El juez federal Germán Castelli presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus “ataques a la garantía de la estabilidad” luego de que el Consejo de la Magistratura de la Nación objetara en 2020 su traslado del Tribunal Oral Federal de San Martín a otro de Comodoro Py. Tal decisión dispuso el regreso del juez al cargo en la sede judicial de San Martín del cual es titular, lo cual escaló hasta la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado rechazó su pedido respecto a que esa disposición quedara anulada.
En 2020 el Consejo de la Magistratura aprobó a través de la mayoría oficialista la anulación de un conjunto de traslados de una serie de jueces que eran titulares de un tribunal pero que habían pasado a ejercer su cargo en otro. El juez Castelli, trasladado al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 de Comodoro Py donde está radicada la causa llamada “cuadernos de la corrupción” y en la que la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner, era uno de ellos. Él era titular del TOF 3 con sede en San Martín cuando el gobierno de Mauricio Macri en 2018 dispuso su traslado a los tribunales ubicados en Retiro. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi transitaban una situación similar en la Cámara Federal.
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La decisión que anuló esos traslados estuvo fundada en la falta de acuerdo por parte del Senado de la Nación, y rápidamente se judicializó con pedidos de nulidad que escalaron hasta la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Castelli, el máximo tribunal rechazó su planteo y dispuso su regreso al TOF 3 en lugar del TOF 7 de Comodoro Py. Lo hizo aplicando la misma solución que había dado para Bruglia y Bertuzzi: los traslados no son permanentes sino que duran hasta que se cubre la vacante mediante el procedimiento constitucional, con lo cual los jueces trasladados deberán permanecer en su cargo actual hasta que se cumpla el proceso de designación de un nuevo magistrado.
En ese marco, y agotada la instancia ante el sistema judicial argentino, Castelli se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para radicar contra el Estado argentino una denuncia “por su eficaces ataques a la garantía de la estabilidad en la magistratura como presupuesto de la independencia, a pesar de regir en el país el sistema republicano democrático”.
La presentación consta de 114 páginas y tiene entre sus petitorios la solicitud de que la Comisión “oportunamente declare que el Estado argentino violó los derechos consagrados en los arts. 1, 8.1, 9, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y que “recomiende hacer cesar inmediatamente las violaciones (...) de las cuales he sido víctima y que tienen incidencia directa en las instituciones republicanas y democráticas”.
Según su posición, la revisión de su nombramiento por parte del Consejo de la Magistratura en 2020 derivó en “mi ilegal destitución” y en una situación “institucionalmente escandalosa” que “exhibe la franca violación” a los derechos relacionados con la estabilidad de la magistratura. En ese sentido, le pidió a la Comisión Interamericana que “recomiende” al Estado argentino que “se otorgue carácter definitivo” a su cargo en el TOF 7, y haga lo mismo respecto al “colectivo de jueces y juezas trasladados/as” que se encuentra en la misma circunstancia.
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