El juez federal Sebastián Casanello encabezará mañana una audiencia en su despacho con la fiscal Paloma Ochoa, dirigentes de izquierda y autoridades del Ministerio de Seguridad, en el marco del habeas corpus entablada contra el protocolo antipiquete. Fuentes de la cartera dijeron a Infobae que la ministra Patricia Bullrich evaluaba concurrir en persona a la reunión, prevista para las 11. Mientras tanto, movimientos de la izquierda anunciaron una movilización a los tribunales de Retiro para manifestar su repudio a las iniciativas del Gobierno frente a las marchas.
Todo se enmarca en la presentación que presentó María Celeste Fierro, la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda Unidad, en busca de que se suspenda este mecanismo por entender que se están vulnerando derechos y garantías en la movilización. Pidió la inconstitucionalidad del procedimiento y una cautelar que frene su aplicación. El Protocolo comenzó a regir el 14 de diciembre pasado.
La demanda se presentó en la justicia electoral y de ahí pasó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Un juez de ese fuero se declaró incompetente y ordenó enviarla a la justicia criminal nacional, pero ese juez también lo rechazó. Pulseada mediante, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que el caso era de Comodoro Py, donde por sorteo le tocó al juez Casanello.
En ese contexto, el juez le pidió informes al Ministerio de Seguridad para que responda en 72 horas cuáles fueron los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el Protocolo y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos.
El ministerio defendió las medidas: se sostuvo que esa normativa se dictó “por la urgencia de la situación” y “la confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública”. Ese escenario, dijo, “ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida”. También dijo que “el ejercicio de un derecho no puede servir para cometer actos ilícitos” y afirmó que si se hiciera lugar al reclamo la Justicia “se estaría entrometiendo en las competencias constitucionales e institucionales propias del Poder Ejecutivo”.
Pero la semana pasada, el juez Casanello exhortó al Ministerio de Seguridad que ajuste el accionar de las fuerzas de seguridad a los límites fijados por la Constitución Nacional en el marco del protocolo antipiquetes. Subrayó que las fuerzas de seguridad tienen un rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y que sólo excepcionalmente, y en función de una habilitación legal, pueden detener cuando haya razones de urgencia, y al sólo efecto de llevar a las personas ante un juez.
En ese contexto, la realización de diligencias urgentes, dijo Casanello, no puede ser aprovechado “como excusa para incumplir con la inmediata consulta a la autoridad judicial”. Además, se debe respetar la razonabilidad que atañe a todos los actos del Estado: “La utilización de la violencia debe ser el último recurso y debe incluir un test de proporcionalidad que tenga en cuenta los derechos y libertades conculcadas”.
El juez convocó a sus autoridades a una audiencia en tribunales junto a legisladores de izquierda y la fiscalía para resolver el habeas corpus solicitado. Eso es lo que se discutirá mañana. Fuentes de la cartera señalaron que iría personal de Jurídicos y el abogado Fernando Soto, pero no descartaron que la propia ministra se hiciera presente
Las agrupaciones de izquierda convocaron a movilizarse hasta Comodoro Py 2002 para acompañar el reclamo contra las medidas de Bullrich. Y dijeron que la ministra tenía que estar presente allí para dar explicaciones. “El protocolo toma un corte de calle y una marcha como un delito y eso solo lo debe interpretar la Justicia, no el Poder Ejecutivo -sostuvo Fierro en diálogo con este medio- Para que se terminen los cortes de calle, hay que dar respeta a las problemáticas sociales. En la audiencia vamos a seguir insistiendo en que el protocolo es inconstitucional. Si bien el fallo de Casanello no la declara, plantea que el protocolo se tiene que adecuar a las críticas que hicieron los relatores del comité de derechos humanos de la ONU. Para nosotros está claro que no cumple esos parámetros”.
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