La fiscal federal Mariela Labozzetta imputó al ex intendente de Moreno Walter Festa y a su ex mujer Romina Uhrig, la ex diputada conocida por su participación en Gran Hermano, por el delito de lavado de dinero. Es por una serie de operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos y en Salta.
En el dictamen, la fiscal sostuvo que Festa y Uhrig “habrían puesto en circulación fondos de procedencia ilícita –cuanto menos desde el año 2018 a la fecha–, mediante la adquisición, edificación, administración y transferencia de inmuebles ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y Salta, como también a través de la adquisición de diversos vehículos automotores”.
Festa y su ex mujer ya estaban siendo investigados por la justicia provincial por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese expediente tramita actualmente ante la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Moreno. En cambio, la causa por lavado se inició el año pasado por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
La mayor inversión del ex intendente de Moreno se concentró en VillaRobles, un barrio privado ubicado en el partido de Costa, muy cerca de Costa Esmeralda, otro refugio para las inversiones de muchos políticos. Villa Robles, fundado por el empresario Raúl Vertúa, detenido en la causa de los cuadernos.
En ese lugar, Festa compró los lotes 543 y 544 y construyó una casa que, según la documentación que figura en el expediente judicial, fue vendida en diciembre de 2018 en $5.250.000, unos USD 134 mil de ese momento.
La supuesta compradora fue Elsa Verónica Vendrell, una empleada de la Municipalidad de Moreno y vecina del ex intendente en el barrio Terravista, donde Festa también tiene inversiones. Vendrell también fue imputada por lavado de dinero.
Varios testigos aseguraron que no es la única propiedad del ex intendente en Villa Robles. Las sospechas apuntan a otra casa ubicada en el lote 140. En el expediente figura como “inquilino” de esa propiedad desde 2016. De hecho se secuestraron contratos temporales y luego un contrato más extenso entre 2019 y 2021.
Los vecinos del barrio la conocen como “la casa del médano”, porque está muy cerca de la playa. En las expensas, esa propiedad figura a nombre de Marcos Aldao, un constructor muy vinculado a los dueños del barrio que también aparece como propietario de los lotes 34, 38, 75, 167, 598, 367, 368 y 592. Aunque los papeles digan eso, la Justicia sospecha que el ex intendente es el verdadero dueño.
El 8 de mayo de 2019, cinco meses después de “vender” la casa de Villa Robles de los lotes 543 y 544, Festa y Uhrig compraron dos lotes en el barrio cerrado Terravista, donde vivieron durante un tiempo. Según la documentación que tiene en su poder la Justicia, pagaron USD 100 mil en efectivo y otros USD 100 mil en cuotas.
Otro foco de inversiones estuvo en la provincia de Salta, donde la pareja solía viajar. La operación quedó registrada el 8 de octubre de 2018, cuando Festa era intendente de Moreno. En los papeles figura que pagó $5.805.000, unos 150 mil dólares de ese momento, por tres lotes ubicados en la esquina de Hurtado y Silverio Chavarría.
Los tres lotes, pegados a un hotel boutique de Cafayate, actualmente estarían a nombre de un empresario que vive en la capital salteña.
El dictamen de la fiscal también tuvo en cuenta una nota publicada por Infobae en agosto de 2023 que daba cuenta de una flota de autos que habían comprado el ex intendente y su entonces pareja. Los vehículos fueron puestos a nombre de Arroyo del Centro SRL, una sociedad de ambos.
Mediante esa sociedad, Festa y su mujer adquirieron una franquicia de una rentadora de autos para operar en la provincia de Córdoba y compraron una decena de autos. Pero nunca los registraron a su nombre. Por ese motivo, el negocio hasta ahora había quedado afuera de radar de la Justicia.
Tras el fracaso de emprendimiento, luego de la pandemia, Festa retiró los vehículos que ya había cancelado y los trasladó a Buenos Aires. Varios de esos autos terminaron en manos de familiares y allegados. Pero seguían a nombre de la empresa Cactus.
La fiscal Labozzetta pidió un total de 26 medidas de prueba, varias de la cuales ya fueron ordenadas por el juez federal Jorge Rodriguez, pudo saber este medio.
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