
La audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado entró en su etapa decisiva, luego de que el Ministerio Público y la defensa presentaran sus conclusiones ante el juez que conoce el proceso por lavado de activos y fraude.
El magistrado definirá el 1 de septiembre si dicta auto de formal procesamiento o sobresee de forma definitiva al exmandatario.
Durante su intervención final, la Fiscalía mantuvo los cargos formulados contra el exmandatario y pidió al tribunal que dicte auto de formal procesamiento, acompañado de la medida cautelar de prisión preventiva.
El planteamiento del ente acusador se fundamentó en los elementos de prueba presentados y evacuados durante la audiencia inicial.
Según la Fiscalía, esos medios probatorios permitirían establecer indicios de participación de Hernández en los hechos que dieron origen a la acusación. La etapa de conclusiones permitió a ambas partes exponer ante el juez su valoración sobre las pruebas incorporadas al expediente y explicar por qué consideran que debe continuar o concluir el proceso penal.
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Cuestionan las imputaciones
La representación legal de Hernández presentó una posición distinta. Los abogados solicitaron al juez que dicte sobreseimiento definitivo, con lo que el proceso quedaría cerrado a favor del expresidente.

El argumento central de la defensa está relacionado con las atribuciones de los órganos del Estado y con las decisiones vinculadas al manejo y movimiento del presupuesto público que son objeto de cuestionamiento en el caso.
Los abogados sostienen que las actuaciones señaladas por el Ministerio Público correspondían al Poder Ejecutivo y no al Legislativo. La defensa puso especial énfasis en este punto debido a que Hernández ocupaba entonces la presidencia del Congreso Nacional, antes de asumir posteriormente la Presidencia de la República.
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Desde esa perspectiva, la defensa busca demostrar que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por las actuaciones investigadas y que, por tanto, el proceso debería terminar en esta etapa.
Con las conclusiones de las partes finalizadas, el proceso entró ahora en una etapa de espera. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, confirmó que el juez especializado en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción convocó a las partes para el martes 1 de septiembre a la 1:30 de la tarde. En esa audiencia se conocerá la resolución judicial que determinará el rumbo del expediente.
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Las dos salidas posibles del caso
El juez deberá valorar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa, así como los elementos probatorios examinados durante la audiencia inicial.
A partir de esa valoración determinará si existen suficientes indicios para dictar auto de formal procesamiento y permitir que la causa avance a una siguiente etapa.
La otra posibilidad es que el tribunal acoja la petición de la defensa y decrete el sobreseimiento definitivo, lo que pondría fin al proceso penal en contra de Hernández por los delitos incluidos en esta acusación.

La resolución del próximo martes será la que establezca si el caso continúa su recorrido dentro del sistema de justicia hondureño. El auto de formal procesamiento implicaría que el juez considera que existen elementos suficientes para mantener abierta la causa y avanzar con las siguientes fases del procedimiento.
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En cambio, un sobreseimiento definitivo tendría un efecto distinto, ya que significaría el cierre del proceso respecto de los hechos y delitos analizados en esta etapa.
La audiencia inicial concluyó con las posiciones claramente enfrentadas: mientras el Ministerio Público considera que las pruebas permiten sostener la acusación y reclama prisión preventiva, la defensa afirma que los elementos presentados no permiten establecer responsabilidad penal y solicita el cierre definitivo del caso.
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