La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras expresó recientemente su preocupación por un operativo de la Policía Nacional en la comunidad garífuna de San Juan, en el litoral atlántico, que terminó con la captura de cuatro jóvenes de esa localidad.
La institución pidió a las autoridades de seguridad que las acciones policiales en comunidades indígenas y afrodescendientes se ejecuten con criterios que reduzcan los riesgos para la población y garanticen el respeto de los derechos fundamentales.
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También exhortó a las autoridades competentes a priorizar mecanismos que favorezcan el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas ante los conflictos que puedan surgir en estos territorios.
Pedido de diálogo y respeto
La Secretaría sostuvo que cualquier intervención estatal debe orientarse a proteger la integridad de las personas y desarrollarse en un ambiente de respeto hacia las comunidades involucradas, para evitar situaciones que generen mayores tensiones.
La dependencia gubernamental enfatizó que las medidas encaminadas a preservar el orden público deben ser compatibles con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En el comunicado, reiteró que toda actuación de las instituciones públicas debe sujetarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, no discriminación y respeto irrestricto a los derechos humanos.
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Añadió que las acciones de las fuerzas de seguridad solo pueden justificarse cuando se ajusten al marco legal y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, y cuando procuren salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas involucradas.
La referencia a la Corte IDH
Así mismo hizo incapie que la situación de la comunidad garífuna de San Juan está vinculada con una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la institución, ese fallo establece compromisos específicos para Honduras en relación con la protección de los derechos territoriales y colectivos de las comunidades garífunas, por lo que las actuaciones de las autoridades deben considerar esas obligaciones internacionales.
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El pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos se produjo después de que trascendiera la detención de cuatro jóvenes garífunas durante el operativo policial en la comunidad de San Juan.
El hecho fue denunciado públicamente por dirigentes de organizaciones garífunas, quienes expresaron preocupación por la forma en que se desarrolló la intervención de los agentes.
Antencedentes del conflicto
El conflicto en la comunidad garífuna de San Juan se remonta a varios años atrás y tiene como eje central la disputa por la tenencia y el uso del territorio ancestral. Habitantes de la comunidad sostienen que parte de sus tierras han sido ocupadas por terceros, mientras que procesos judiciales y administrativos han derivado en órdenes de desalojo que han incrementado la tensión entre pobladores y autoridades.
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Organizaciones garífunas han denunciado de manera reiterada que estos procedimientos afectan los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes y han solicitado al Estado suspender cualquier acción que pueda poner en riesgo a sus habitantes hasta que se garantice el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En 2023, el tribunal internacional emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad del Estado de Honduras por la violación de derechos territoriales de las comunidades garífunas de San Juan, Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, ordenando una serie de medidas orientadas a garantizar la restitución de tierras, la protección del territorio ancestral y la adopción de mecanismos para evitar nuevos hechos que vulneren los derechos de estas poblaciones.
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Desde entonces, las comunidades han insistido en que cualquier intervención estatal debe estar alineada con lo dispuesto por esa resolución.
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