Atentado a CFK: la jueza apura la elevación a juicio pero el fiscal apuesta a un último intento con el teléfono de Sabag

Tras el fallo de la Cámara Federal que instó a elevar a juicio la causa por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti giró un escrito al fiscal Carlos Rívolo en donde repasaba los términos de la resolución judicial con el fin de comenzar el proceso para que el caso vaya a debate oral. Sin embargo, Rívolo entendió que la etapa de investigación aún no está completa: se está haciendo el último intento para ver si puede recuperarse el contenido del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que le apuntó a la ex jefa de Estado con un arma en la cabeza.

“Se están produciendo y llevaron adelante numerosas diligencias y medidas de prueba que esta fiscalía consideró indispensables para el pronto avance y conclusión de la instrucción”, dijo Rívolo en un escrito presentado ayer a última hora al Juzgado. “Corresponde destacar que entre esas medidas esta parte solicitó realizar un nuevo peritaje sobre el teléfono celular secuestrado al imputado Fernando Andrés Sabad Montiel al momento de su detención instantes después de cometer el hecho por el que se encuentra procesado con prisión preventiva”, dijo Rívolo.

El fiscal afirmó que “no puede ignorarse la importancia que reviste poder acceder al contenido de este dispositivo en la etapa introductoria” y señaló que “tampoco que, dadas las condiciones particulares en que se encuentra ese teléfono celular, que podrían implicar su destrucción al intentar obtener sus registros”. “Por este motivo, dadas las razonables inquietudes planteadas por la querella al respecto se inició un proceso de búsqueda de una solución tecnológica que permita acceder al contenido de ese teléfono con el menor riesgo posible de tornarlo inutilizable para un eventual peritaje futuro”.

Según explicó, “esta medida se encuentra en pleno trámite”. El 2 de marzo el Ministerio Público pidió informes sobre cómo se haría el procedimiento y los riesgos que traería. “Sería una bala de plata. Si sale mal, ya no quedan posibilidades de poder recuperar lo que hay”, explicaron las fuentes consultadas. A criterio del Ministerio Público, espera esa respuesta antes de dar por cerrada esta etapa de la investigación.

Sin el pedido del fiscal o de la querella, la causa no puede ser enviada a juicio oral. La querella no quiere que el expediente sea enviado a juicio. Busca que se profundice la pista que apunta al diputado del PRO Gerardo Millman y hace unos días también pidió analizar el rol de la Policia de la Ciudad en los días previos del ataque. Cristina Kirchner está convencida que hubo autores intelectuales que ordenaron su asesinato. Por eso también denunció a la agrupación Revolución Federal, cuyos movimientos se analizan en un expediente aparte porque no se encontró relación directa que una a los lideres de esa organización política con Sabag, Uliarte y Carrizo.

El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaban, como desde el día en que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa vialidad, un nutrido grupo de militantes para saludarla. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de Cristina Kirchner ni ella misma se dieran cuenta de lo que había pasado.

Como se recordará, el Samsug SA A-505G que tenía en su poder Sabag Montiel el día de su detención quedó inaccesible la misma noche del ataque. Un experto enviado por la Policía Federal acudió en la madrugada a los tribunales de Comodoro Py a realizar la pericia del teléfono. Pero todo salió mal: el enviado de la PFA, que en rigor no sería uno de los más experimentados, no pudo obtener la información. En su maniobra bloqueó el teléfono. Eso recién se supo al día siguiente, cuando el equipo fue llevado a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según el acta de la PSA, a las 23 del viernes 2 de septiembre, un agente de Análisis Forense recibió de parte de personal de custodia de la jueza “un sobre abierto, sin planilla de cadena de custodia, el teléfono encendido con error de inicio, encontrándose las tarjetas SIM y de memoria extraídas del slot y adheridas en la parte posterior del equipo con cinta adhesiva”. Y habilitados a proceder, con el dispositivo UFED se logró forzar la secuencia de inicio del teléfono y ahí apareció la configuración original del móvil (es decir, de fábrica).

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La jueza ordenó una pericia a la Gendarmería Nacional para intentar saber quién tuvo la culpa de lo que pasó con el teléfono. El resultado no solo confirma la responsabilidad de la Policía Federal en la primera manipulación por haber bloqueado el teléfono sino que ahora salpica a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), responsable de haber dejado expuesto aquel primer tropiezo y de haber recuperado parte del material que había en el equipo. En ese peritaje se afirma que el reseteo a modo fábrica del celular ocurrió cuando el celular ya estaba en poder de la PSA, luego de haber recibido instrucciones de avanzar con el intento de la extracción de información.

El domingo 4 de septiembre desfilaron por el juzgado peritos de la PSA y de la Policía Federal para intentar explicar qué pasó. Un rato después se detuvo a Brenda Uliarte, en una intervención que también dejó cuestionamientos a los federales. La causa avanzó sin el contenido del teléfono de Sabag. Recién la PSA logró recuperar el 6 de octubre solo una parte de lo que había en el equipo: mensajes de Telegram, tres cuentas de Google y de ahí se tuvo acceso a la nube que contenía gran cantidad de archivos multimedia. Unos 50 gigas de datos de la “nube”.

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Fue ahí donde apareció una captura de pantalla en donde decía “matar a un presidente no es tarea sencilla” o la búsqueda en Google de la carta astral de Cristina Kirchner o el nombre del ex espía Antonio Horacio Stiuso, tal como reveló Infobae el 16 de octubre. Del WhatsApp solo se pudieron recuperar los mensajes del día del intento de homicidio: es que el teléfono estaba apagado al momento de ser secuestrado y Sabag Montiel no tenía activada la copia de seguridad que permite “levantar” conversaciones más antiguas.

Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de los llamados copitos, fue detenido en tribunales el 13 de septiembre luego de haber entregado voluntariamente su teléfono como testigo y convertido por sus mensajes en imputado. Los tres están presos con procesamientos confirmados.

El miércoles, la Cámara Federal urgió a los investigadores a elevar a juicio oral a los acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores materiales de la tentativa de homicidio agravado de la vicepresidenta, y de Nicolás Carrizo, el jefe de los copitos que fue procesado como un partícipe secundario del plan. Así lo se resolvió en un fallo firmado esta tarde, al que accedió Infobae, en donde se volvió a rechazar la prisión domiciliaria que había solicitado Carrizo y al que se oponía la ex presidenta.

“Instar a la jueza -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, escribieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. “Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”, escribió su colega Mariano Llorens.

En ese contexto, la jueza Capuchetti se notificó de la resolución, repasó los términos del fallo y afirmó: “siguiendo dichas directivas expresas, coincidiendo con el Superior, y encontrándose la causa delegada, hagase saber al Ministerio Público Fiscal dichos lineamientos respecto de la situación procesal de los tres imputados detenidos en autos, a sus efectos”. El fiscal le respondió que espera el resultado de las diligencias ordenadas y escribió que “de no compartir las medidas de prueba, sus plazos de producción en la presente o aún discrecionalmente, VS se encuentra facultada para reasumir la investigación”.

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