La Cámara del Crimen porteña ordenó que todo su personal vuelva a la presencialidad

El ritmo que se implantó con la pandemia en los tribunales promete modificarse. Es que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso la presencialidad plena de todos los magistrados, funcionarios y empleados que trabajan para su órbita. Se trata de casi 1700 empleados que trabajan en 71 juzgados penales, más la propia Cámara con sus con sus cinco salas.

La decisión impacta en el mundo judicial. Si bien hasta ahora la Corte Suprema ordenó el regreso a la presencialidad ya en 2021 pero delegó la implementación en cada cámara, lo cierto es que en muchos juzgados rige la modalidad mixta y el home office que hace que los tribunales luzcan vacíos, según el edificio que edificio se mire.

Hace un mes, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordene que vuelva la presencialidad en todo el Poder Judicial. “Si bien se han modernizado los medios técnicos, el ejercicio de la profesión requiere en muchas oportunidades el contacto con funcionarios/as o empleados/as que están a cargo de la compulsa de las causas”; “obviar ello es no conocer cómo se ejerce diariamente la profesión”, dijo en aquel momento el titular de la entidad Ricardo Gil Lavedra.

Ahora, mediante un acuerdo, la Cámara del Crimen informó a los titulares de cada judicatura y dependencia que todos los magistrados, funcionarios y empleados bajo su órbita deberán concurrir de manera presencial a su lugar de trabajo. Solo se autorizará, excepcionalmente y por razones de mejor servicio la realización de trabajo remoto, en la modalidad que deberá comunicarse fundadamente a la Presidencia de la Cámara en el plazo de cinco días.

La decisión fue tomada por los jueces Julio Lucini, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Ricardo Pinto, Mariano Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López, Magdalena Laíño y Pablo Guillermo Lucero.

La acordada resaltó que “producto de la pandemia por COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas, en consonancia con lo resuelto por el Máximo Tribunal en sus Acordadas 4/2020 y 12/2020, se instauró paulatinamente la digitalización de los legajos y el perfeccionamiento de herramientas tecnológicas para la realización de los actos procesales a distancia”.

Y señaló que “la eliminación por completo del soporte papel -a partir de las mejoras introducidas en el Sistema de Gestión Judicial Lex100 y en la conectividad-, junto con la puesta en valor de los equipos instalados, la provisión de otros actualizados en sus programas y la incorporación de plataformas virtuales para videollamadas han permitido en juzgados y salas la adopción de nuevas modalidades de trabajo presenciales, remotas y mixtas”.

“Debe celebrarse que ello ha contribuido a dar celeridad a los procesos, sobre todo si se tiene en cuenta que las partes pueden tomar vista de los expedientes, realizar presentaciones y participar de las audiencias de forma Que con el objeto de que tales avances tecnológicos y en la dinámica de la sustanciación de los procesos se consoliden en la prestación de un moderno servicio de justicia, luce pertinente la adopción de un criterio uniforme respecto de la concurrencia de magistrados, funcionarios y empleados a las respectivas dependencias”, se aseveró.

Tras conocerse la resolución, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, celebró la noticia. “El trabajo judicial tiene que tener una regulación uniforme. Al menos dentro de cada fuero” y que “no puede ser que cada uno de los jueces nacionales o federales regule una modalidad de trabajo diferente”, resaltó. “La pandemia terminó” y “es necesario que se cumpla lo decidido por la Corte Suprema, respecto de la presencialidad en todos los tribunales, a fin de no perjudicar el adecuado servicio de justicia”, porque en muchos juzgados existe “un deterioro en la atención al público en general y a los matriculados/as en particular”.