
La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la apertura del celular entregado por el diputado del PRO Gerardo Milman en el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner.
A inicios de octubre, la Cámara de Casación rechazó un recurso presentado por la defensa del legislador, cuestionando el secuestro de su teléfono. ”Habrá de ordenarse la extracción de la información y comunicaciones contenidas en el interior del teléfono celular marca Apple, modelo Iphone A2890, apagado sin inscripciones, color negro, en buen estado de conservación”, sostuvo la magistrada.
”Conforme los lineamientos trazados por el Superior, la extracción ´deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 01/07/22 al 10/05/23- y enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso´”, detalló la jueza.
Milman entregó su equipo celular después de un fallo de la Cámara Federal porteña, que ordenó ese análisis, pero mostró su oposición a la medida. Aunque dejó el equipo, no aportó la clave, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
A criterio de la querella, la expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es baja y reclaman que se secuestren otros tres teléfonos que tenía antes y después del intento de homicidio. La fiscalía reclamó incautar el celular que estaba activo al momento de los hechos.
Es que el aparato que entregó el diputado salió a la venta en Estados Unidos después del atentado a CFK y antes de la revelación que lo convirtió en sospechoso. Milman lo habría activado recién el 18 de noviembre de 2022, cuando la Cámara Federal ya analizaba si se avanzaba sobre los celulares de sus secretarias. Por eso, la fiscalía exige analizar también el celular que estaba en uso de Milman desde abril hasta noviembre.
El desarrollo del caso
El 17 de agosto pasado, en una decisión dividida, la Cámara Federal porteña habilitó el secuestro del celular de Milman, en el contexto de la investigación sobre el intento de asesinato de la Vicepresidenta, sucedido hace casi un año. El fallo establece el análisis de los teléfonos desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023, limitándose únicamente a los hechos relacionados con esta pesquisa.
La jueza María Eugenia Capuchetti notificó de la decisión a la Cámara de Diputados, que días después votó su desafuero para acceder a las comunicaciones del legislador. En ese contexto, el abogado de Milman se presentó con el equipo en el despacho de la jueza, pero avisó que se oponía a la medida. Fue entonces que el aparato quedó secuestrado en la caja fuerte del juzgado, sin comenzar los peritajes. La decisión de Casación, respondiendo a esa apelación de Milman, destrabó el análisis del teléfono.
La causa principal por el ataque a la ex presidenta, que tiene tres detenidos, ya fue elevada a juicio oral. Se trata de Fernando Sabag Montiel, quien apuntó a la cara de CFK; su entonces novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, el llamado jefe de los copitos. Los dos primeros están acusados de ser coautores de un intento de homicidio agravado; el tercero de ser partícipe secundario.
En instrucción quedó una parte en donde se analiza si hubo un autor intelectual. La llamada “pista Milman” surge de la declaración de Jorge Abello, un asesor legislativo del diputado del Frente Todos Marcos Cleri, quien se presentó en tribunales el viernes 23 de septiembre de 2022. El ataque había ocurrido la noche del 1° de septiembre. Abello aseguró que el 30 de agosto asistió a una reunión en el anexo de Diputados y posteriormente almorzó con su cuñado, ajeno a la política, en el restaurante Casablanca, ubicado cerca del Congreso. Allí mencionó haber visto a Gerardo Milman acompañado de “dos jóvenes muy elegantes”. Se trataba de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. Según afirmó, Milman dijo: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa”.
La jueza Capuchetti abrió un legajo reservado: ahí, a través de filmaciones, confirmó que el legislador estuvo en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, con dos colaboradoras, como dijo el testigo. Pero llamó a declarar a las mujeres y las dos desmintieron haberlo escuchado decir eso. El hombre que estaba con el testigo clave tampoco oyó la charla en la mesa vecina. Enterado de la versión, Milman anunció que se trataba de una “operación berreta” y denunció a Abello por falso testimonio.
Con recusaciones a la jueza por parte de la querella, la Cámara Federal avanzó en la orden de profundizar la pista, llamando a declarar a todos los involucrados, incluso Abello, punto que no se concretó. También ordenó el secuestro de los teléfonos de las testigos que estaban con Milman. Se presentaron en la fiscalía: Gómez Monaco aclaró que cambió el equipo, la otra que se había asesorado y había borrado todo para que no se filtraran sus fotos íntimas.
En mayo pasado, esta última se presentó en la fiscalía para decir que se sentía presionada por su ex amiga, que la habían echado y que quería contar que el celular había sido borrado en las oficinas del instituto de Patricia Bullrich, donde estaban Milman y un perito. Esto fue lo que activó el pedido de la fiscalía para secuestrar el teléfono del legislador del PRO.
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