La Junta de Cámaras nacionales y federales denunció la intromisión del poder Ejecutivo en la independencia judicial

La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina señaló hoy que la negativa del gobierno nacional a darle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación las partidas presupuestarias para pagar los aumentos de sueldo del Poder Judicial “evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial”.

“Resulta crucial en un esquema republicano de gobierno, que el Poder Judicial se construya como un determinante superlativo en lograr el cumplimiento de las normas, en primer lugar, de la Constitución Nacional, a la cual deben supeditarse el dictado de las leyes y el cumplimiento efectivo de ellas; finalidad para la cual, las disposiciones que rigen la potestad delegada al Poder Ejecutivo no pueden atentar contra principios constitucionales superiores ni afectar su autonomía funcional”, sostuvo la entidad a través de un comunicado al que accedió Infobae.

La Corte Suprema y el gobierno de Alberto Fernández atraviesan una pelea por los fondos que se necesitan para afrontar los aumentos salariales del Poder Judicial. El máximo tribunal le reclamó a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Agustín Rossi, que amplíe las partidas presupuestarias para pagar los aumentos.

El gobierno contestó que no lo hará. “La coyuntura económica producto de la sequía ha requerido, en un marco de disciplina necesaria, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles existentes en primer lugar”, contestó Rossi y que la Corte Suprema tiene disponible un fondo anticíclico con 151.711 millones de pesos que puede utilizar.

“Así las cosas, y a la luz de lo establecido en la Ley 23.853 de Autarquía Financiera del Poder Judicial, podría disponerse la recomposición de las partidas dentro del presupuesto vigente y por el monto faltante, de resultar necesario, afectar los recursos disponibles en el fondo anti cíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; siempre y cuando el Alto Tribunal lo solicite expresamente”, completó el Jefe de Gabinete que ayer lanzó su precandidatura presidencial por el Frente de Todos.

Pero la Corte insistió. La semana pasada le volvió a enviar una nota a Rossi en la que los cuatros jueces del máximo tribunal, de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, señalaron que “no se ha dado respuesta al requerimiento formulado por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación” y agregaron que “resulta imperioso y necesario insistir en lo ya solicitado”.

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Por su parte, el gremio de empleados judiciales que lidera Julio Piumato convocó a un paro de 36 horas que comenzará el jueves a las 10 horas y se extenderá hasta el viernes.

En ese marco se pronunció hoy la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, que es el organismo que nuclea a los titulares de las cámaras de justicia de todo el país. “El orden constitucional debe prevalecer por sobre emergencias económicas coyunturales, por lo que la independencia del Poder Judicial no puede quedar sujeta a diferentes grados de autonomía presupuestaria, ni pueden permitirse interferencias –de cualquier índole- que desde los otros poderes estatales se ejerzan sobre su normal funcionamiento”, sostuvieron los jueces.

Así consideraron que la negativa del gobierno a dar los fondos “evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial, que se acelera con actitudes institucionales como la que por este medio rechazamos”.

“En consecuencia, a los fines de evitar una inequitativa situación entre quienes integramos el Poder Judicial respecto del sector público nacional, escenario que se proyecta a los Ministerios Públicos y jurisdicciones provinciales; pero además, para evitar que se vulnere la asignación legal de competencias, la seguridad jurídica y el respeto entre los distintos poderes estatales con la consiguiente crisis que esta situación podría acarrear, instamos a la reflexión y estricto apego a las disposiciones contenidas en los arts. 1, 109, 110 y 120 de la C.N. a los fines de no alterar el marco institucional necesario para asegurar la función e independencia del Poder Judicial de la Nación”, concluyeron.

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