Imputaron a un concejal del Frente de Todos por el caso “Chocolate” Rigau: lo acusan de un fraude de $800 millones

La fiscal platense Betina Lacki decidió imputar al concejal Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, en la causa que investiga a Julio “Chocolate” Rigau. Ambos son referentes políticos del puntero que fue sorprendido con 49 tarjetas de débito. Además, en las últimas horas, el juez Guillermo Atencio rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la abogada de Albini padre e hijo.

En su resolución, el juez explicó que ambos están imputados por los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. Y detalló que hasta ahora la suma total de ese fraude serían 800 millones de pesos. “Tengo para mi que la decisión respecto del otorgamiento de este beneficio, debe supeditarse en el caso a valoración de la modalidad del hecho. En efecto; la extensión del daño causado y las características de la conducta aquí investigada, resultan pautas significativas para vislumbrar que, de recaer sentencia condenatoria, habrá de ser de cumplimiento efectivo”, explicó Atencio al momento de rechazar la eximición de prisión.

Rigau es un histórico puntero vinculado al PJ provincial y hasta fue candidato a concejal suplente, en 2019, en una lista que encabezaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos. Actualmente, según declaró un testigo que luego se desdijo, reportaba a Facundo Albini, actual concejal de La Plata y ex director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura.

Esta mañana, en otra resolución, el juez Atencio también rechazó un pedido de eximición de prisión para 47 de 48 dueños de las tarjetas de débito, que también quedaron imputados en la causa por los mismos delitos que Albini y su padre. Muchos de ellos estaban citados para declarar en calidad de testigos.

El juez tuvo en cuenta varios factores para rechazar el pedido de eximición de prisión de esas 47 personas: “El alto monto dinerario defraudado al erario público; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por los imputados, en tanto facilitó la comisión actos de corrupción en el ejercicio de la función pública; la posibilidad cierta de influenciar entre coimputados - teniendo en cuenta el vínculo personal habido entre algunos de ellos y; la pena en expectativa, en razón de la suma aritmética del máximo de la pena de los delitos investigados, asi me permiten concluir”.

Esas 47 personas están siendo representadas por un defensor oficial. En cambio, Juan Jose Tocci, designó como abogado a Fabian Amédola.

Hace diez días, luego de varios planteos de los abogados de Rigau, se realizó una copia del teléfono celular del puntero que trabajaba como electricista en la Legislatura y ahora el contenido debe ser analizado por la Justicia.

La fiscal Lacki todavía espera una respuesta de la Cámara de Diputados bonaerense, a cargo de Federico Otermín, para profundizar sobre el manejo de los contratos en esa repartición. Antes de realizar la pericia ya había reclamado precisiones sobre el proceso de contratación de las 48 personas involucradas y además mandó un listado de otras 25 que aparecieron en un cuaderno donde Rigau hacía anotaciones de todo tipo y en declaraciones juradas de domicilio.

Unas horas antes de las elecciones generales, el gobierno bonaerense, a través de la Fiscalía de Estado, pidió ser querellante en la causa argumentando que la maniobra habría generado un “perjuicio para la Provincia”. Unas horas antes, el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, impulsó un juicio político para los dos camaristas que anularon la causa de manera escandalosa.