con 20 años de experiencia en materia de ilícitos económico-financieros.

- Dr. Marteau, cual es la relevancia que tiene la Evaluación Mutua que enfrenta la Argentina ante el GAFI, considerando que usted fue el responsable de la Coordinación Nacional en la 2da Ronda y el posgrado cada año analiza el desempeño de los organismos públicos y entidades privadas que integran el sistema anti-lavado y contra-financiación del terrorismo?

La Evaluación ante GAFI es importante ya que permite comprender, por un lado, como la Argentina se acopla a la globalización técnica que gobierna la lucha contra los ilícitos financieros, lo que siempre presenta muchas dificultades para países como el nuestro debido a la indefinición de políticas de Estado sustentables y, por otro, en el plano interno, deja ver cuáles son las verdaderas capacidades de los organismos de mitigación, preventivos y represivos sobre un tipo de criminalidad que es casi invisible, muy compleja y en permanente transformación como es la que llevan adelante los lavadores de las organizaciones criminales y los financistas del terrorismo. En cualquier caso, entiendo que es un tema que debería ocupar un lugar más destacado e importante en la agenda pública nacional, con independencia de que nos evalúe la comunidad internacional representada en este caso por GAFI.

- ¿Cuál es su expectativa respecto al resultado de esta evaluación?

El sistema nacional argentino es ineficiente: se han logrado más de un centenar de condenas desde el año 2.000 cuando el país ingresó al mecanismo GAFI, pero lo más relevante es que existen evidencias fácticas que demuestran que la gran criminalidad, la que produce más dinero ilícito, está más presente y más robusta en nuestro territorio, con mayor posibilidad de dañar no solo el orden económico-financiero, sino también el orden y la paz pública. Hay que mantener atenta la mirada sobre este aspecto, ya que el narcotráfico ha encontrado nuevas oportunidades en la Argentina, que no serán fáciles de extirpar.

- Sin embargo, el gobierno anterior y el nuevo gobierno han enviado al congreso un extenso proyecto de ley con reformas tanto en materia de lavado de activos como de financiación del terrorismo.

Sí, la cercanía de los evaluadores de GAFI despierta algunas inquietudes en nuestros funcionarios de turno. Siempre pasa lo mismo. Viene GAFI y enviamos leyes al Congreso. Nadie seriamente puede pensar que allí está la solución a las amenazas que nos plantean los lavadores y financistas del terrorismo. Lo más infantil es que creamos que el camino correcto es continuar imponiendo más regulaciones al sistema financiero formal. Particularmente no puedo comprender cómo esto puede aceptarse desde un gobierno libertario. Con independencia de los aspectos ideológicos, es muy importante recordar que el sistema, desde la UIF a la justicia penal, necesita otros recursos humanos y tecnológicos para poder debilitar realmente a la criminalidad organizada y el terrorismo.

- En la edición del curso de posgrado de este año ¿se analizarán las cuestiones vinculadas con el impacto que trae la evaluación de GAFI para las empresas y el sector privado?

Sí, claramente. Le recuerdo que son profesores de este curso los principales actores del sistema anti-lavado y contra-financiación del terrorismo de la Argentina y también de otros países como Estados Unidos y Brasil, que exponen su visión sobre este problema sin vueltas ni condicionamientos. Aquí rige el principio pleno de libertad de cátedra, sin restricciones ideológicas de ninguna especie. Además, participan los responsables de importantes empresas reguladas en esta materia que exponen cómo trabajan con las cada vez más extensas y cambiantes regulaciones.

Los alumnos se llevan una visión muy realista de quién es quién en este juego y cuáles son las herramientas existentes en este campo de la realidad tan complejo. Este año vamos a incorporar una explicación sobre el lugar que puede o debe ocupar este tipo de temas en la órbita de un gobierno que abiertamente proclama la libertad económica y es enemigo de las pesadas regulaciones estatales sobre el sector privado. Es algo inédito en la Argentina este proceso político. Vamos a tratar de decodificar cuál es el rol del Estado y cuáles son las potencias que debe tener para cuidar la paz de los argentinos.

Asimismo, en diálogo con Infobae, Sebastián Martinenco, coordinador académico del CESH-UBA y del curso de posgrado resaltó que este año los alumnos podrán aprovechar las lecciones de profesores como Mariano Borinsky, Raúl Pleé, Mario Villar, Ariel Lijo, Pablo Yaradola y Miguel Guerrero entre otros funcionarios destacados del Poder Judicial de la Nación y de fiscalías especializadas en la materia como PROCELAC y PROCUNAR.

Martinenco contó que participarán funcionarios de los principales organismos reguladores del país, como el presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci y destacados funcionarios del Banco Central de la República Argentina, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Comisión Nacional de Valores, y de la Lotería Nacional, entre otras entidades.

Además, estarán los responsables de las áreas de prevención de lavado de las más importantes compañías financieras del sector bancario y fintech -billeteras digitales y exchanges de criptoactivos-.

Finalmente, el staff de profesores se completará con expertos -nacionales e internacionales- de las principales materias o temáticas vinculadas con la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La inscripción se realizará durante todo el mes de marzo en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.