Denunciaron a los jueces que anularon el caso de las tarjetas de débito en la Legislatura bonaerense

Tras el escandaloso fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que anuló la investigación sobre Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del PJ que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito, la oposición se presentó hoy ante la Justicia bonaerense para reclamar que se investigue si hay un sistema de “presta nombres” en la Legislatura bonaerense que permite alimentar a las cajas negras de la política. Además, reclamaron que se ponga la lupa sobre los dos camaristas que pusieron su firma para anular la causa.

“Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizado para defraudar al Estado”, dice la presentación firmada por Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico. Además, plantea que es “inexcusable investigar con seriedad, profundidad y responsabilidad el uso del dinero público en la Legislatura bonaerense y las responsabilidades políticas en torno a esos manejos posiblemente ilícitos”.

La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, se hizo ante la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, y resalta una serie de datos en torno al siempre polémico presupuesto de la Legislatura bonaerense, que este año recibió $62.152.000.000. “En la Cámara de Diputados, habría al menos 1510 empleados y tiene un presupuesto de $ 36.500 millones, para 92 bancas, es decir, 396 millones de pesos por cada banca”, destacaron los representantes de Juntos por el Cambio.

La polémica no es nueva. Antes de lanzarse como candidato a gobernador, Iguacel habría propuesto reducir drásticamente el dinero público que recibe la Legislatura.

Al momento de liberar a Rigau, la Cámara planteó la nulidad de la detención y de esa manera volteó toda la investigación, al menos por ahora. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, sostuvo el camarista Juan Alberto Benavides, al que se sumó Alejandro Villordo.

Lo más llamativo fue el método utilizado. En lugar de plantear la nulidad ante la fiscal y el juez de la causa, los abogados de Rigau, de un prestigioso estudio jurídico de La Plata, plantearon un habeas corpus y fueron directamente a la Cámara.

Para esos dos jueces, la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además plantearon que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados de la Legislatura.

En cambio, el juez Fernando Mateos sostuvo en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.

Antes tantas irregularidades, los dirigentes de Juntos por el Cambio pidieron hoy que se inicie una Instrucción Penal Preparatoria “para investigar la posible comisión de delitos de acción pública de extrema gravedad que pueden estar sucediendo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Bueyes Aires”.

También plantearon que se investigue el comportamiento de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, “con el fin de determinar si incurrieron en mal desempeño de sus funciones o, en el extremo, si podrían haber incurrido en delitos en el cumplimiento de sus funciones, que habiliten promover la acción de remoción”.

Benavides fue designado camarista en 2021, a propuesta del Poder Ejecutivo. En cambio, Villordo, accedió a la Cámara en 2009, cuando la presidencia del bloque del PJ de Diputados estaba a cargo de Raúl Pérez.

Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata, mientras retiraba los sueldos de 48 empleados de la Legislatura bonaerense. En su poder ya tenía $1.260.000.

El arresto se concretó cuando un cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires alertó a la Policía que había una persona que llevaba mucho tiempo parado frente a uno de los cajeros automáticos. Cuando lo requisaron, se dieron cuenta que llevaba dinero, tarjetas, sobres, y varios tickets.

Entre los titulares de las tarjetas había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos. Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada) y otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham. A la fiscal la atención que había dos personas con el mismo apellido que Rigau, aunque todavía no se pudo establecer el vínculo familiar.

Pese al fallo de la Cámara de Apelaciones, la causa todavía no se cayó. El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, ya hizo la reserva y en los próximos días presentará una apelación. Tiene 20 días desde la notificación. Recién en ese momento, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso.

Cuando fue notificada de la insólita decisión de la Cámara de Apelaciones, la fiscal del caso, Betina Lacki, le estaba tomando declaración testimonial a los titulares de las tarjetas. Hasta el jueves habían declarado 16 personas, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Varios de ellos ya habían asegurado que le entregaban sus tarjetas de manera voluntaria al puntero del PJ.

La fiscal también tenía previsto avanzar con una orden para abrir el celular de Rigau. Otra prueba clave es un cuaderno con anotaciones que se secuestró en el domicilio del puntero del PJ.

Rigau es un histórico puntero vinculado al PJ provincial y hasta fue candidato a concejal suplente, en 2019, en una lista que encabezaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos. También se lo vincula a Claudio Albini, que siempre estuvo en el área Legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense, y a su hijo, Facundo, actual concejal de La Plata.

Ante el escándalo, todos salieron a desligarse. “Nunca perteneció al Movimiento Octubres y hace más de 4 años que fue separado del PJ después de las PASO del 19 por su pertenencia a otro partido político”, sostuvo Escudero a través de un comunicado.