Otro giro en la causa “Chocolate”: la Justicia reabrió la investigación y ahora resta una definición sobre su celular

La Cámara de Casación bonaerense dejó sin efecto el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones que había anulado la causa y permitió la liberación del puntero del PJ. Ayer un juez suspendió la pericia del teléfono, pero podría retomarse

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Julio Rigau, el puntero del
Julio Rigau, el puntero del PJ acusado de robar tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense

La Cámara de Casación bonaerense revocó el escandaloso fallo que había anulado la investigación sobre Julio “Chocolate” Rigau por considerar que estaba mal hecha su detención. El tribunal, con la firma de los jueces María Florencia Budiño, Fernando Luis Mancini, hizo lugar a los recursos presentados por el fiscal general de La Plata y por Poder Ciudadano y dejó sin efecto el fallo de la Cámara de Apelaciones, al que cuestionó en duros términos.

“El órgano jurisdiccional recurrido ha actuado, al dictar la resolución cuestionada, excediendo los límites normativos que determinaban su capacidad material de conocimiento y por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción (conf. art. 405 del C.P.P.)”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.

La resolución cuestiona en duros términos que la Cámara haya anulado la causa a raíz de un habeas corpus, sin pasar por la fiscal y el juez de la causa. “La Cámara actuó por fuera de su jurisdicción en tanto según la legislación procesal vigente, la orden de detención dictada por el juez competente no resulta impugnable por vía de habeas corpus en razón del veto producido, en el art. 405, segundo párrafo del ritual, por el decreto de promulgación 2749/04 (con respecto a la ley 13.252), con lo cual se concluye que contra tal acto jurisdiccional no resulta posible interponer una acción de hábeas corpus”, sostuvo en su voto la jueza Budiño, al que adhirió su colega Mancini.

Hace dos semanas, la Sala III de la Cámara de Apelaciones había planteado la nulidad de la detención de Rigau para voltear toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, habían dicho los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que terminaron denunciados por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico ante la Corte bonaerense

Para esos dos jueces, la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además plantearon que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados de la Legislatura.

En cambio, el juez Fernando Mateos dijo en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.

El fallo fue apelado por el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, y por los abogados de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady.

Aunque estaba pendiente una definición, hace una semana la fiscal Betina Lacki reabrió la investigación de hecho y pidió una batería de medidas de prueba, entre las que se destacaba el peritaje del teléfono celular del puntero del PJ. La definición sobre este tema está en manos de los jueces de la Sala III luego de que el juez Guillermo Atencio hizo lugar a un planteo de los abogados de Rigau.

La fiscal también ordenó que sigan declarando los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía el puntero del PJ. Cuando se detuvo la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Las testimoniales se retomarán el 18 de octubre y hay audiencias previstas hasta el 13 de noviembre.

Infobae reveló que la mayoría de los que ya declararon aseguraron que lo conocían a Rigau, y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta. “Es inverosímil todo lo que dicen”, admitió una fuente judicial.

Al retomar la investigación, la fiscal además le pidió más datos a la Cámara de Diputados de la Provincia sobre los 48 “empleados” que le entregaron sus tarjetas a Rigau. Todavía no llegó la respuesta.

Con los datos que hay en la causa hasta ahora, la mayoría de los “empleados” trabajan o trabajaron para el bloque del Frente de Todos. Las denominaciones van cambiando de acuerdo a la fechas de ingreso: PJ, Frente para la Victoria y Frente Renovador. Lo llamativo que es que algunos de los implicados también integraron o integran el bloque de Cambiemos.

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