
Marcelo Bruno dos Santos es juez hace 11 años, desde 2012. Pero su juzgado no existe. Fue creado en 2007 y él designado para ocuparlo pero está solo en los papeles. No tiene oficina, ni computadora, ni empleados, ni causas. Por eso, desde entonces, dos Santos ocupó como subrogante distintos tribunales en los que no había magistrado titular. Pero ahora está cerca de quedarse sin trabajo y pide que le asignen un nuevo juzgado. Pero si eso no ocurre reclama que le sigan pagando el sueldo porque no puede dedicarse a otra tarea ya que la ley se lo prohíbe.
La insólita historia existe, a diferencia del juzgado. Y el tema se trató en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano que debería poner en marcha todo el fuero federal de San Justo en el que está el juzgado de dos Santos. Y ese caso no es la excepción. En la Justicia hay más de 80 magistrados que no tienen su tribunal habilitado, según información del Consejo a los que accedió Infobae.
Todo comenzó en mayo de 2007 cuando el Congreso de la Nación aprobó la ley 26.246 que creó la Cámara Federal de San Justo y dos juzgados federales. El objetivo era que el nuevo fuero actúe en una zona compleja y muy poblada como La Matanza. El fuero era para todas las materias judiciales excepto la penal. Cinco años después, en octubre de 2012, dos Santos fue nombrado a cargo del juzgado federal civil, comercial y contencioso administrativo número 2. Y Alicia Pérez en el juzgado 1. En tanto, Eduardo Alonso, María Isabel Fulgheri y Alejandro Segura fueron designados en la Cámara.
El fuero ya tenía sus jueces para comenzar a funcionar pero no tenía dónde. El Consejo de la Magistratura debía buscar un lugar donde ubicarlo, concretamente un edificio o una vivienda. La Justicia federal de San Justo contaba con las partidas presupuestarias pero no con un lugar físico, el último paso para que formalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo habilite. El máximo tribunal dictó en 2015 una resolución en la que insistió ante el Consejo para que ponga en marcha los tribunales.
Los jueces de San Justo fueron designados en 2012 tras el concurso público que hizo el Consejo. Pero como su tribunal no estaba cada magistrado, por orden de la Corte Suprema, fueron designados en lugares donde no había titulares. En el caso de dos Santos fue nombrado en 2016 -cuando le tomaron juramento como magistrado- en el fuero Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires.
La situación tuvo su causa judicial. La jueza Fulgheri inició un amparo. En 2018, la Justicia en lo contencioso administrativo federal le ordenó al Consejo que le de al fuero de San Justo todos los recursos materiales y de infraestructura para que comience a funcionar. El fallo fue confirmado por la Cámara y desde fines de 2019 el caso está en la Corte Suprema pendiente de resolución.
Así, desde 2016, dos Santos pasó por distintos juzgados del fuero Civil y Comercial Federal de la ciudad de Buenos Aires como subrogante. Primero en el número 5, después en el 10 y desde marzo de 2020 en el número 2. Pero este último juzgado está cerca de ser ocupado por su titular. El Senado de la Nación tiene para tratar el pliego de Carlos Mallo. Si Mallo es designado, dos Santos se quedará sin tribunal porque en ese fuero no quedan juzgados sin ocupar.
Ante esa situación, el juez le envió una nota al presidente del Consejo y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que le pidió que cuando eso ocurra le busquen otro juzgado. “Y en caso de incurrirse en una demora, se mantenga incólume mi salario por no resultar oponible a mi persona”, reclamó dos Santos en la nota a la que accedió este medio. El juez explicó que por ley los magistrados no pueden tener otros ingresos que no sea el de su cargo.

“No quiero dejar pasar esta ocasión para destacar que me encuentro en esta penosa situación debido a los reiterados incumplimientos del Consejo de la Magistratura a lo largo de más de diez años respecto a expresos mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la puesta en funcionamiento del fuero federal de San Justo”, criticó el juez.
El caso de dos Santos fue tratado hace dos semanas por la Comisión de Selección del Consejo. Allí se decidió que se iba a tomar una decisión cuando el lugar que hoy tiene sea ocupado por su nuevo titular. Pero el organismo -a través de su vicepresidenta, Agustina Díaz Cordero- ya envió una nota a las cámaras Civil y Comercial, Contencioso Administrativo Federal, del Trabajo, Civil y de la Seguridad Social en la que les informó que hay un juez disponible para ocupar algún cargo vacante.
