La denominada Ley Ómnibus despertó una alarma en el Ministerio de Justicia. En el Capítulo V, referido a la Oficina Anticorrupción, la norma plantea que podrá “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”, tal como venía ocurriendo hasta 2019. Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguraron que se trató de una “omisión” que será “subsanada en el corto plazo”.
El flamante ministro, Mariano Cúneo Libarona, viene sosteniendo en todas sus intervenciones que la OA, que estará a cargo de Alejandro Melik, y la Unidad de Información Financiera (UIF) deben dejar de ser querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero.
“Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”, le dijo a este medio en una entrevista publicada este martes.
Algo similar planteó en otras apariciones públicas.
El proyecto de ley enviado ayer al Congreso, plantea reformar el artículo 13 ter de la ley N° 25.233, que habla de la facultades de la Oficina Anticorrupción. El inciso “M” de ese artículo quedó redactado sin los cambios previstos: “Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia”.
Desde el Ministerio de Justicia aclararon que se trató de una “omisión que será “subsanada mediante un DNU”.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la OA se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, y bajo la gestión de Félix Crous, el organismo se retiró de los expedientes penales. Eso incluyó las causas de corrupción de la gestión kirchnerista y las causas donde estaba procesada la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, sostuvo Crous en 2020 mediante una resolución.
El entonces titular de la OA se apoyó en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.
Para justificar su decisión, en ese entonces, Crous también argumentó que el Estado seguirá representando en los expedientes a través de los fiscales. “La oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 25 de la ley 27.148), circunstancia reconocida ya en la ley de creación (ley 25.233)”, dice uno de los párrafos de la resolución.
Efectivamente, los fiscales mantuvieron las querellas pero hay varios casos donde el rol de la OA fue clave para que se siga investigando. La causa por enriquecimiento contra Carlos Liuzzi, ex mano derecha de Carlos Zannini, es uno de los ejemplos.
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