Migraciones ya no retiene más en Ezeiza a las embarazadas rusas que llegan a la Argentina

La decisión judicial de permitir el ingreso de cuatro embarazadas rusas, hace dos semanas, provocó un cambio en los controles que se realizan en el aeropuerto internacional Ezeiza. Desde entonces, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, no hubo mujeres retenidas, aunque la llegada de rusas con embarazos avanzados, incluso por encima de las 30 semanas, se repite casi todos los días. “No se puede convertir el aeropuerto internacional en una maternidad”, advirtió un funcionario que monitorea cada reporte desde Ezeiza.

El 10 de febrero, el juez federal Luis Armella, que subroga el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, con jurisdicción sobre el aeropuerto, habilitó el ingreso al país de las cuatro mujeres rusas embarazadas que presentaron habeas corpus tras haber quedado retenidas en el aeropuerto. El magistrado sostuvo que “fue correcto lo que hizo Migraciones en tanto que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista”. Sin embargo, el ingreso fue decidido “dado el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias”.

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Migraciones había comenzado a endurecer los controles en los casos más sospechosos tras un relevamiento que llevó más de seis meses. El boom de las embarazadas fue a partir de agosto. “Decidimos entrevistar a más de 350 mujeres para establecer un patrón porque entendíamos que podría haber trata de personas. Todas nos dijeron que venían a través de agencias”, explicó la directora de Migraciones, Florencia Carignano. Aunque se otorgaron decenas de residencias, en el Gobierno salieron a aclarar que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no emitió ningún pasaporte para ciudadanos rusos con carta de ciudadanía expedida por la justicia argentina a quienes ingresaron al país durante 2022 y lo que va de 2023.

El fenómeno también empujó una investigación judicial, a cargo de la juzgado de María Servini, sobre las organizaciones que traen a las embarazadas a parir en la Argentina. Ese expediente está bajo secreto de sumario, para que no se filtren las medidas de prueba. Aunque el foco está puesto sobre las agencias que lucran con la necesidad de las mujeres rusas, la Dirección de Migraciones pidió ser querellante para tener acceso al expediente, pudo saber este medio.

Si se acepta el planteo, Migraciones podrá conocer todos los detalles del caso (una vez levantado el secreto de sumario) y hasta promover medidas de investigación. Hasta ahora, Migraciones solo había contestado oficios del juzgado y luego mandó a uno de sus empleados para explicar las cuestiones administrativas sobre el proceso de radicación.

Al margen de esa causa, Migraciones hizo una denuncia penal para que se investigue los dichos de un abogado, Christian Rubilar, que asesora a las embarazadas rusas. “Pedimos que lo citen bajo juramento a ratificar sus dichos con pruebas”, se limitaron a decir en Migraciones. Es porque Rubilar había vinculado a funcionarios de Migraciones con las agencias involucradas. La presentación ya fue sorteada y le tocó al juzgado federal 9, a cargo de Luis Rodriguez, que ya anunció su jubilación.

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Una de las agencias investigadas, según reveló Infobae, pertenece a Elena Kuklina, quien nació en Ucrania pero tiene ciudadanía rusa. En el expediente ya se determinó que una gestora que trabaja para Kuklina presentó papeles falsos para conseguir que Migraciones extendiera la residencia permanente de varias rusas que tuvieron un hijo en la Argentina, un fenómeno que se disparó como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones a las que están sujetos los ciudadanos ruso.

La residencia permanente es un trámite imprescindible para, luego de una presentación judicial, conseguir la ciudadanía y el pasaporte argentinos.

Según informó el Gobierno, durante el año pasado llegaron más de 10.500 embarazadas rusas para parir. Pero más de 7.000 ya no están en Argentina. “Apenas 2400 hicieron el trámite de radicación. Hay un movimiento de rusos que va directo a la Justicia para tramitar el pasaporte, no les importa la ciudadanía para poder vivir”, detalló Carignano.

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