Solicitaron 15 años de prisión para Sor Marina, la monja acusada de cometer abuso sexual infantil en un Hogar de menores

Luego de casi dos años y medio de la detención preventiva de la monja María Tellez Fajardo, alias Sor Marina, se realizó este miércoles la etapa de los alegatos donde la querella solicitó una condena de 15 años de prisión y la fiscalía otra de 10 por el delito de abuso sexual reiterado gravemente ultrajante y agravado de cinco menores, con quienes la imputada convivía en el Hogar de niños de las Hermanas Trinitarias. En tanto, la defensa requirió la absolución y la religiosa, en sus últimas palabras, pidió perdón por el posible maltrato hacia las menores.

La etapa probatoria del juicio que analizó los presuntos abusos de la “hermana Marina” contra las cinco adolescentes, de entre 12 y 17 años al momento de los hechos, arribó a su fin luego de tres jornadas intensas donde, entre otras piezas testimoniales, se oyó a una de las denunciantes y se reprodujeron los dichos de las menores recogidos en distintas cámaras Gesell, donde expusieron sus denuncias y hablaron de manoseos, palmadas y toqueteos por encima -y en un caso por debajo- de la ropa en la cola, la vagina y los pechos mientras cumplían con tareas cotidianas en la cocina del Hogar trinitario, ubicado en la calle Carlos Tejedor 348 de la localidad de Boulogne.

El fiscal Sergio Anibal Szyldergemejn fue el primero en iniciar su alegato de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Isidro. “Este es un caso complejo en razón de la cantidad de víctimas”, destacó. Luego, para fundar su pedido de 10 años de prisión contra Sor Marina, evaluó caso por caso todas las denuncias de abuso -la primera se presentó el 21 de abril de 2021-, y destacó los informes de los profesionales de los Servicios Locales de Promoción y Protección de los derechos de los niños, quienes junto a psicólogos y sociólogos intervinientes consignaron que los relatos de las adolescentes eran “claros”, “espontáneos”, “verosímiles” y “detallados”.

“Yo estaba lavando los platos cuando Sor Marina se me acercó por detrás y por debajo de la pollera me tocó la cola con toda la mano por la parte que quedaba descubierta de la bombacha”, había denunciado una de las menores, que para entonces tenía 14 años de edad.

Para la acusación hubo una “multiplicidad de sucesos” que reflejaron la gravedad del delito de abuso sexual gravemente ultrajante. También destacó la “minoridad” y la “vulnerabilidad y fragilidad” de las denunciantes. A su vez consideró acreditados tanto el lugar de los hechos -la cocina y su depósito contiguo- como la modalidad del ilícito -siempre en soledad, es decir, sin testigos alrededor-.

Por su parte, el defensor de la religiosa, Alejandro López Romano, sostuvo en el alegato que existen “dudas razonables respecto de cada imputación, de modo tal que se imposibilitará tener por corroborada la existencia de los hechos denunciados en la calificación traída a juicio”.

Al respecto, el abogado consideró que “de la prueba recogida en la instrucción y en el debate se evidenciaron grotescas inconsistencias, variaciones de relatos, y antecedentes que permiten al menos instalar dudas sobre las versiones de los hechos, ya que esta causa no cuenta con ninguno testigo presencial”.

Según se constató en el expediente, todas las menores de la causa estuvieron alojadas en el Hogar de las Hermanas Trinitarias como consecuencia de distintas medidas de abrigo dictadas por diferentes Juzgados de Familia de Pilar, San Martín, Tigre. Estas son disposiciones excepcionales que se toman ante casos de vulneración de derechos infantiles como maltratos familiares, padres con problemas de consumo o “abandónicos”. En la sede religiosa de Boulogne -la otra está en San Miguel- residían, bajo esta situación, un total de 13 adolescentes. Luego de la primera denuncia se descontinuó la recepción de chicas en esa situación. Además, a raíz de aquella presentación inicial llegó a intervenir el obispado de San Isidro, en manos de Oscar Ojea.

Después de la exposición de la fiscalía, tomó la palabra la querellante Karina Marti en representación de la Defensoría del Niño. “Nunca hubo intención de proteger a las víctimas por parte de la congregación religiosa”, exclamó al empezar. Y en esa línea agregó: “La prueba es evidente: la verdadera dimensión de los tocamientos no eran ‘gestos afectuosos’ sino inapropiados”.

Minutos más tarde, antes de requerir 15 años de prisión para la “laica consagrada”, la abogada querellante, rescatando la vulnerabilidad de las menores en virtud de las medidas de abrigo en las que estaban insertas, señaló sobre la imputada: “Sus comportamientos indebidos sometieron a las víctimas a un vínculo de sumisión”.

Para culminar los alegatos finales, el presidente del tribunal oral, Alberto Ortolani, acompañado por sus colegas Gonzalo Aquino y Sebastián Urquijo, le otorgó la palabra al defensor de la imputada, Alejandro López Romano, quien de forma efusiva solicitó la absolución de su defendida. “Un relato puede ser creíble, pero no necesariamente significa que eso haya sucedido”, remarcó.

Asimismo, hizo hincapié en “ciertas contradicciones” de las denunciantes al articular sus denuncias y desarrolló la posibilidad de una supuesta “confabulación” o “efecto contagio” entre ellas. “Todas las menores dormían en la misma habitación”, sugirió, esbozando la hipótesis de que las chicas coordinaron sus dichos o se autoinfluenciaron entre sí.

“No hay ninguna evidencia empírica en el juicio”, dijo en relación a la imputación por “abuso sexual reiterado gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por una persona de culto religioso, por ser una persona encargada de la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente, su relación de autoridad y que la víctima no haya podido consentir libremente su accionar”.

Y a su término concluyó: “Creerles -a las menores institucionalizadas- es una cosa, comprobar que eso que dicen pasó es otra”.

El artículo 368 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires le permite al acusado cerrar el debate oral con unas últimas palabras. La monja, oriunda de San Pedro, Colombia, decidió hacer uso de esa opción.

Parada frente al tribunal, entre las mesas de la acusación y la querella y la de su abogado defensor, con la voz entrecortada por el llanto, la mujer de 66 años expresó: “Yo he estado pensando mucho a lo largo de este debate. Sé que tengo un carácter fuerte y que por ahí ejercí maltrato -a las menores-. No fue con intención, sino por alta de tino y cuidado, de ver su sensibilidad y sus necesidades en cada momento”.

“Tal vez cometí un error en el trato con ellas”, continuó. “Si es así, lo asumo y pido perdón. Pero yo a partir de haber sido denunciada he pasado demasiadas cosas horribles. Ya he sido castigada”, cerró.

El veredicto de los jueces se dará a conocer el próximo 28 de diciembre a las 13. Mientras tanto, la religiosa seguirá bajo prisión domiciliaria en la sede de Boulogne, luego de haber pasado cinco días en la DDI de San Isidro y 6 meses en la Alcaidía N°3 de la La Plata “Melchor Romero”. Fue detenida preventivamente el 9 de junio de 2021.