Por primera vez, un ex jefe militar de Honduras irá a juicio por atacar a la prensa

El general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exsecretario de Defensa durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, fue procesado el 1 de septiembre por una jueza que dictó auto de formal procesamiento en su contra y fijó la audiencia preliminar para el 14 de septiembre.

La fiscalía lo acusa de incitación a la discriminación y de limitar derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y de expresión, en un caso que organizaciones de derechos humanos consideran capaz de sentar precedente.

La defensa de Hernández, sin embargo, apeló la decisión el 4 de septiembre y pidió el sobreseimiento definitivo de la causa, con el argumento de que el tribunal excluyó de forma indebida dos peritajes y varios documentos presentados por su representación legal. Según un relevamiento de LatAm Journalism Review, el proceso es inédito por el rango del acusado y por el tipo de hechos investigados.

Las acusaciones se originaron en la confrontación entre las Fuerzas Armadas y periodistas

La secuencia que desembocó en el caso se remonta al ciclo electoral que terminó con la llegada de Nasry Asfura a la presidencia el 27 de enero de 2026. En noviembre de 2024, el Auditor Jurídico Militar presentó ante el Ministerio Público una denuncia para abrir procesos contra 12 medios de comunicación por presunta calumnia y difamación.

La tensión creció el 9 de marzo de 2025, durante las elecciones primarias. Thelma Mejía, periodista hondureña y directiva de la Red Centroamericana de Periodistas, dijo a LatAm Journalism Review que ese día marcó un aumento de la hostilidad hacia la prensa, en medio de retrasos que afectaron al 72% de los centros de votación por demoras en la entrega de material electoral custodiado por las Fuerzas Armadas. P

eriodistas pidieron explicaciones e incluso reclamaron una investigación del Ministerio Público sobre ese episodio, algo que —según le dijo Mejía a ese medio— provocó el malestar de Hernández.

El 26 de mayo de 2025, la publicación oficial militar “FF.AA. Digital” difundió en portada y páginas interiores acusaciones contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra bajo el título “sicarios de la verdad”. Allí se les atribuyó la difusión de información falsa, algo que los denunciantes interpretaron como estigmatización, incitación al odio y difamación.

El requerimiento fiscal también incorporó publicaciones en redes sociales con esas mismas acusaciones, a las que se sumó un señalamiento público de Hernández contra el periodista José Adán López, a quien vinculó con el crimen organizado.

La fiscalía añadió además la aparición de mantas en distintos puntos de Tegucigalpa con fotografías de periodistas y la frase “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”. Quienes se adjudicaron esas pancartas se identificaron como Movimiento Popular Hondureño y no establecieron un nexo con las Fuerzas Armadas.

El caso llega en un contexto de aumento de agresiones contra la prensa

Un informe reciente de C-Libre registró un alza de 19,6% en las agresiones contra prensa y personas defensoras en el contexto electoral hondureño. Ese reporte señaló como principal agresor al aparato estatal: 49% de los ataques provinieron de las Fuerzas Armadas, 22,8% de funcionarios del gobierno de Castro y 17% de la Policía Nacional.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también incluyó en su informe anual de 2025 actuaciones de las Fuerzas Armadas que coinciden con los hechos descritos en el requerimiento fiscal. La oficina advirtió: “En un contexto de progresivo deterioro del debate público y de la libertad de expresión en Honduras, esta Oficina también expresa su alarma por los múltiples reportes de estigmatización e intimidación dirigidos contra la prensa por miembros de las Fuerzas Armadas”.

La relatoría agregó que esas acciones se expresaron “tanto en discursos públicos emitidos por su alta cúpula como en la activación y amenaza de procesos penales, que parecen orientados a intimidar y silenciar a periodistas que investigan las actuaciones de esta institución”.

Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), dijo a LatAm Journalism Review que el expediente no habría avanzado sin la presión sostenida de periodistas y organizaciones: “Tuvimos que hacer incidencia permanente y fuerte por tres semanas antes de que libraran el requerimiento fiscal. Con nuestras investigaciones logramos saber que tenían engavetado el requerimiento a pesar que ya estaba listo y denunciamos posibles pactos oscuros bajo la mesa. Así los presionamos con reiteradas comparecencias públicas”.

Meza calificó el expediente como “un caso emblemático e histórico” y afirmó que el trabajo de Asopodehu y de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos fue decisivo para que la fiscalía hiciera pública la investigación.

Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), le dijo a LatAm Journalism Review que la presentación del caso en noviembre de 2025, poco antes del cambio de gobierno, puede alimentar dudas sobre motivaciones políticas.

Aun así, sostuvo que la causa puede convertirse en un “parteaguas” para sancionar actos de coerción contra periodistas: “Puede servir de antecedente jurídico y de jurisprudencia sobre qué hacer en relación con algunas acciones que puedan significar coerción o coartar la libertad de expresión”. También afirmó que podría alentar nuevas denuncias en un país donde, según sus palabras, persiste una alta impunidad en los delitos contra periodistas.

Para Mejía, en declaraciones al mismo medio, el proceso también puede funcionar como límite ante futuras tensiones con la nueva administración. “Creemos que en este gobierno probablemente no se va a vivir la confrontación con los medios tan fuerte como el pasado”, dijo. “Pero eso no significa que no se vaya a dar, sino que creo que serán más estratégicos y más inteligentes en cuanto a las formas en que ellos van a tratar de controlar la opinión”.