El avión venezolano-iraní sería desguazado cuando finalice el proceso judicial y se venderá por partes

Luego de una intensa batalla judicial, el avión avión venezolano-iraní fue trasladado este lunes a Estados Unidos y ahora espera definiciones en un pequeño aeropuerto cerca de Miami. Según pudo saber Infobae, la aeronave terminaría siendo desguazada y vendida por partes. “El avión vale entre USD 6 y 8 millones pero fabricante (Boeing) no puede certificar la trazabilidad de las partes, detalló una fuente judicial.

La operación de traslado se mantuvo en reserva y recién trascendió el lunes a la madrugada, cuando el avión despegó desde Ezeiza. Nueve horas después aterrizó en el aeropuerto de Transición y Entrenamiento Dade-Collier, ubicado dentro de los Everglades de Florida, a 58 kilómetros del distrito central de negocios de Miami, en el condado de Collier.

¿Por qué en ese lugar? “Este asunto está siendo investigado por la Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio y la Oficina de Campo de Miami del FBI”, dice un comunicado del Departamento de Estado. De la investigación también intervienen el fiscal federal adjunto Rajbir Datta para el Distrito de Columbia, el fiscal federal adjunto Andy R. Camacho para el Distrito Sur de Florida y el abogado litigante Alexander Wharton de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional, entre otras personas.

“La llegada a Estados Unidos de este avión incautado es un ejemplo contundente de nuestros esfuerzos incesantes para impedir que Irán y sus agentes se sirvan de la tecnología estadounidense y se beneficien de esta”, expresó Matthew S. Axelrod, secretario adjunto para Control de Exportaciones.

Con la operación terminada, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, agradeció la colaboración y cooperación del gobierno argentino y en particular del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, que destrabó el proceso.

El decomiso había sido ordenado por un Tribunal de Columbia el 3 de mayo del año pasado. Dos días después, el pedido llegó al Ministerio de Justicia pero estuvo congelado por orden del entonces ministro Martín Soria y del vice Juan Martín Mena, que tiene estrechos vínculos con Venezuela. Apenas asumió, Mariano Cúneo Libarona dio la orden de cumplir con el Tratado de Asistencia entre ambos países y remitir las actuaciones al juez federal Federico Villena.

Antes de fin de año, el nuevo secretario de Justicia, Sebastián Amerio, le mandó al juez dos solicitudes complementarias de asistencia jurídica remitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante 2023. Antes de decidir, el magistrado le corrió traslado a la fiscal Cecilia Incardona, que en menos de 48 horas dictaminó a favor del decomiso. Esa decisión desencadenó otra dura embestida del gobierno venezolano.

En Argentina, la causa por el decomiso no está cerrada. La orden de Villena fue apelada por la empresa Emtrasur, representada por el estudio de Maximiliano Rusconi, y ahora está bajo estudio de la Cámara Federal de La Plata. Aunque esa apelación impedía el traslado, finalmente se autorizó con el compromiso de Estados Unidos de regresar el avión si “hay una decisión de una instancia superior”, reveló una fuente de la investigación.

La aeronave estaba hace más de un año en el aeropuerto de Ezeiza bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, aunque todas las tareas de mantenimiento quedaron a cargo de la empresa Risk Mondial, Aviation & Recovery. “Se decidió el traslado porque se estaban gastando miles de dólares con el avión parado”, apuntó esa misma fuente.

El juez Villena todavía tiene abierta la causa contra varios de los tripulantes, que tienen falta de mérito, y ahora investiga el misterioso episodio que ocurrió el 5 de febrero, cuando un diplomático de la embajada de Venezuela en Argentina, identificado como José Jesús Jatar Díaz, ingresó al aeropuerto y se dirigió hasta una zona restringida donde está el avión. En ese lugar, sacó varias fotos de la aeronave con su teléfono celular hasta que fue sorprendido por efectivos de la PSA.

Un informe de la PSA, elevado a la Justicia, destaca que Jatar Díaz, que ya fue expulsado del país, estaba acompañado por un empleado de la ANAC, que le habría permitido el ingreso hasta el área restringida. Los investigadores apuntan a ese organismo, que está acéfalo tras la renuncia de Paola Tamburelli.

Las sanciones que derivaron en el decomiso

El Boeing 747-300 pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE.UU. El conflicto comenzó cuando la aeronave pasó a manos de EMTRASUR, una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sin la autorización del gobierno de Joe Biden. La situación se agravó entre febrero y mayo de 2022, porque la empresa venezolana permitió que el avión viajara desde Caracas a Teherán y Moscú.

La aeronave llegó a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para Volkswagen. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.

El 8 de junio, dos días después de su llegada, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Ante el escándalo, el gobierno argentino argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles. Pero igualmente debió soportar las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.

El piloto iraní y otros cuatro tripulantes estuvieron retenidos casi un año en el país.