“El siglo XXI viene siendo el siglo de los juicios políticos a los jueces federales argentinos”, sintetiza un informe elaborado por el constitucionalista Alfonso Santiago —de la Universidad Austral— sobre la remoción de jueces federales en la Argentina. La frase viene a cuenta de un dato llamativo: en los últimos 20 años se llevaron a cabo 26 juicios políticos, con 18 destituciones por mal desempeño y 8 absoluciones por parte del Jurado de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Nación. Al tratar de esgrimir un porqué de este fenómeno, el especialista dice: “Nos parece que el escándalo ha rodeado con demasiada frecuencia el quehacer de los jueces federales impactando negativamente en la imagen y la consideración pública”.
El estudio apuntó a destacar algunos datos estadísticos surgidos de los procesos de remoción de los jueces federales y del desarrollo por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación de su función disciplinaria y acusatoria. Para eso parte desde una perspectiva histórica con la que contrasta los distintos procedimientos seguidos contra magistrados con mal desempeño a lo largo de la historia.
“Las destituciones de los jueces federales fueron decididas por diferentes órganos: el Congreso de la Nación, los Tribunales de Enjuiciamiento durante los gobiernos de facto y del Jurado de Enjuiciamiento, a partir de la reforma constitucional de 1994″, dice Santiago. Y aporta un dato: en 170 años de historia institucional —desde la puesta en vigencia de la Constitución Nacional de 1853— hubo un total de 65 juicios políticos contra jueces federales, con 43 destituciones y 15 absoluciones. Dentro de esa cifra, 26 se produjeron en los últimos 20 años, más allá de las renuncias de magistrados durante el trámite de su proceso de remoción.
Al respecto, el constitucionalista de la Universidad Austral expresa: “Se advierte un importante incremento de los juicios políticos a jueces en los últimos veinte años como consecuencia del aumento de las situaciones de mala conducta y mal desempeño que han rodeado la actuación de los jueces federales en los últimos años y de un relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de 1994″.
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Santiago, además, agrega: “Nos parece que el escándalo ha rodeado con demasiada frecuencia el quehacer de los jueces federales impactando negativamente en la imagen y la consideración pública. El siglo XXI viene siendo el siglo de los juicios políticos a los jueces federales argentinos”.
A su vez, el informe académico le agrega a estas estadísticas un dato comparativo con el caso de Estados Unidos, donde en 230 años de vigencia de la constitución de 1787 “sólo han sido destituidos por juicio político 13 jueces federales”. En ambos países las causales de remoción de un magistrado son las de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes.
Por otro lado, el estudio también reúne la cantidad de dictámenes producidos por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura elevados al plenario desde su puesta en funcionamiento en 1999, luego de la sanción de la Ley 24.937. Desde entonces y hasta la fecha hubo 44 pedidos de remoción, ocho de los cuales fueron rechazados por la sesión en pleno del Consejo, órgano que encargado de designar a los jueces y de la administración del Poder Judicial, según lo estipula el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Para producir el análisis, el constitucionalista y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires evaluó las distintas integraciones del Consejo de la Magistratura, desde la ley 24.937 hasta la ley 26.080, cuyos artículos más importantes fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”, en 2021.
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