
Honduras prepara una estrategia interinstitucional para recibir a los connacionales que regresen al país, en medio de la incertidumbre migratoria y de denuncias sobre hondureños que estarían siendo trasladados a terceros países bajo acuerdos migratorios. La situación también alcanzaría a personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), según defensores de derechos de los migrantes.
La directora de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Flavia Zamora, informó que el Gobierno trabaja en mecanismos para recibir y atender a los hondureños que regresen al territorio nacional, independientemente de las circunstancias que hayan provocado su retorno.
Uno de los principales mecanismos para articular esta respuesta es el Consejo Nacional de Protección al Migrante, establecido en la Ley de Protección al Hondureño Migrante. En esta instancia participan alrededor de 20 instituciones estatales, además de representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.
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De acuerdo con Zamora, la participación de diferentes actores permite definir una ruta de trabajo para atender las necesidades de las personas retornadas y coordinar acciones relacionadas con su recepción, orientación y reintegración.
Coordinación para el retorno
A este esfuerzo se suma la aplicación de la Ley de Facilitación del Retorno y Protección de los Bienes de las Personas, proceso en el que la Cancillería trabaja junto con la Administración Aduanera de Honduras, el Congreso Nacional, la empresa privada y otras instituciones públicas.
La funcionaria señaló que uno de los objetivos es establecer procedimientos claros que permitan facilitar el retorno de los compatriotas y atender aspectos relacionados con sus pertenencias y otras necesidades derivadas de su regreso al país.
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Mientras Honduras prepara esta respuesta, también persiste la preocupación por los compatriotas que permanecen en el extranjero en situación migratoria irregular. Zamora reconoció que el temor a ser detenidos o enfrentar consecuencias migratorias puede hacer que algunos hondureños eviten acercarse a las autoridades o buscar asistencia.
Ante estas circunstancias, la funcionaria instó a los connacionales a acudir a las representaciones consulares de Honduras, donde pueden recibir orientación y asesoría legal de acuerdo con las particularidades de cada caso.
“Cada caso es particular y cada caso puede tener opciones diferentes”, explicó Zamora, al señalar que existen situaciones en las que los migrantes podrían contar con alternativas para iniciar procesos de regularización, dependiendo de sus condiciones y antecedentes migratorios.
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Denuncias sobre traslados a terceros países
Por otra parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron la situación de hondureños que estarían siendo enviados a El Salvador bajo el programa denominado Tercero Seguro.
La defensora de los derechos de los migrantes Itsmania Platero denunció que algunos compatriotas trasladados bajo este mecanismo estarían permaneciendo en instalaciones destinadas a personas privadas de libertad. Según sus declaraciones, entre los hondureños enviados se encontrarían personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal.
Platero señaló que varios migrantes habrían sido trasladados a diferentes centros de El Salvador y mencionó específicamente el denominado Alcatraz de los Caimanes, donde, de acuerdo con sus reportes, permanecerían aproximadamente 50 hondureños. También afirmó que otros compatriotas habrían sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
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A las denuncias se sumaron llamados para que el Estado hondureño fortalezca su seguimiento a los connacionales que sean trasladados desde Estados Unidos hacia terceros países. La analista en migración Marcela Caro hizo un llamado público al presidente de Honduras, Tito Asfura, para que las autoridades hondureñas mantengan información y seguimiento sobre estos casos.
Caro sostuvo que, cuando un ciudadano hondureño es trasladado a un tercer país, las autoridades consulares deberían conocer su situación, establecer comunicación con el afectado y mantener documentación y seguimiento sobre su caso.
Mientras las denuncias son planteadas por organizaciones y especialistas, la Cancillería mantiene como prioridad la preparación de mecanismos para atender a los hondureños que eventualmente regresen al país. La institución sostiene que la coordinación entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil permitirá establecer una respuesta integral ante las necesidades que puedan surgir.
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Advierten de estafas
La Cancillería también emitió una alerta por posibles estafas dirigidas a hondureños que necesitan asistencia migratoria. Según Zamora, personas inescrupulosas estarían aprovechándose de la preocupación de los migrantes y sus familiares para ofrecer supuestos servicios jurídicos o anunciar actividades consulares sin respaldo oficial.
Uno de los casos que genera preocupación son los anuncios relacionados con consulados móviles. La funcionaria aclaró que actualmente la Cancillería no desarrolla este tipo de jornadas y pidió a los compatriotas verificar cualquier información antes de entregar dinero o datos personales.
Para facilitar la comunicación y reducir el riesgo de que los hondureños recurran a intermediarios, la Secretaría de Relaciones Exteriores habilitó diez líneas telefónicas a través de las cuales se puede solicitar información.
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