El tribunal del caso Cuadernos le pidió a otro juez que se abstenga de investigar las irregularidades de los anotadores

El Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el caso Cuadernos, decidió pronunciarse por primera vez en la investigación paralela que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y que detectó irregularidades en las anotaciones del remisero Oscar Centeno. Por mayoría, y en sintonía con la fiscalía, el tribunal instó al magistrado “a que se abstenga de invadir la órbita de este Tribunal” por entender que esa investigación de las irregularidades era parte de la estrategia de defensa del empresario Armando Loson.

“El avance en la tramitación de ambos expedientes revela la inocultable correlación fáctica y probatoria que podría presentarse entre ambos procesos, pues -como se explicó- no sólo se trata de cuestionar en otra sede alguna de las pruebas producidas en este expediente, sino que, además, se avanza en una instancia de grado sobre las diligencias de prueba ofrecidas por las partes en este proceso en los términos del artículo 354 del C.P.P.N., cuya producción se encuentra pendiente y sujeta al escrutinio que tendrá lugar en ocasión del juicio oral y público que se llevará a cabo en estas actuaciones”, se sostuvo.

Así lo analizó a lo largo del 61 carillas a las que accedió Infobae, en donde se repasaron las críticas de la fiscalía, la postura de la defensa de Loson y las opiniones previas en donde se discutió si la denuncia por las irregularidades debía analizarse dentro del expediente principal o por afuera. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a este medio que Martínez De Giorgi seguirá adelante con la causa que tramita: es que según se entiende se trata de causas paralelas.

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El Tribunal Oral Federal 7 tiene en sus manos la causa de los cuadernos desde fines de 2019, cuando el ya fallecido juez Claudio Bonadio elevó a esa instancia la megainvestigación que tuvo presos a ex funcionarios y empresarios, y derivó en una lluvia de arrepentimientos. Hoy, a cinco años de la irrupción mediática de aquella investigación, lo primero que tienen que acordar ahora los jueces del TOF Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli son los pedidos de prueba, de cara al futuro debate oral.

Cristina Kirchner no pidió testigos. Lo que sí quiere es incorporar los teléfonos del ex secretario y arrepentido José López, pieza clave en su condena a seis años de prisión en la causa por la obra pública, siguiendo los pasos del fiscal Diego Luciani. La vicepresidenta también le pidió al tribunal que investigue las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli.

La fiscal Fabiana León también pidió los teléfonos de López y todos los acuerdos firmados por su colega de instrucción con los acusados arrepentidos. Antes de evaluar la prueba, el TOF tiene que responder una serie de planteos hechos por las defensas: decenas de reclamos de nulidad, objeciones a la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en este proceso y también cuestiones de prescripción. Pero además fueron varios los empresarios que reclaman tener la misma suerte que tuvieron algunos hombres de negocios en instrucción: que su caso sea derivado a la justicia electoral porque el dinero que les pidieron eran para las campañas electorales.

Pero justo en el día del quinto aniversario de la difusión de la causa de los “Cuadernos” que sacudió a la política, la justicia y el mundo empresario, un peritaje caligráfico ordenado en los tribunales de Comodoro Py 2002 determinó que las irregularidades detectadas en los anotadores del Oscar Centeno habían sido hechas por Jorge Bacigalupo, el ex policía y amigo del remisero que había quedado al cuidado de los manuscritos antes de que llegaran a manos de la Justicia.

El Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos las piezas que aparecieron en 2019, se negó a entregar los originales para este análisis. La fiscal de juicio Fabiana León, además, fue crítica ante el TOF por la existencia de esta causa en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, que tiene como denunciante a uno de los empresarios procesados en la causa principal. Entendió que existía un ataque político contra la causa que buscaba debilitar las pruebas.

Al comienzo de la causa, Loson, del grupo Albanesi, había sido uno de los primeros detenidos. También fue uno de los que selló un acuerdo de imputado-colaborador con la fiscalía. Cuando empezó esta causa por las irregularidades, el empresario no estaba entre los implicados que habían sido enviados a juicio. Su defensa planteaba que su caso debía ser enviado a la justicia electoral porque sus aportes habían sido para campañas políticas.

El fiscal Stornelli intentó que la causa de Martinez De Giorgi fuera incluida en el expediente principal, pero fracasó en la jugada. No obstante, el juez Julián Ercolini mandó a Loson a juicio oral por el megaexpediente. En el ínterin, esa denuncia de irregularidades siguió su curso.

Pero ahora un allanamiento a la casa de Bacigalupo y los resultados del peritaje aceleraron la actuación del TOF 7. Es que esta semana la propia Cristina Kirchner, señalada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios, le pidió al TOF que adjunte los resultados de esos análisis. También le pidió a la Corte Suprema que lo sume al pedido de nulidad de la causa entera.

En ese contexto, los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron librar oficio a Martínez De Giorgi para “ponerlo en conocimiento” de lo expuesto. “Se observa con absoluta claridad que el magistrado de grado avanza sobre la realización de medidas de prueba que conforman el objeto de este juicio y que -en definitiva- deben rendirse ante este Tribunal”, dijeron. “Lo contrario -a más del innecesario y costoso dispendio jurisdiccional- podría correrse el riego del escándalo que podría importar el dictado de sentencias eventualmente discordantes”, agregó el TOF 7. Méndez Signori y Canero advirtieron que el “escrutinio y control” de la prueba se hará en el juicio oral.

En disidencia y minoría, el tercer integrante del TOF7 Germán Castelli se pronunció por reclamar al juez de instrucción de Comodoro Py que se inhiba para seguir interviniendo en esa causa y remita las actuaciones al Tribunal.

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