Tanto tiempo pasó desde la creación del fuero de San Justo que Alonso -uno de los jueces designados para la Cámara- falleció y Pérez, la magistrada del juzgado 1, se jubiló en 2020. Nunca tuvieron su tribunal. En el caso de Alonso, el Consejo ya hizo el nuevo concurso y el gobierno envió al Senado el nombramiento de Andrés Fraga, que está pendiente. Y para la vacante del juzgado 1 el Consejo está tramitando el concurso.
¿Por qué una demora de 16 años en poner en marcha un fuero creado por el Congreso? Ahí aparecen las respuestas formarles y las informales. Pero el motivo central es político.
Ante la consulta de Infobae, en el Consejo señalaron que hay un serio déficit de edificios judiciales. “Hay un claro retraso en la infraestructura del Poder Judicial. El 95 por ciento del presupuesto es para sueldos y hasta tenemos juicios por no pagar alquileres”, explicó uno de los consejeros consultados. En el caso de la justicia de San Justo lo que señalaron es que no se encontró uno con los requisitos que debe tener. Y que además la ley que lo creó estableció que no puede estar en cualquier lugar del municipio, sino exclusivamente en San Justo. Dos Santos plasmó en su nota que en mayo del año pasado el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ofreció un inmueble en alquiler sobre el que el Consejo todavía no respondió.
Quienes conocen la historia de cerca señalan que los jueces nombrados personalmente salieron a buscar un edificio con visitas a inmobiliarias. En un momento se inició la construcción de uno propio dentro de la Universidad de La Matanza pero luego la obra se frenó. “Habría que averiguar por qué”, dice con suspicacia una persona que estuvo cerca de ese proyecto frustrado.
“Lo que hizo el Congreso fue un invento para la política”, dicen en el Consejo. Y ahí hay discrepancias sobre el destinatario del favor. Algunos señalan que fue para Espinoza, quien era intendente en 2007 cuando se creó el fuero y otros para el fallecido Alberto Balestrini, hombre fuerte de la La Matanza, ex jefe comunal y ex vicegobernador bonaerense. Lo cierto es que en 2007 Néstor Kirchner era presidente de la Nación y el conurbano en general y La Matanza en particular era clave para la política del kirchnerismo. “No había una necesidad real de que San Justo tenga un fuero federal pero eso da poder a los intendentes”, analiza otro consejero.
El fuero de San Justo iba a tomar las causas que hoy tiene la justicia de federal de San Martín, una de las más grandes e importantes que incluye los partidos de Morón, San Isidro, Tres de Febrero, Mercedes y Campana. “Eso es perder poder”, coinciden en el mundo judicial, principalmente para la Cámara de San Martín -que entre otros la integra Alberto Lugones, uno de los miembros del Consejo- ante la creación de su par de San Justo.

“No hay ánimo que avance. No hay interés político”, coincidieron tres consejeros. Si es así, dos Santos deberá esperar que el Consejo le encuentre un nuevo juzgado para seguir trabajando.
La situación no es excepcional. Según datos del propio Consejo hay 103 cargos de jueces para tribunales que no están habilitados. De esos, 86 cargos ya tienen su concurso concluido y muchos de los magistrados están designados. Y otros 17 cuyos concursos están en tramite.
Hubo otros casos insólitos. Por ejemplo, en la justicia de Ejecución Penal, la encargada de controlar las condenas de los presos. En 2008, Néstor Costabel fue designado titular del juzgado 5. Pero ese tribunal no existía porque no tenía edificio y por lo tanto no estaba habilitado. Pero en el fuero había otras vacantes y Costabel fue nombrado en el juzgado 1 donde no había un magistrado titular. Costabel siguió su carrera judicial y en 2011 fue designado en un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py. Cuando pasó a su nuevo cargo, el juzgado de Ejecución 5 no había sido puesto en marcha. Estuvo en un juzgado que nunca existió.
Otra jueza de Ejecución Penal, Vilma Bisceglia, se encontró con la misma situación. Fue designada pero no tenía juzgado. La jueza se presentó en el Consejo de la Magistratura y ofreció un PH de su propiedad para que allí funcione el tribunal. Finalmente, al fuero de Ejecución le encontraron un edificio, lo que hoy parece ser un lujo en la justicia argentina.
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