Condenaron por contrabando de marihuana a un jefe de Prefectura felicitado por su trabajo contra el narcotráfico

El ex jefe de Operaciones de Frontera de la delegación Corrientes de la Prefectura Naval Raúl Gastón Fontana fue condenado hoy a cuatro años de prisión por formar parte de una organización que traía marihuana desde Paraguay por el río Paraná. La decisión fue tomada hoy por el Tribunal Oral Federal de Corrientes ante la acusación del fiscal Carlos Schaefer, que había pedido una pena de 12 años de prisión para Fontana.

Lo particular del caso es que hace tres años Fontana había sido felicitado por su trabajo contra el narcotráfico por la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic. “Estamos recorriendo la zona y ahora nos interesa particularmente esta unidad de Prefectura porque hizo un procedimiento muy exitoso en la costa del río y queremos conversar con la gente sobre el operativo que terminó con la incautación de casi una tonelada de marihuana”, dijo Frederic el 21 de enero de 2020 en Itá Ibaté, donde Fontana era el jefe de Operaciones.

Unos meses después -en septiembre de 2020- se inició la causa penal contra Fontana. Fue tras una presentación de la Sección Investigaciones Antidrogas Ituzaingó de la Gendarmería Nacional que dio cuenta de actividades relacionadas al narcotráfico en la localidad correntina de Paraje Yahapé.

Una de las medidas que se tomó en la causa fue la intervención de teléfonos. Allí se detectó que cómo se coordinaba la venta de marihuana que venía de Paraguay para que personal de Prefectura Naval Argentina llegue al lugar, incaute la droga y detenga a los compradores. Pero también que se comercialice parte de la droga secuestrada.

La causa determinó que Aníbal Torres era el encargado de hacer ingresar la droga a Corrientes a través del río Paraná. Torres entraba la droga mediante embarcaciones, la acopiaba y le informaba a Fontana sobre los compradores. Todo sin control judicial. La acusación señaló que Torres “obtenía información sobre los futuros cruce de embarcaciones; haciendo la puesta de la mercadería en suelo argentino, entregando la misma a los compradores, para luego entrar en función Fontana realizando los procedimientos”.

En la elevación a juicio del caso se detalló que Fontana “planificaba, coordinaba y ejecutaba las acciones para el ingreso del estupefaciente, brindando como parte de la logística los medios para efectivizar el traslado de la droga”. El ex jefe de Prefectura se valió de “los medios para liberar la zona por donde Torres se movería con las embarcaciones e incluso, coordinaba con Torres - en los casos que sobraba parte del cargamento- para que se comercialice posteriormente”.

La justicia determinó esa maniobra en tres casos. Uno fue a principios de enero de 2021 cuando se incautaron 72,620 kilogramos de cannabis sativa y un vehículo Chevrolet Zafira y se detuvo a un hombre. Pocos días después- el 19 de enero- fueron detenidas tres personas y secuestró 2.067 kilogramos de marihuana, una camioneta Ford F-100 y un automóvil Chevrolet Vectra.

Por último, el 10 de mayo de 2021 se incautó una embarcación con 91,665 kilogramos de marihuana. Los propietarios se comunicaron con Fontana y le cuestionaron lo ocurrido -porque el procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia de Chaco- y el entonces jefe de Prefectura les dijo que la embarcación sería reemplazada en el depósito judicial de su fuerza por otra similar y que así se la iban a devolver.

“Fontana quien controlaba la puerta de ingreso de marihuana al país a través de los ríos. Y se valió de ello para traficar droga por medio de Torres, y así defraudar a toda la sociedad en su conjunto”, dijo el fiscal Schaefer en sus alegatos y pidió que el jefe de Prefectura sea condenado a 12 años de prisión e inhabilitación por 10 años por ser organizador en el transporte de estupefacientes agravado por la condición de funcionario público.

Los jueces del tribunal oral, Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Moreira, condenaron a Fontana a cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años por los delitos de confabulación y violación de los deberes de funcionario público. El próximo 10 de abril darán a conocer los fundamentos de su decisión. En tanto, Torres fue absuelto y el tribunal ordenó que se le abra una causa nueva por coacción.

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