El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, acordaron un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad federales para implementar en los casos donde pueda haber evidencia digital que sirva como prueba en una investigación penal. El instrumento en cuestión, elaborado conjuntamente y firmado este martes en la sede de la Procuración General de la Nación, tiene como fin establecer una “metodología de intervención adecuada y uniforme en aquellos casos donde existan elementos que pudieran contener potenciales elementos probatorios digitales”.
El desarrollo de la herramienta técnico-administrativa, que ahora será de uso obligatorio para todo el personal de las fuerzas a cargo del ministro Aníbal Fernández, contó con la participación de la Dirección de Investigaciones del Ciberdelito del Ministerio de Seguridad y de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público de la Nación, junto a otras oficinas de ambos organismos. También participaron las áreas específicas de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“El presente Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer las pautas y el procedimiento al que deberán atenerse los miembros de las Fuerzas Federales Policiales y de Seguridad al momento del proceso de identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital asociada a cualquier delito y, en particular, los ciberdelitos”, precisa el documento elaborado conjuntamente, que hoy se oficializó a través de las firmas de Casal y Fernández en una reunión de la que participaron autoridades de las áreas involucradas con la temática.
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“El crecimiento exponencial y el carácter dinámico que reviste el ciberdelito hace necesario actualizar las prácticas de intervención por parte de los cuerpos forenses para la realización de la labor científico pericial”, se lee en la primera de las 33 páginas del protocolo lanzado, donde también se aclara que la “preservación de la evidencia digital” se ha vuelto fundamental para que aquella luego se convierta en prueba “dentro de un proceso legal en el cual se deben aplicar técnicas científicas y analíticas especializadas que permiten identificar, preservar, analizar y presentar los datos e información obtenida de los dispositivos analizado”.
Los crímenes digitales en la era del internet se ha convertido en una problemática que va en aumento y que se subdivide en delitos ciberasistidos (donde los sistemas informáticos se convierten en un medio para cometer otro tipo de ilícitos) y delitos ciberdependientes (como los ataques que apuntan contra los sistemas informáticos). En ese marco, el protocolo técnico ofrece lineamientos y parámetros de carácter obligatorio para las fuerzas federales al momento de la obtención de evidencia digital y, a su vez, detalla los procedimientos específicos a la hora de secuestrar dispositivos electrónicos tales como “celulares, notebooks, equipos de escritorio, servidores, equipos de imagen de video, criptoactivos, rigs de minería y redes informáticas”.
Por otro lado, el documento señala que dentro de las pautas acordadas se incluye a los “flujogramas de los procedimientos de secuestro para su consulta rápida en el campo” y a los lineamientos detallados para “la intervención técnica-forense por parte del personal especialista en el laboratorio”. De acuerdo al documento oficial, todas las instrucciones se elaboraron en cumplimiento de los objetivos establecidos en la Resolución 86/2022 del Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC).
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